Mordidas y andanzas de «Supersantos» Cerdán y el trío Hirurok: «el Gipuchi», la Fontanera y el expresidente de la SEPI​

—Mira, por Dios, consigue que Santos me reciba cinco minutos, y te consigo cuatrocientos mil euros. Pero en un mes. Que sé cómo hacerlo… Se va a reír de su puta madre. Llevo detrás de él un año para que me reciba. Y el que le dijo al jefe, al boss… que yo estaba por la Fiscalía fue Santos, le dice Koldo García Izaguirre a José Luis Ábalos, actualmente ambos condenados a más de 43 años de prisión por el caso Mascarillas.

—Yo creo que también. Pero cuando… él te acuerdas que en un Comité Federal…

—Jefe, consigue que me vea cinco minutos Santos, necesitamos eso. Y él está capacitado, porque Óscar (Puente) le escucha. Conseguimos dos putas obras y que le follen, insiste Koldo.

—Sí, sí, pero tiene que estar todas identificadas… no esperar otra vez, le replica.

—Sí, cuatrocientos cincuenta mil euros que te debe. Y a mí me debe ciento treinta más otros cien, cinco mil quinientos, o sea que imagínate. Y el hijo de puta de Santos se ha quedado con dinero que lo ha hecho delante de mí… Me ha utilizado durante quince años y no me ha dado nada, se queja Koldo.

Es el 23 de noviembre de 2023, Ábalos y Koldo se reúnen en una cafetería a las 13:22 del mediodía. Podría ser la secuencia inicial de unos mafiosos de poca monta si el primero no hubiera sido el ministro de Fomento del Gobierno de Pedro Sánchez, y el segundo su asesor personal.

Óscar Puente a Santos Cerdán «le escucha y le hace caso»

La conversación forma parte del contenido del «Audio 7» grabado por Koldo y analizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el informe que provoca la dimisión de Santos Cerdán como secretario de Organización del PSOE. Por mucho que Santos reniegue de los audios, es uno de los protagonistas. El hombre, según la UCO, que se encarga presuntamente de gestionar el monto y los pagos como contraprestación por obras públicas adjudicadas en favor de Acciona junto a Servinabar, la sociedad del empresario vasco Joseba Antxón Alonso Egurola que beneficia a Cerdán y su entorno con más de 344.000 euros.

El audio menciona asimismo que Cerdán habría intentado nombrar a dos personas de Acciona en el Ministerio de Transportes bajo la gestión de Óscar Puente, ministro que «le escucha y le hace caso», y que podría conseguir un par de obras para sacarle una comisión.

Antes de un mes, Koldo consigue reunirse con su anterior jefe, del que guarda «todas las barbaridades», entre las que habría hecho «cosas mucho más graves». Después de casi un año y medio sin cogerle el teléfono, le pide ayuda económica y que Cerdán le «llegue» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque lleva dos años y tres meses «escondido en una puta esquina» e hizo «todo lo que me han pedido, incluso a él, porque él me pidió unas cosas a través de José. Las hice y he desaparecido».

La corrupción que se inicia en Navarra

Esta es la punta del iceberg para desgranar una operativa de años de presuntas adjudicaciones fraudulentas a cambio de mordidas en la que el orden de los personajes no altera el resultado: pura corrupción.

Tres años antes de que llegue Ábalos al Ministerio de Fomento en el primer Gobierno de Sánchez, un secundario con mucho peso en esta historia, Antxón Alonso, conocido como «el Guipuchi», crea una cooperativa, Noran Coop, en el 2015 después de las elecciones municipales, junto a Koldo García, que ese año no continúa como concejal de Huarte por el Partido Socialista Navarro (PSN). Por entonces, Santos Cerdán es el secretario de Organización autonómico y diputado por Navarra (tampoco hay que olvidar que antes, en las primarias de 2014, ya le ayuda Koldo a introducir «dos papeletas» a favor de Sánchez).

Ese 2015 se constituye la primera UTE entre Acciona Construcción y Servinabar, tan solo dos meses después de haberse fundado esta última, que funciona como una subcontrata de sus servicios. Entre ellos, los trabajos para Geoalcali relacionados con el proyecto de Mina Muga, que habría generado un importante beneficio para Servinabar —299.259 euros—, y por el que se habría canalizado a través del bar Franky, en Pamplona, donde Koldo es un cliente asiduo, un «método de compensación de facturas falsas a nombre de Acciona».

