Marruecos explota el robo nunca aclarado de información sensible del móvil de Sánchez

Acababa de empezar la intervención de Alberto Núñez Feijóo en el Pleno de este jueves sobre Ceuta cuando el líder de la oposición sacó el tema tabú y disparó a bocajarro a Pedro Sánchez: «¿Qué documento, conversación o indicio había en su teléfono para que se comporte de esta manera? ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? ¿Qué sabe Marruecos de usted?», le preguntó. «España no puede tener un presidente bajo chantaje», añadió.

El robo de más de 2,57 gigabytes de información de su móvil que Sánchez sufrió entre octubre de 2020 y diciembre de 2021, según acreditó después el Centro Criptológico Nacional (adscrito al CNI), se ha colado con fuerza en la crisis de Estado desatada a raíz de la invasión de los días 30 y 31 de julio. Y Marruecos lo está explotando.

El supuesto «socio leal», que así se refieren al país vecino en el Ejecutivo, se está beneficiando del enorme agujero negro que sigue siendo aquel episodio, pasto de todo tipo de especulaciones y motivo de obligada prudencia por parte de Sánchez: ningún servicio de inteligencia ha podido desentrañar qué información fue robada. Marruecos lo está haciendo con la complicidad de Israel, su aliado desde hace casi seis años y el único que podía y puede resolver los enigmas de este caso, pero no quiere. No en vano, Pegasus, el spyware que infectó el terminal del presidente, es propiedad de la empresa israelí NSO GROUP, que mantiene estrechos vínculos con el Gobierno de Benjamin Netanyahu. Sobra recordar la pésima relación entre el primer ministro israelí y Sánchez.

El teléfono del presidente fue asaltado en cinco ocasiones entre aquellas dos fechas, con un pico de actividad en mayo de 2021: cuando el reino de Mohamed VI metió a entre 7.000 y 9.500 migrantes ilegales a través de la frontera ceutí del Tarajal. El suyo y el de los ministros Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas. Los dos primeros tienen un papel fundamental en la seguridad del Estado y en esta crisis. Planas, que fue embajador de España en Marruecos, se ha mantenido en un plano discreto. El 30 de julio, con Ceuta desbordada con la entrada de entre 70.000 y 80.000 inmigrantes, el ministro de Agricultura acudió a la fiesta que la embajada de Marruecos en España ofreció para celebrar la Fiesta del Trono. Él y la portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

Las veces que el Gobierno ha intentado esclarecer el móvilgate de Sánchez, se ha topado contra el muro israelí. En mayo de 2022, la Abogacía del Estado presentó una denuncia en la Audiencia Nacional y el juez José Luis Calama abrió una investigación. De entrada, el magistrado dirigió una comisión rogatoria a Israel en la que pedía información a NSO Group y la declaración como testigo de su director ejecutivo. Más adelante amplió esa solicitud de cooperación jurídica internacional al Ejecutivo de Netanyahu, que ni se molestó en contestar.

Calama insistió dos veces más antes de acabar dándose por vencido. Jamás obtuvo respuesta de Israel: «Lo que permite presumir que la comisión rogatoria en cuestión, cuatro veces remitida, no va a ser cumplimentada nunca», concluyó el juez, que el 10 de julio de 2023 decretó el sobreseimiento provisional por la «absoluta falta de cooperación jurídica por parte del Gobierno de Israel». En su auto dijo sentir «impotencia investigadora».

Siete días después, el 17 de julio de 2023, el Gobierno de Israel reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, como un año antes había hecho España para destensar la relación con Marruecos.

No acabó ahí la historia. En abril de 2024, el juez de la Audiencia Nacional reabrió el caso tras recibir una Orden Europea de Investigación de Francia. La Justicia gala investigaba una causa abierta por múltiples infecciones con Pegasus a teléfonos de ministros, diputados y otras personalidades francesas, y en la información remitida a Calama concluía: «La comparación de los datos franceses y españoles ha permitido identificar dos marcadores idénticos». Es decir, que los autores fueron los mismos.

Calama volvió a dirigirse a las autoridades israelíes y volvió a encontrarse con la puerta cerrada. Así que, en enero de 2026, por segunda vez tuvo que dar carpetazo a la investigación: «La falta de ejecución de las comisiones rogatorias dirigidas a las autoridades de Israel impide investigar sobre la atribución de la autoría de los hechos delictivos investigados a persona concreta alguna, abocándonos, de forma indefectible, a acordar el sobreseimiento provisional», escribió. Y se quejó del «manifiesto incumplimiento de las obligaciones internacionales» del Gobierno de Netanyahu.

El propio Sánchez destacó el jueves, en su intervención en el Congreso, que su Gobierno ha aprobado más de 2.000 millones de euros, 300 de ellos para el Centro Criptológico Nacional, «para reforzar todas aquellas materias que tienen que ver con la ciberseguridad». Pero la leche lleva años derramada.