El asalto de Sánchez al censo electoral nacional

El 28 de julio, en su balance de curso, el presidente del Gobierno pidió una sola cosa: «Cuando llegue el momento, yo lo único que pido es que se asuman los resultados electorales. Nosotros siempre los hemos asumido, a ver si otros se aplican también el mismo cuento». Los resultados electorales deben asumirse. Lo que ningún gobernante puede exigir es que los españoles acepten previamente a ciegas el censo del que nacen esos resultados. Porque las elecciones no comienzan la noche del escrutinio. Empiezan mucho antes: cuando se decide quién puede votar, por qué procedimiento entra en el censo y, sobre todo, a qué provincia se adscribe su voto.

En las elecciones generales de 2023, trece últimos escaños quedaron a menos de 3.000 votos de cambiar de partido. Dos se adjudicaron por menos de 500 papeletas y otros siete por diferencias inferiores a 2.000. Por eso, El Debate lleva meses analizando la evolución del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) tras la eliminación del voto rogado y el aumento exponencial del censo con la mal llamada ley de nietos. En el sistema electoral español no hacen falta millones de votos para modificar una mayoría parlamentaria. Bastan unos pocos miles correctamente concentrados en las circunscripciones adecuadas.

Los datos oficiales demuestran que la introducción masiva de nuevos votantes diseñada por la Moncloa es la mayor de la historia del voto exterior español. Y que, debidamente movilizados los nuevos nacionalizados afines al aparato socialista exterior, podrían generar en las próximas elecciones generales un vuelco inédito en la historia democrática española.

677.964 electores más desde que Sánchez llegó al poder

Tomando como punto de partida el censo cerrado a 1 de junio de 2018, el corte mensual más próximo a la llegada de Pedro Sánchez, el CERA estaba compuesto por 2.058.558 electores. En el último dato disponible, correspondiente al censo cerrado a 1 de julio de 2026, alcanza ya los 2.736.522. Son 677.964 electores más, un crecimiento neto del 32,93 %. La cifra resulta extraordinaria por sí sola. Pero lo verdaderamente revelador aparece al dividir la etapa en dos periodos y comprobar en qué momento cambia la velocidad.

La frontera de Sofía Puente

La directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago, firmó la Instrucción el 25 de octubre de 2022, publicada en el BOE al día siguiente, y entró en vigor el 27 de octubre. Para no atribuirle retrospectivamente todo el crecimiento registrado durante aquel mes, la referencia más prudente es el 1 de noviembre de 2022, primer cierre mensual inmediatamente posterior. Desde el 1 de noviembre de 2022, el CERA contaba con 2.290.583 electores. Desde el 1 de junio de 2018 hasta el 1 de noviembre de 2022 —los primeros 53 meses de Sánchez en el poder— el censo exterior había aumentado en 232.025 personas, un 11,27 %. La media fue de 4.378 nuevos electores netos al mes.

Desde el 1 de noviembre de 2022 hasta el 1 de julio de 2026 —los 44 meses posteriores— el CERA ha incorporado otros 445.939 electores, un 19,47 %. La media se ha disparado hasta los 10.135 electores netos mensuales.

La comparación no necesita adornos: Antes del 1 de noviembre de 2022: 232.025 electores más en 53 meses. Después del 1 de noviembre de 2022: 445.939 electores más en 44 meses. Tras la Instrucción se han añadido un 92,2 % más de electores que en el periodo anterior, y eso que cuenta con nueve meses menos. El ritmo mensual se ha multiplicado por 2,32, lo que supone una aceleración del 131,5 %. Y casi dos de cada tres electores incorporados al CERA durante toda la etapa de Sánchez han entrado desde la instrucción de Puente: el 65,8 % de todo el crecimiento neto.

Multiplicó el universo de beneficiarios

La frontera temporal tampoco es arbitraria desde el punto de vista jurídico. La disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática vinculaba el primer supuesto de opción a descendientes de españoles que hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad como consecuencia del exilio por razones políticas, ideológicas, religiosas o de orientación e identidad sexual.

Sin embargo, la Instrucción de Sofía Puente decidió interpretar aquella frase y amplió de forma extraordinaria el universo potencial de nuevos nacionales españoles y, posteriormente, de nuevos electores, como demuestra ahora este periódico y sostuvieron cuatro vocales de la Junta Electoral Central.

El último mes vuelve a batir el récord

La aceleración no pertenece únicamente a los primeros años de aplicación de la Ley de Nietos. Entre el censo cerrado a 1 de junio y el cerrado a 1 de julio de 2026, el CERA nacional pasó de 2.715.986 a 2.736.522 electores. Son 20.536 más en un solo mes. Es la mayor subida mensual de toda la serie histórica. Y, como revelábamos ayer, Madrid vuelve a concentrar una parte extraordinaria del salto.

El cierre formal del plazo de la ley de nietos tampoco significa que la llegada de nuevos electores vaya a detenerse. La modificación que amplió el plazo por la puerta de atrás en noviembre de 2024 permitió que quienes hubieran solicitado telemáticamente una cita dentro del plazo pudieran presentar personalmente la documentación después de su vencimiento, cuando finalmente fueran convocados por el consulado. La norma no fijó una fecha final para esas comparecencias posteriores. Quedó así constituida una enorme bolsa diferida de solicitudes cuya comparecencia, resolución, inscripción registral, alta consular e incorporación al CERA se prolongará durante años. El plazo se cerró. El contador electoral continúa abierto.

El censo no se acata a ciegas

Pedro Sánchez tiene razón en una cosa: los resultados electorales deben asumirse. Pero el presidente tendrá que asumir también que la confianza democrática no se ordena desde una rueda de prensa. Se construye publicando los datos, explicando las altas, mostrando las instrucciones consulares y permitiendo reconstruir la adscripción provincial de cada nuevo elector.

No se trata de cuestionar el derecho al voto de quien ha adquirido legalmente la nacionalidad española. Se trata de comprobar que la nacionalidad fue concedida conforme a la ley y que la circunscripción electoral fue asignada con criterios objetivos, homogéneos y verificables. Madrid convierte esa exigencia en urgente. En 2023, su voto CERA ya cambió un diputado. Desde noviembre de 2022, su censo exterior ha incorporado otros 127.860 electores y se acerca al medio millón.

Sí, señor Sánchez: los resultados se asumen. El censo, en cambio, no se acata a ciegas. Se verifica.