El Gobierno tiene imposible aprobar su nuevo modelo de financiación esta legislatura aunque disimule

El Gobierno ganó este viernes la primera batalla del nuevo modelo de financiación autonómica, pero perderá la guerra. La propuesta de Hacienda salió adelante en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este viernes porque al Ministerio le bastaba el voto favorable de una comunidad del régimen común, y en este caso lo obtuvo de dos: Cataluña y Canarias. Sin embargo, es inviable que sea aprobado en esta legislatura por una cuestión de plazos: no da tiempo, independientemente de que las elecciones generales sean antes o después de las municipales y autonómicas de mayo. Y menos aún teniendo en cuenta la precaria situación parlamentaria del Gobierno.

En realidad, ni siquiera está claro que al PSOE le interese menear demasiado este árbol a pocos meses de unas elecciones autonómicas en las que el PP explotará la baza de los privilegios a Cataluña. El motivo principal por el que el Gobierno presentó un nuevo modelo de financiación autonómica el pasado enero, pactado bilateralmente entre Pedro Sánchez y el líder de ERC en varias reuniones secretas, fue para que los republicanos apoyaran los primeros Presupuestos de Salvador Illa en Cataluña. Y eso ya lo consiguió.

En cualquier caso, el ministro de Hacienda, Arcadi España, tiene ahora todo un Tourmalet por delante en el Consejo de Ministros y en las Cortes, imposible de escalar. Porque, además, el Ejecutivo perdió un tiempo ahora irrecuperable cuando decidió meter el nuevo modelo en la nevera durante meses para no perjudicar la campaña electoral de María Jesús Montero en Andalucía. Aunque ni por ésas la exvicepresidenta se libró de obtener el peor resultado de la historia del PSOE-A.

Arcadi España debe ahora convertir la propuesta salida del CPFF en un anteproyecto de ley orgánica para elevarlo en primera vuelta al Consejo de Ministros. Después se abrirá un plazo para recabar los informes de los órganos consultivos (Consejo de Estado, Consejo Económico y Social...), así como los informes técnicos de otros ministerios. El Ejecutivo también puede decidir abrir un periodo de consulta pública, como ocurre con muchas normas. Todos estos pasos intermedios conllevan meses (a veces incluso años), hasta que el ministro eleve el texto en segunda vuelta al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva y posterior envío al Congreso.

En la Cámara Baja empieza otra etapa. Primero con el debate en Pleno de las enmiendas a la totalidad. Lo previsible en este caso es que solo las presentaran el PP y Vox, y en cambio Junts dejara pasar el texto a la comisión correspondiente para ahí negociar las enmiendas parciales con el Gobierno. El problema de este futuro proyecto de ley (si es que llega a salir del Consejo del Ministros) no es tanto el partido de Carles Puigdemont como las fricciones que ha provocado en Sumar. Allí conviven distintas formaciones regionalistas.

En cualquier caso, si el Ejecutivo llegase hasta ese puente, el de las enmiendas parciales, Junts no le pondría fácil la negociación. Cabe recordar que, en origen, este nuevo modelo fue pactado con ERC. De manera que los de Puigdemont intentarán, o intentarían, exprimir aún más al Gobierno para apuntarse algún tanto. Y luego quedaría su paso por el Senado, mínimo otros dos meses. Las fechas no dan.

Según Hacienda, su modelo es la panacea: las comunidades del régimen común tendrán 20.975 millones de euros más en 2027, hasta llegar a 224.507 millones en transferencias solo ese año. El Ministerio ofrece ceder mayor porcentaje de la recaudación del IRPF y del IVA a las comunidades (del 50 % actual en ambos casos al 55 % y el 56,5 %, respectivamente) e incluir nuevos impuestos en el menú de esas transferencias. Pero con esa coartada quiere atar en corto a las comunidades del PP para que no ejerzan su autonomía fiscal. Es decir, establecer un límite para el evitar el «dumping fiscal», según el Gobierno.