Policías explican cómo se ejecutan las expulsiones de inmigrantes, que solo se «agilizan» tras delinquir

A punto de cumplirse un mes de la entrada ilegal en Ceuta de más de 80.000 personas, la situación parece muy lejos de solucionarse. La tensión en Ceuta no para de acrecentarse y los miles de inmigrantes que todavía permanecen en territorio nacional no aparentan tener voluntad de regresar a Marruecos. Igualmente, la opción de que sean trasladados a la península tampoco se sitúa, hasta el momento, como una posibilidad, lo que desemboca en que la ciudad autónoma tenga que seguir lidiando con esta crisis sine die.

Desde el Gobierno se mantiene que en Ceuta se encuentran aproximadamente 5.000 inmigrantes ilegales de los que entraron los días 30 y 31 de julio, aunque el ministro Ángel Víctor Torres, al mismo tiempo que repite esta cifra, asegura que el número de entradas fue de 72.000 personas y que «70.000 abandonaron Ceuta en las 48 horas posteriores». Mientras tanto, desde el Gobierno local, la oposición y los sindicatos policiales y de la Guardia Civil se estima que los inmigrantes que siguen asentados en territorio nacional serían entre 8.000 y 12.000.

Independientemente de cuál sea la cifra que más se ajusta a la realidad, desde los sindicatos policiales auguran que, al ritmo actual, los trámites para poder forzar el regreso a su lugar de origen se podrían demorar «más de un año». Esta lentitud en los procedimientos de expulsión tiene una excepción: que el inmigrante ilegal sea detenido por cometer algún delito.

«Más de 100 expulsiones»

En su comparecencia en el Congreso de los Diputados el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha explicado que «cualquier comisión de un delito implica la petición a la autoridad judicial» de proceder a la expulsión de Ceuta del autor de los hechos. Esto es así porque, según ha justificado, se celebra un juicio rápido en el que la pena se conmuta por la deportación del inmigrante. Marlaska ha relatado que bajo la aplicación de esta disposición «más de 100 personas han sido ya expulsadas».

No obstante, fuentes de la Guardia Civil afirman en conversación con El Debate que estas devoluciones forzadas tienen varios inconvenientes. Aseguran que «por el momento Marruecos solo acepta a los nacionales suyos», por lo que las deportaciones de aquellos inmigrantes que no sean de nacionalidad marroquí requieren de una logística más compleja.

La conmutación de la pena por la expulsión solo se aplica en caso de que el autor sea condenado a más de un año de prisión, por lo que delitos leves no bastan para ordenar la expulsión del territorio nacional.

Agilizar los trámites

Desde Jupol, una de las dos asociaciones mayoritarias de la Policía Nacional, argumentan que los procedimientos de expulsión son «muy lentos», ya que requieren que los inmigrantes «sean filiados de uno en uno, realizar el trámite de manera individualizada» y que, «al no haber cometido delitos, no existe una justificación directa» para aprobar su expulsión inmediata.

Sin embargo, en el momento en que uno de estos inmigrantes es detenido, «se agiliza el trámite». Primero, «se realiza la filiación y se le envía a un juicio rápido» y, si el individuo resulta condenado, «se tramita la orden de expulsión que es autorizada por el juez». «En estos casos queda anulada cualquier petición de asilo», explican desde la asociación policial.

Agresión a los militares

Este ha sido el caso de 11 de los 12 detenidos por la agresión a cuatro militares reconocidos en Ceuta en la madrugada del pasado jueves. En este procedimiento, la Fiscalía y las defensas han llegado a un acuerdo para que se les imponga una pena de privación de libertad de dos años, que ha sido sustituida por la expulsión del territorio nacional, con la prohibición de regresar a España durante cinco años.

Desde el sindicato de la Guardia Civil Jucil se asegura que «se le da cumplimiento a la sentencia trasladando a los inmigrantes al punto fronterizo y se les entrega a las autoridades marroquíes». El duodécimo de los acusados se ha negado a aceptar el acuerdo con la Fiscalía argumentando que él no fue partícipe de ninguna agresión, por lo que su situación aún no se ha dirimido.