La nueva sociedad tendría una estrecha vinculación con Santos Cerdán. Y aunque lo niegue, las evidencias recopiladas por la UCO le señalan. No solo por el contrato encontrado en el domicilio en Elorrio del Guipuchi, conocido también como Antton, por el que controlaría el 45 % de participaciones de Servinabar, sino porque tras firmarse el contrato entre Acciona y Servinabar, se intercambian los logos de las empresas y Cerdán le pregunta a Alonso si es «bueno que se vea ya», a lo que este le responde afirmativamente porque así le darían dimensión a la empresa.

En el año 2017, la sociedad mercantil es contratada junto a la UTE Acciona para la construcción de una mina en Sangüesa y la adecuación de un pabellón deportivo en Pamplona, el Navarra Arena, donde el empresario guipuzcoano mantiene un palco de autoridades. Es cuando Koldo apunta, entre los temas a tratar con Antxón, «si consigo obras cuanto se me paga por conseguir y cómo se me paga».

Ábalos «habría cobrado, al menos, 620.000 euros» por adjudicaciones de Adif

Los sobresueldos en comisiones se incrementan cuando Ábalos se gana la cartera del Ministerio de Fomento tras la investidura de Sánchez después de la moción de censura. La UCO ha identificado cinco licitaciones otorgadas a Acciona Construcción, de la que el ministro «habría cobrado, al menos, 620.000 euros» por dos adjudicaciones de Adif en Murcia y por un inmueble.

Así, detrás de Ábalos está Koldo y Santos, pero asimismo la investigación destaca que se valía de otros cargos de su ministerio: la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera; el director general de Carreteras propuesto por Cerdán, Javier Herrero Lizano; o el director general de Biodiversidad, Javier Cachón de Mesa, mantenido en su cargo por una petición del PNV a Cerdán, que concede la Declaración de Impacto Ambiental favorable al primer proyecto conjunto entre Acciona y Servinabar, el de Mina Muga.

Para las adjudicaciones del Ministerio de Fomento con Acciona Construcción y Servinabar se ejecuta una operativa común. La firma de un acuerdo de colaboración con Antxón Alonso con Acciona para trabajar conjuntamente oportunidades de negocio como la construcción de una autovía en Logroño o las obras en el Puente Centenario de Sevilla, mientras se mantienen conversaciones de cómo van las licitaciones de Santos a Koldo, y de Koldo a Ábalos.

En concreto, nada más abrirse la oferta económica para el tramo Arrúbal-Navarrete, el director de Carreteras, Javier Herrero, envía un mensaje a Koldo: «Bingo!!! En Logroño», que enseguida le comunica a Cerdán: «Ya está en La Rioja hecho». Por esta licitación se firma un contrato de seguridad con Servinabar que ascendía a 2.028.267 euros, que «habría generado una contraprestación para Ábalos y su asesor».

Cerdán infiltrado a través de Koldo en Fomento

Es el mismo caso del Puente Centenario de Sevilla en el que presiona Santos Cerdán como traslada Koldo a Ábalos: «Obsesionado con Sevilla, con el puente… Toda la presión que está ejerciendo, me parece a mí que se juega, o el puesto, o se juega la luna». Incluso comentan que desde la dirección de Herrero, donde se emite la resolución favorable para las obras de emergencia, ha insistido mucho a Pedro Saura. Por esta licitación, Servinabar emite facturas a Acciona Construcción con «imprecisión en la definición de los conceptos», como «ayudas servicios varios obra», por un total de 171.916 euros. Además se contrata a una única persona que es precisamente el cuñado de Cerdán, Antonio Muñoz Cano.

Es también la misma operativa para la integración del ferrocarril en San Feliu de Llobregat. En esta licitación estaría involucrada Pardo de Vera, que informa a Koldo del resultado de la apertura económica a favor de Acciona Construcción, por el que Servinabar firma un contrato que genera de nuevo facturas con concepto genérico que ascienden a 724.639 euros.

