El caso mascarillas: la corrupción que anidó en el origen del Ejecutivo

El primer Ejecutivo constituido por Sánchez está manchado por la corrupción. Así lo acredita el Tribunal Supremo con la condena a su exministro —de Fomento primero, de Transportes después— José Luis Ábalos a 24 años de cárcel. También a su exasesor Koldo García Izaguirre, a otros 19, ambos por los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación por el caso mascarillas.

Aun dando sus últimos coletazos en los juzgados —con la imputación de Joseba García, hermano de Koldo, y Jéssica Rodríguez, la que fuera pareja sentimental del exministro— el Alto Tribunal considera acreditado que ambos, junto con el empresario Víctor de Aldama «constituyeron una organización» en la que se aprovecharon del cargo de Ábalos. Así, según los magistrados, buscaron favorecer la contratación con la Administración Pública de mercantiles promovidas por Aldama y el «acceso preferente» de este «a cambio del correspondiente beneficio económico».

El inicio de la trama se remonta a junio de 2018 —con la llegada de Ábalos al Consejo de Ministros—. Tanto el juez Leopoldo Puente, instructor de la causa, como los magistrados que dictaron la sentencia, mencionan que desde el principio se estableció un «pacto» y un «concierto de voluntades»: una «remuneración mensual, para atender los gastos fijos de Ábalos, a la que se sumarían otras cantidades».

Pagos mensuales en metálico

El Supremo dictaminó que las entregas de dinero en metálico que el comisionista había coordinado para Koldo, las cuales alcanzaban los 10.000 euros mensuales y se prolongaron desde octubre de 2019 hasta junio de 2022, causaron «el efecto más grave» de las conductas castigadas, «el deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político, al quebrar la expectativa de que el poder democrático se ejerce en beneficio del conjunto de la ciudadanía».

La instrucción recogía que, en alguna ocasión «en la que, por carecer en ese momento de dinero en metálico el Sr. de Aldama no podía efectuarlos en España, se convino que los pagos se realizaran en la República Dominicana». El empresario disponía en el país caribeño de la liquidez necesaria para sostener las prebendas destinadas al asesor del entonces ministro, «a cuyo fin se desplazaba a dicho país para recoger el dinero en nombre de don Koldo García una tercera persona que no resulta investigada en la presente causa especial». Los indicios recabados confirman que dicho emisario viajó a la isla «al menos, en las siguientes dos ocasiones: del 31 de octubre al 4 de noviembre de 2021 y del 13 al 16 de diciembre de ese mismo año».

Los fondos en efectivo procedían de los negocios de Aldama, concretamente «en una de sus empresas, debido al pago que los turistas realizaban así de determinadas pruebas para la detección del Covid-19, siendo que, con el fin de que pudieran recoger el dinero allí, en varias ocasiones se desplazó hacia dicho país caribeño un hermano del Sr. García Izaguirre».

En paralelo, el instructor del alto tribunal subraya la anomalía financiera que experimentó José Luis Ábalos coincidiendo con su etapa al frente del Ministerio de Transportes, periodo en el que incrementó «sensiblemente los ingresos que se hacían en metálico en sus cuentas (así, en el período de 2018 a 2022 los realizados, 4.5280 euros, representan el 75,13 % de los que efectuó entre los años 2014 a 2024); mientras que, en cambio, desaparecieron por completo los egresos de sus cuentas bancarias que, también en metálico, se efectuaron entre los años 2018 a 2023, mientras el resto de sus gastos permanecían constantes».

Aldama conoció a Koldo a través del hermano del empresario, que ejercía como escolta del ministro de Transportes, para después conocer a Ábalos. El empresario y principal comisionista de la trama acompañó a Ábalos y a Koldo a un viaje a México, siendo Aldama el encargado de organizar un encuentro entre el dirigente socialista y el Senado del país hispanoamericano.

«Una sociedad que percibe que quienes ocupan posiciones de poder actúan guiados por intereses privados, o ajenos al servicio público para obtener un beneficio, experimenta una pérdida de legitimidad institucional, que compromete la estabilidad del propio sistema», señala la sentencia del Supremo.

