El salto olímpico de la ley de nietos: de 876.321 a 2,4 millones

El Gobierno paralizó el contador público de solicitudes de la ley de nietos 83 días antes de que venciera definitivamente el plazo para acogerse a ella. El 22 de octubre de 2025 terminaba el año de prórroga añadido por el Consejo de Ministros a los dos inicialmente previstos por la Ley de Memoria Democrática. Era, por tanto, el último tramo de una carrera de tres años. La última fotografía oficial de solicitudes, sin embargo, se tomó mucho antes de llegar a la meta: el 31 de julio de 2025, cuando el Gobierno contabilizaba 876.321.

Después llegó el apagón estadístico

El Ejecutivo repitió las 876.321 hasta en cinco ocasiones, tres antes del cierre y dos después. El 19 de septiembre las volvió a publicar. Once días más tarde, el 30 de septiembre, Ángel Víctor Torres reconoció que eran datos de julio y prometió: «Tendremos los definitivos a 31 de diciembre de este año». Al día siguiente, ya en Buenos Aires, volvió a servir exactamente el mismo contador: «con datos a 31 de julio», 876.321 personas habían solicitado la ciudadanía española en todo el mundo; 414.652 tenían consolidado el derecho y 237.145 ya estaban inscritas y con el pasaporte entregado. La propia nota del Ministerio subrayó que esas 876.321 personas habían solicitado «oficialmente» la nacionalidad. Lo que ocurrió después es digno de una monumental farsa.

Tres meses en blanco y un mago plusmarquista

Casi un mes después de cerrarse el procedimiento, el 18 de noviembre, el Ministerio volvió a publicar las mismas 876.321 solicitudes de julio. El contador llevaba congelado 110 días. Su nota oficial precisó que 414.000 ya tenían reconocido el derecho y 237.145 constaban como inscritos con la nacionalidad española. Entonces llegó el mayor salto olímpico del contador de la ley de nietos: ese mismo 18 de noviembre, mientras su departamento mantenía las 876.321 solicitudes por escrito, Torres pulverizó el cronómetro. Acompañado de Pilar Alegría y María Jesús Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro hizo supuestamente el balance oficial de los tres años de la ley de memoria democrática. El salto fue apoteósico: elevó la cifra a 2,3 millones, un incremento de un 162,46 %. Como mínimo 1.423.679 solicitantes más de una sola zancada. Nadie lo advirtió y el problema es que nadie podía saber de dónde habían salido.

Nuevos ingredientes y contadores

Para producir aquel millón y medio adicional, Torres estrenó categorías que el Gobierno no había utilizado nunca en sus balances anteriores: «solicitudes de cita», «personales» y, finalmente, personas que «se han interesado». Tras repetir de nuevo que las 876.321 solicitudes ya habían desembocado en 237.000 personas inscritas y medio millón con el derecho reconocido, especificó: «estamos hablando de más de 2,3 millones de personas las que se han interesado por obtener la nacionalidad española».

Retengan esta expresión: «Se han interesado». ¿«Interesado»? No es una categoría jurídica de adquisición de la nacionalidad. El Gobierno había cambiado el contador en mitad del recuento y ampliado de golpe el universo estadístico hasta más de 2,3 millones de personas.

El Ejecutivo manejaba, por tanto, información mucho más avanzada que las 876.321 solicitudes de julio que ese mismo día seguía ofreciendo por escrito. Sin embargo, no publicó el cuadro que permitiera reconciliar unas cifras con otras: cuántas eran solicitudes presentadas, cuántas citas pendientes, cuántos expedientes, cuántas concesiones y cuántas inscripciones. Eso hace todavía más difícil explicar lo que ocurrió después.

15 de diciembre: Bolaños se vuelve cangrejo

Diciembre era la fecha que Torres había fijado para conocer los datos definitivos. El 15 de diciembre de 2025, Pedro Sánchez presentó en La Moncloa el Informe de Rendición de Cuentas del Gobierno de España. Era la ocasión de cerrar el contador. No ocurrió. Volvió atrás como los cangrejos.

En la página 35, el ministerio de Félix Bolaños solo consignó 876.321 solicitudes «desde la aprobación de la Ley en 2022». Era exactamente el contador que el Gobierno arrastraba desde julio. Pero esta vez ocurrió algo todavía más extraño: Moncloa ya ni siquiera advirtió que las 876.321 correspondían al 31 de julio. La prueba está en la frase inmediatamente posterior. Para las 237.145 nacionalidades concedidas, Presidencia sí especificó «Hasta el 31 de julio». Para las 876.321 solicitudes, no. El balance de Sánchez ignoró el apoteósico salto olímpico anunciado públicamente por hecho por su ministro 27 días antes que amplió el universo de nacionalizados por encima los 2,3 millones. Moncloa volvió a poner intencionadamente el cronómetro cinco meses atrás.

La ´yenka´ y un salto más

La vuelta atrás duró exactamente catorce días. El 29 de diciembre, el Gobierno publicó otro balance anual. Esta vez el del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. El contador saltó con una zancada más. Por arte de magia los 2,3 millones se convirtieron en 2,4 en 41 días. Pero había otra sorpresa: tampoco eran ya «solicitudes»: la nueva terminología oficial fue «2,4 millones las personas que han pedido cita» para convertirse en nuevos españoles. Torres había prometido que a 31 de diciembre tendríamos los datos definitivos. Cuando llegó prácticamente la fecha anunciada, el Gobierno no publicó la cifra definitiva y homogénea de solicitudes que permitiera compararla con las 876.321 de julio. Lo que publicó es otro contador. Y su nueva plusmarca era un acto de fe, para cualquier ciudadano que quisiera comprobarla.

Manual de resistencia del censo electoral

En definitiva, si las magnitudes fueran equivalentes, en los 83 días comprendidos entre el apagón del 31 de julio hasta el cierre de la prórroga el 22 de octubre los consulados habrían tenido que incorporar 18.357,58 personas cada día. El periodo incluye 59 días de lunes a viernes, 24 sábados y domingos y todo el mes de agosto de por medio. La realidad es otra. Durante todos estos años el Gobierno ha estado manejando mucha más información. Los datos los ha hurtado y a la sociedad española. Y cuando empezó a darlos por primera vez contaban cosas distintas. La Moncloa tiene su propio Usain Bolt. El salto final de 876.321 «solicitudes» a 2,4 millones «personas que han pedido cita» supuso incremento de 173, 87% en las personas incorporadas a la ley de nietos. Una trampa que no es semántica porque estamos hablando del hecho más crítico que puede conceder un estado: la nacionalidad.

Lo que pone de relieve la forma y el fondo de la ley de nietos es que el Ejecutivo diseñó la fábrica de nuevos españoles con maniobras, magnitudes y contadores diferentes que sólo él conocía. El apagón estadístico junto al baile de datos ofrecidos por los integrantes del propio Gabinete generó una perfecta confusión con la que consiguió zafarse de abrir al público la caja que convierte a los fabricados en nuevos votantes sin datos equiparables y auditables. Una maniobra de manual. De manual de resistencia. Pero aún hay más. Mañana lo verán.