Entra en acción la fontanera del PSOE y el expresidente de la SEPI

El martes 1 de junio de 2021, un mes largo antes de la caída de Ábalos en Fomento, Servinabar cambia su modus operandi al entrar en acción el grupo Hirurok, que forma Antxón Alonso, Leire Díez, que entonces es la directora de Comunicación de ENUSA, otra empresa participada de la SEPI, y su nuevo fichaje, Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI, contratado ese mes de junio en Servinabar, que antes gestiona en la sombra los rescates más polémicos aprobados por el Consejo de Ministros del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez. Entre ellos, uno que beneficia al grupo que opera bajo el nombre en euskera, Tubos Reunidos.

A través de la aplicación de mensajería segura Threema se mantienen informados y coordinados con el objetivo de valerse de la influencia dentro de la Administración y en partidos afines. Es la misma aplicación que usa Antton con Santos cada vez que se citan en Ferraz, para que no se pudiera identificar ni el móvil ni el correo electrónico del usuario en sus conversaciones. Alonso además puso al servicio de la trama de corrupción investigada por la UCO otras dos de sus sociedades limitadas para canalizar las posibles ganancias: Mediaciones Martínez y Next Generation Caliope Innova.

La presidenta de la SEPI da luz verde al rescate de Tubos Reunidos tras ser convocada en Moncloa

Vicente Fernández Guerrero mueve sus hilos dentro de la SEPI para acceder a información confidencial para presionar al «Gobierno central» a través del PNV de la mano del Guipuchi para que conceda 112,8 millones de euros de ayuda pública a la empresa alavesa. Y surte efecto cuando la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, obsesionada con las filtraciones, es convocada para el viernes 9 de julio de 2021 a las 11:00 de la mañana en Moncloa. Esa cita queda el rastro en un mensaje entre Vicente y su jefe Antton (justo al día siguiente, Sánchez liquida a Ábalos del Ministerio de Fomento). Cuatro días más tarde, se aprueba la operación de financiación a Tubos Reunidos por el que supuestamente se cobra una mordida a través de Mediaciones Martínez de 114.959 euros. Esta operativa, según el juez Santiago Pedraz, señala la existencia de «un patrón de actuación reiterado, coordinado y estructurado por parte de los investigados» en su asalto a distintos ámbitos del sector público.

El grupo Hirurok tiene claro que es por su influencia, como le dice Vicente a Antton: «Hablar tú en el PNV el martes y que el siguiente martes se apruebe no es casualidad. Lo debemos poner en valor». Sus interlocutores son Joseba Aurrekoetxea, responsable de Organización, y Andoni Ortuzar, entonces presidente del PNV, que ahora es consejero de Movistar +, presidida por el íntimo de José Luis Rodríguez Zapatero, Javier de Paz, que le ayuda a crear Análisis Relevante, la empresa que le sirve de tapadera para cobrar un porcentaje del rescate de Plus Ultra a través de Julito Martínez.

No es el único pago, el expresidente de la SEPI factura 40.000 euros tras una reunión celebrada en la sede del Partido Socialista, el 13 de noviembre de 2024, en el despacho de Santos Cerdán, en la que participan dos directivos de Tubos Reunidos junto a la fontanera del PSOE, Leire Díez —que pone su granito de arena con su intercambio de mensajes con Mikel Torres, vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, al que conoce de su etapa como alcalde de Portugalete por el PSE—.

De forma paralela, se retoma el contacto con Ortuzar y Aurrekoetxea del PNV a principios de 2025. Esta vez, para ayudar a la sociedad de Álava a quedarse con casi 10 millones de euros que tenía que haber depositado en la Cuenta de Amortizaciones y Seguros de la SEPI por la venta de un inmueble en Sestao para cumplir su contrato, según las diligencias de la UCO.

Tanto Vicente Fernández Guerrero como Belén Gualda, imputados en la trama SEPI, son personas de la máxima confianza de María Jesús Montero en la Junta de Andalucía. Ambos fueron seleccionados por la que se consideraba la mujer «más poderosa de la democracia» para dirigir el destino de las principales empresas públicas con instrucciones directas desde Moncloa.

Plusvalías de más de 6,8 millones de euros por Forestalia

Un día antes de que el Consejo Gestor de la SEPI apruebe el rescate de Tubos Reunidos, el Guipuchi cierra una reunión en Zaragoza en el domicilio de Fernando Samper, en esas fechas presidente del grupo Forestalia, al que se suma Cerdán, curiosamente también un día antes de ser nombrado secretario de Organización del PSOE.