Los pisos de Castellana y Jéssica

Constituida la sociedad, el titular de la cartera de Transportes gestionó la adquisición de la compra de mascarillas durante la pandemia a través de entidades dependientes del Ministerio de Transportes, tales como Adif o Puertos del Estado. A cambio, recibieron una «indebida compensación económica» por parte de Aldama. El empresario, para abonarse las comisiones ilegales derivadas de las gestiones realizadas, concertó en abril de 2019 un contrato de arrendamiento con opción de compra de un piso para Ábalos. Ubicado en el Paseo de la Castellana en Madrid y propiedad del comisionista, Ábalos nunca llegó a ocupar el inmueble ni tampoco pagó su precio de compra, 750.000 euros, «muy inferior al real de mercado» —según la instrucción—.

En busca de continuar con el trato preferencial, Aldama se hizo cargo de una serie de gastos, como el pago del piso en Plaza de España (Madrid) de Jéssica, a quien Ábalos enchufó en las entidades públicas Ineco y Tragsatec. La cantidad —una renta mensual de 2.700 euros que llegó hasta un total de 82.248,40— fue abonada por el socio del empresario Alberto Escolano.

Contraprestaciones por otras tramas

La instauración de esta sociedad coincidió en el tiempo con que Aldama ostentaba el cargo de asesor de Air Europa. Otra de las cuestiones que han quedado acreditadas para el Supremo es que Ábalos habría obtenido el uso gratuito de un chalet de vacaciones en Marbella y La Línea de la Concepción (Cádiz). A cambio de la publicación de una nota de prensa sobre el rescate de la compañía aérea el 8 de agosto de 2020, en la que se mostraba partidario de la operación. Asimismo, expresó el progreso de las gestiones para que Air Europa obtuviese la financiación.

La renta del chalet de Marbella —entre el 12 y el 23 de agosto de 2020— era de 8.900 euros, aunque habría sido formalizada por la esposa de Koldo y el propio asesor ministerial. El Alto Tribunal considera que el dinero procedía de Aldama. No fueron las únicas «gestiones» atribuidas a Ábalos. El auto de procedimiento abreviado enumeraba otras en favor de la empresa de hidrocarburos Villafuel, en el centro de otra presunta trama corrupta para el fraude de IVA, por las que a cambio disfrutó del chalet «La Alcaidesa», ubicado en la costa de Cádiz.

Últimos movimientos penales

Las imputaciones de Jéssica y Joseba no han sido las únicas decisiones tras la condena del exministro y su asesor. El pasado 22 de julio, el Tribunal Supremo levantaba las medidas cautelares impuestas a Aldama: la retirada del pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias quincenales.

Aunque aún pesan sobre él las medidas del caso hidrocarburos, el empresario fue condenado a cuatro años de prisión por delitos de organización criminal y cohecho, aunque no se le aplicó la pena por la atenuante de colaboración muy cualificada debido a su «aportación realizada al descubrimiento de los delitos».

Por otro lado, el juez que investiga el caso en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, reclamaba la información financiera del sucesor de Ábalos en el organigrama del PSOE, Santos Cerdán, después de que lo solicitase la UCO. La Guardia Civil sospechaba que él y sus familiares se habrían beneficiado de fondos de la presunta trama. La petición, que fue considerada «procedente» por la Fiscalía Anticorrupción, pretendía «completar el estudio financiero» del exdiputado, información financiera de su esposa Francisca Muñoz, de su hija Alba Cerdán, su hermana María Belén Cerdán y su cuñado Antonio Muñoz, «quienes también se habrían beneficiado de fondos provenientes de Servinabar».

El magistrado también reclamaba a la Agencia Tributaria una «copia completa de los expedientes» de varias empresas «por los impuestos devengados en los ejercicios fiscales 2021, 2022 y 2023». Con esta actuación pretende indagar en las presuntas irregularidades «en la adjudicación de contratos de obra pública en el seno del Ministerio de Transportes y Agenda Urbana». En el auto, el magistrado citaba, entre otras, a las mercantiles Acciona, especialmente a través de su filial Acciona Construcción, Levantina Ingeniería y Construcción y Regadíos.