Albares se vio con el ministro saudí un día después de que Zapatero situara Arabia como el origen de las joyas

El ministro José Manuel Albares se vio con su homólogo de Arabia Saudí en Nueva York un día después de que José Luis Rodríguez Zapatero remitiera un escrito al juez en el que sostiene que las joyas halladas en su despacho fueron un «obsequio personal» del fallecido monarca saudí Abdalá Bin Abdulaziz Al-Saud en 2007. El encuentro fue en un acto paralelo a la Asamblea General de Naciones Unidas que ha tenido lugar esta semana.

El expresidente pretende involucrar al Gobierno en su estrategia defensa, aprovechando las buenas relaciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez con Arabia Saudí. Por eso, en su escrito Zapatero solicita al juez José Luis Calama que oficie una comisión rogatoria al país del Golfo Pérsico para que corrobore su versión, en vista de que él lo ha intentado y no lo ha conseguido.

El magistrado de la Audiencia Nacional es reacio a pedir cooperación judicial a las autoridades saudíes, porque los jueces españoles saben por experiencia que los países de Oriente Próximo tienen sistemas judiciales muy distintos y no suelen cooperar. Si finalmente lo hiciera, la comisión rogatoria sería gestionada a través del Ministerio de Justicia de Félix Bolaños, en contacto con el de Arabia Saudí. De Gobierno a Gobierno. Las relaciones diplomáticas con el país al que se pide auxilio judicial juegan un papel crucial, y en este caso son buenas.

Precisamente, el ministro José Luis Albares participó el jueves junto al ministro de Exteriores saudí, Faisal bin Farhan Al Saud, en un evento ministerial de alto nivel de la Alianza Global para la Implementación de la Solución de los Dos Estados. Se trató de un acto paralelo a la Asamblea General de Naciones Unidas que ha tenido lugar esta semana. También estaban presentes el ministro de Exteriores de Jordania y el observador permanente de Palestina ante la ONU, Riad Mansur. El jefe de la diplomacia española saludó afectuosamente a su colega saudí con dos besos y compareció junto a él ante la prensa. Al término de la comparecencia también le dedicó varias atenciones.

El pasado 13 de mayo, España y Arabia Saudí acordaron elevar sus relaciones bilaterales al nivel de «asociación estratégica», un pacto que rubricaron precisamente Albares y Farhan al Saud en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores español. Ambos se felicitaron entonces de que las relaciones entre los dos países atraviesan «su mejor momento», y de hecho este verano los dos gobiernos firmaron un plan conjunto para la lucha contra el terrorismo, la ciberdelincuencia, el tráfico de drogas, las redes de trata e inmigración irregular y otras formas más modernas de criminalidad.

Irónicamente, solo seis días después del acuerdo de mayo entre los dos responsables de Exteriores, los agentes de la UDEF registraron el despacho de Zapatero y encontraron las joyas sobre las que el expresidente calló durante más de cuatro meses. Hasta que, el pasado miércoles, explicó por escrito a Calama que fueron un regalo que el entonces rey saudí le hizo en el marco de su visita a Madrid de los días 18 y 19 de junio de 2007, para la ceremonia de imposición del Toisón de Oro. Y que lo aceptó «por deferencia y como muestra de agradecimiento y respeto de mi representado hacia el monarca saudí».

El Debate desveló el miércoles que, durante su estancia, Zapatero y Abdulaziz firmaron un acuerdo para «evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal».

El pasado 16 de junio, un día antes de declarar en la Audiencia Nacional, el expresidente envió una carta a la Corte Real de Arabia Saudí, a través de su embajada en Madrid, rogando que confirmara «la veracidad de los hechos» por él descritos. «Con la única pretensión de honrar la verdad de lo acontecido», según Zapatero. Pero Arabia Saudí no ha respondido desde entonces, como no lo hizo con los 100 millones de dólares que el rey Abdalá Bin Abdulaziz donó a Juan Carlos I. Y el expresidente necesita demostrar que dice la verdad para que el delito fiscal que cometió al no declarar las joyas a la Agencia Tributaria quede prescrito.

Calama, Pegasus e Israel

El propio Calama tuvo una mala experiencia con un caso que afectó directamente al Gobierno: el del espionaje a los teléfonos del presidente y de varios ministros, que instruyó él. En 2022, el magistrado dirigió una comisión rogatoria a Israel en la que pedía información a NSO Group, fabricante de Pegasus, y la declaración como testigo de su director ejecutivo. Más adelante amplió esa solicitud de cooperación jurídica internacional al Ejecutivo de Benjamin Netanyahu, que ni se molestó en contestar por las pésimas relaciones con Sánchez.

Calama insistió dos veces más antes de acabar dándose por vencido. Jamás obtuvo respuesta de Israel. El 10 de julio de 2023 decretó el sobreseimiento provisional por la «absoluta falta de cooperación jurídica por parte del Gobierno de Israel». En abril de 2024, el juez de la Audiencia Nacional reabrió el caso tras recibir una Orden Europea de Investigación de Francia. Calama volvió a dirigirse a las autoridades israelíes y volvió a encontrarse con la puerta cerrada. Así que, en enero de 2026, por segunda vez tuvo que dar carpetazo a la investigación.