De esta forma, las distintas tramas de corrupción se conectan unas otras con la misma facilidad que el grupo Hirurok realiza todo tipo de relaciones con una «finalidad lucrativa». En febrero de 2022, Vicente le recordó a Antton que «en el repaso» de temas «nos dejamos Forestalia», que les habían pedido que «ayudemos y empujemos». Si conseguían para sus proyectos la financiación del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIPP) de SEPIDES, dependiente de la SEPI, «vamos a éxito con ellos», y conseguirían 200.000 euros.

El siguiente movimiento se produce en abril de 2022, cuando se constituye Next Generation Caliope Innova con un capital social de 3.000 euros, sociedad ligada a Samper y adquirida un mes más tarde por Alonso, que según otras diligencias policiales podría haber funcionado como una sociedad instrumental para canalizar el pago de comisiones irregulares proveniente de empresas energéticas.

A su vez, con Next Generation, el empresario vasco se hace con el control de otras dos empresas que hasta mayo de 2022 habían estado integradas en el grupo Forestalia: Energías Renovables de Quirón y Energías Renovables de Satet, por las que abona 141.404 euros. Dos años y medio después, se habían construido dos plantas fotovoltaicas, Masía I y II, y Antxón vende ambas sociedades a una mercantil vinculada de nuevo al grupo Forestalia por más de 6,8 millones de euros. Entre medias, en enero de 2023, se aprueba la correspondiente ayuda por parte de Sepides (SEPI) a Arapaellet, filial del grupo energético aragonés, con el préstamo de 17,32 millones de euros para la construcción de una planta de pellets en una localidad de Palencia.

Todo empieza y termina en Navarra: el túnel de Belate

Desde Ferraz, Santos Cerdán sigue pendiente de Navarra, de su «singularidad» y de sus licitaciones, aunque asegure a María Caballero, senadora de UPN en la Comisión de Investigación del Senado que «no encontrará ni un mensaje ni una llamada ni una interlocución con nadie que haya hecho una contratación en Navarra. Ni una». Lo cierto es que justo en las fechas que negocia la moción de censura para desbancar a UPN de la alcaldía de Navarra, se adjudica la gran obra de la última década en la Comunidad Foral, el desdoblamiento del túnel de Belate por 76 millones de euros, a la UTE de Acciona, junto Excavaciones Fermín Oses y, cómo no, Servinabar. De nuevo la empresa que favorece al entorno de Santos Cerdán vinculada a su socio Antxon Alonso, que tiene en nómina a la pareja del número dos de María Chivite, Ramón Alzórriz, entre 2021 y 2024.

El propio Cerdán aparece en una imagen de la página web de la Comunidad Foral Navarra cuando se inicia la gestión de duplicar los túneles, en noviembre de 2019, después de propiciar el primer Gobierno de Chivite en agosto de ese año autorizado por Sánchez, junto a Javier Herrero, la persona que presiona para ficharle como director general de Carreteras y Pedro Saura, entonces secretario de Estado de Infraestructuras.

El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha incorporado las supuestas irregularidades en la contratación de las obras de duplicación de los túneles de Belate a la instrucción del caso Cerdán. Así deja al Gobierno de María Chivite sin excusa de que este contrato no está bajo la lupa judicial tras encomendarle a la UCO un nuevo informe sobre la licitación dependiente del Departamento de Cohesión Territorial dirigido por el tío segundo de la presidenta, Óscar Chivite.

De esta forma, el entramado de mordidas que se inicia con José Luis Ábalos cuando es ministro de Fomento, junto a su alter ego, Koldo García, y el nexo corruptor Víctor de Aldama, se extiende como una mancha de aceite en las tripas del Gobierno de Pedro Sánchez desde que su otra mano derecha, Santos Cerdán, inicia su carrera ascendente desde Navarra hasta llegar al corazón de Ferraz y del ministerio con más presupuesto. A su vez se asalta el poder económico de la SEPI y se utiliza los rescates públicos en ayudas dudosas como las concedidas a Plus Ultra, que investiga el papel de líder de una organización criminal del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, como el expresidente de la SEPI nombrado por María Jesús Montero junto a la fontanera del PSOE, Leire Díez, sin entrar todavía en el estercolero de las cloacas promovidas desde la sede socialista.