¿Silencia el Gobierno detenciones relacionadas con terrorismo mientras miles de personas siguen sin identificar en Ceuta?

Un hombre condenado por adoctrinamiento terrorista consiguió entrar irregularmente en Ceuta durante las llegadas masivas de los días 30 y 31 de julio. Había sido expulsado previamente de España y tenía prohibida la entrada en territorio nacional. La Guardia Civil consiguió localizarlo y fue devuelto de inmediato a Marruecos. El caso adquiere otra dimensión después de los acontecimientos de los últimos días.

En apenas 48 horas, 16 marroquíes han sido detenidos por dos ataques organizados contra patrullas militares. El primero terminó con cuatro soldados heridos y doce detenidos. Once reconocieron los hechos, fueron condenados a dos años de prisión y la pena fue sustituida por su expulsión de España. Otro permanece en prisión provisional. Un segundo ataque contra militares se saldó con un sargento herido y otros cuatro arrestados. A ellos se suman otros cuatro marroquíes condenados y expulsados tras un enfrentamiento en el que resultaron heridos tres guardias civiles. El riesgo, por tanto, ya no puede considerarse una simple hipótesis, máxime cuando, un mes después, quedan miles de personas sin identificar.

¿Orden de censura?

A esta situación se suma una información especialmente grave. El Pueblo de Ceuta sostiene, citando diversas fuentes vinculadas al caso, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad habrían recibido instrucciones de no informar a la prensa sobre personas que entraron irregularmente relacionadas con el terrorismo. El medio atribuye esas instrucciones a la Secretaría de Estado de Interior. Se desconoce cuál es la orden pública que permita comprobar su contenido, quién la dictó o en qué términos. Pero si esa instrucción existió, Interior debería explicarla inmediatamente.

En plena situación declarada de interés para la Seguridad Nacional, con miles de personas todavía pendientes de identificación y después de localizar a un condenado por adoctrinamiento terrorista entre quienes entraron irregularmente, limitar la información sobre este tipo de riesgos tendría una gravedad extraordinaria. Más aún cuando el propio responsable del mando único admite que el problema sigue abierto.

El reconocimiento del mando único

Ángel Víctor Torres reconoció este sábado en RTVE que entre 4.000 y 5.000 personas continúan pernoctando fuera de los dispositivos de acogida, repartidas entre El Trampolín, el Príncipe y otros lugares de Ceuta. Añadió que deben ser trasladados «cuanto antes» a espacios donde «puedan ser identificados y filiados» para acelerar, cuando corresponda, su devolución. Es decir, el mando único admite que tener a miles de personas dispersas en playas, barrios y espacios abiertos dificulta su identificación y control. La zona del Trampolín concentra tres infraestructuras críticas de la ciudad: las instalaciones de agua, de combustible y un polvorín militar, como informaba ayer El Debate. ¿Por qué están tardando tanto en alejarlos de esos lugares?

El Estado ya tenía inmuebles

Mónica García sostuvo el viernes que el Ejecutivo central no podía alojar rápidamente a los inmigrantes «sin el consentimiento y la cesión de lugares de la ciudad de Ceuta». Quien esto suscribe demuestra que falta gravemente a la verdad solo revisando la cronología de la crisis y los propios documentos del Gobierno. Porque los datos de los distintos ministerios demuestran que el Estado tenía recursos propios y no ha dispuesto todavía de ellos:

El 5 de agosto, apenas cinco días después de las entradas masivas, la Delegación del Gobierno anunció que estaba acondicionando la explanada de la antigua Fábrica del Guano, propiedad del Ministerio de Transición Ecológica, aunque todavía sigue sin estar operativa. Defensa puso antes del 14 de agosto la antigua Fábrica de Harinas de Otero a disposición del Ministerio de Migraciones. Según fuentes gubernamentales citadas por la prensa local, la opción se frenó después de las protestas vecinales. El 17 de agosto, Migraciones anunció además 1.500 nuevas plazas distribuidas entre otros cuatro emplazamientos, dos de titularidad estatal. Finalmente, el decreto del propio Pedro Sánchez del 26 de agosto enumeró siete recursos estatales, uno de ellos incluso terreno militar sin uso (el Acuartelamiento Coronel Fiscer). Hoy solo un emplazamiento, Loma Margarita, está plenamente operativo con 1.100 plazas y ocupado. Además de la lentitud y el retraso, ¿por qué un mes después no están en funcionamiento?

Calamocarro: 2.500 plazas fuera del casco urbano

Ceuta ya había cedido Loma Colmenar el 17 de agosto. Nueve días después, Juan Jesús Vivas amplió considerablemente la oferta y remitió al mando único una relación de emplazamientos alternativos con capacidad para 11.300 personas. Uno de ellos sobresale por sus características: las parcelas 127-133 de Cabrerizas Bajas, en el entorno de Calamocarro.

La ciudad calcula allí capacidad para 2.500 personas. Calamocarro, además de ser el de mayor cabida, está fuera del casco urbano y permite, por tanto, concentrar la acogida lejos de playas, parques y barrios facilitando el control de accesos. Este fue precisamente el antiguo campamento utilizado por el Estado durante la presión migratoria de finales de los años noventa y llegó a alojar a 2.044 personas. Parte de aquella infraestructura ha sido renovada. Scouts de España describe actualmente una finca vallada, con acceso por carretera, dos explanadas asfaltadas, agua y electricidad. Conserva además tomas de agua y luz y canalización para vertidos. En abril de este mismo año se adjudicaron obras para acondicionar la pista de acceso a esas parcelas.

Olla a presión aumentada por el Ejecutivo

Si hay razones técnicas o ambientales para no utilizar Calamocarro, el Gobierno debe explicarlas. En una crisis de estas características, la ubicación de miles de personas no es únicamente una cuestión humanitaria o logística, como quiso hacer ver Torres. Es principalmente una cuestión de seguridad: para los propios inmigrantes, para los vecinos y para una ciudad con infraestructuras críticas concentradas en muy poco territorio.

El Gobierno permite que miles de personas permanezcan fuera de los dispositivos y admite que todavía deben ser identificadas mientras los hechos son cada día más preocupantes: entre quienes entraron ha aparecido un condenado por adoctrinamiento terrorista y algún medio asegura que Interior ha impuesto la censura sobre el asunto; 16 marroquíes han sido detenidos por dos ataques organizados contra militares y otros 4 han sido condenados por enfrentamientos con guardias civiles. Y, durante todo este mes, el Estado tenía inmuebles propios; Ceuta ofrecía alternativas, algunas de ellas capaces de alejarlos del casco urbano y no se ha hecho.

De nuevo, ante la peor crisis de seguridad nacional de los últimos tiempos, el Ejecutivo tergiversa los datos, manipula las culpas y esconde la situación real. La olla a presión en que ha convertido la ciudad –con el consiguiente incremento del riesgo para la población– es consecuencia directa de no haber utilizado sus propios recursos desde el primer día ni las alternativas ofrecidas por Vivas. ¿Quién lo decidió?