Sánchez elige a un chivo expiatorio de cuarta para zanjar la crisis de Ceuta sin dimisiones reales

El Gobierno ha intentado zanjar la crisis motivada por la desclasificación de los informes, alertas y comunicaciones sobre la invasión de Ceuta forzando la caída del eslabón más débil. Ni siquiera del delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, sino del jefe de Gabinete de este, Gonzalo Sanz. El hombre al que un agente del CNI envió un mensaje de WhatsApp el 29 de julio y con quien después habló por teléfono durante 11 minutos.

Su jefe directo, Miguel Ángel Pérez Triano, ya lo dejó a los pies de los caballos el miércoles, nada más hacerse público el aviso de la inteligencia española, al sostener que Sanz no le trasladó ni el contenido de la conversación ni el del mensaje. Y la Moncloa se refirió al ahora purgado como «un cargo menor»; el que ha acabado haciendo de chivo expiatorio. Uno, además, que ni siquiera es un cargo público y cuyo despacho está a más de 700 kilómetros de los de Fernando Grande-Marlaska y el propio Pedro Sánchez. En su carta de despedida, Gonzalo Sanz se revolvió contra la versión oficial al señalar que la «alerta» se transmitió «desde Delegación del Gobierno hacia los distintos ministerios».

La crisis de Ceuta ha vuelto a poner de manifiesto una máxima que el presidente lleva a rajatabla: no entregar cabezas a la oposición. Las dimisiones, según su filosofía, no son un signo de responsabilidad, sino uno de debilidad. Este jueves le preguntaron al expresidente Felipe González si Sánchez debería asumir responsabilidades por lo sucedido en la ciudad autónoma y su respuesta fue tajante: «No le he visto nunca asumir responsabilidades».

El último cargo del Ejecutivo que dimitió fue, en febrero de 2026, el entonces era el director adjunto operativa de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, y fue por una cuestión de otra índole: una denuncia que una subordinada suya presentó por agresión sexual, y que fue admitida a trámite.

El exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz no dimitió ni cuando fue imputado ni tampoco cuando el Tribunal Supremo le abrió juicio oral, en el que después acabó condenado por un delito de revelación de secretos. Es más, el presidente, el ministro de Justicia y el resto del Gobierno cerró filas con él y lo animó a seguir. Tan insólita fue la situación provocada que el PP intentó -en vano- promover una reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal para que el fiscal general del Estado cese automáticamente si está investigado por el Tribunal Supremo. Y que así no pueda volver a repetirse jamás un caso como el de García Ortiz.

Más recientemente, tampoco la directora general de la Guardia Civil ni su director adjunto operativo han dejado sus respectivos cargos después de ser imputados en el caso Leire, acusados de presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia. Y ya no digamos cuando se demostró que Mercedes González había mentido al ocultar que mantuvo tres reuniones con la fontanera, que definió como «tres cafés».

Fernando Grande-Marlaska ni le pidió su renuncia ni la forzó. De hecho, en junio se supo que estaba al corriente de esos encuentros porque la propia directora de la Guardia Civil se lo había contado un año antes. Y Grande-Marlaska lo ocultó y lo negó públicamente hasta que fue evidente. Por descontado, tampoco el ministro del Interior dimitió. Ni ahora.

También hubo cero dimisiones cuando en junio el Tribunal Supremo consideró probada, en una sentencia histórica, la existencia de una organización criminal que anidó y operó en el corazón del Gobierno. El que había sido todopoderoso ministro de Transportes, José Luis Ábalos, fue condenado a 24 años de prisión. Y en el Gobierno no pasó nada. Para más inri, Sánchez dijo que ya había asumido responsabilidades hacía meses, cuando el Consejo de Ministros aprobó dos paquetes de medidas para luchar contra la corrupción y mejorar la transparencia. La realidad es que ninguna de esas 46 medidas está en el BOE, porque ninguna ha sido aprobada por las Cortes.

En el Ministerio de Transportes nadie presentó su renuncia por el accidente de Adamuz, ocurrido en enero. Y el ministro Óscar Puente menos que nadie, a pesar de los 46 fallecidos y de que quedó demostrado que fue un defecto en el ensamblaje lo que provocó el trágico descarrilamiento. En cambio, por aquellas fechas rodaron las cabezas de dos altos cargos de Renfe y Adif en Cataluña, el director de Rodalies y el director de mantenimiento de Adif, porque el independentismo se lo exigió a Salvador Illa y a Pedro Sánchez. Y ahí sí, el presidente se cuadró ante sus socios.