DNI digital en el móvil
La Junta Electoral estrecha el cerco sobre la identificación del votante y la formación del censo exterior de Sánchez
El árbitro electoral pide informes a la Oficina del Censo Electoral y los ministerios del Interior y de Asuntos Exteriores sobre el DNI digital, las altas consulares en las nacionalizaciones y su traslado al censo de votantes CERA
La Junta Electoral Central (JEC) solicita información sobre la trazabilidad de los electores los dos momentos decisivos de los procesos electorales: cómo se identifica a quien acude a votar y cómo se incorpora a una persona al censo exterior. Es la respuesta al escrito presentado el pasado 26 de agosto por el partido presidido por Luis María Pardo requiriendo al árbitro electoral la trazabilidad completa de las credenciales digitales, las altas consulares y su reflejo en el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) y en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).
La resolución, correspondiente al expediente 209/365, ordena «solicitar informe» a la Oficina del Censo Electoral y a las direcciones generales de Política Interior del ministerio de Fernando Grande Marlaska y de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares del departamento que dirige José Manuel Albares, «sobre las cuestiones planteadas en el escrito». La JEC abre así una fase de información que abarca tanto la comprobación de la identidad ante las urnas como el recorrido administrativo de los datos que terminan determinando quién puede votar desde el extranjero y en qué circunscripción
La verificación de la identidad del votante
En el primer ámbito, Iustitia Europa pide que se incorporen los antecedentes de los acuerdos que permitieron utilizar aplicaciones oficiales digitales como medio de identificación electoral. Reclama, entre otros documentos, la consulta de Interior que dio lugar al pronunciamiento sobre miDGT, los informes técnicos que pudieran acompañarla y los protocolos para comprobar la autenticidad y vigencia de las credenciales digitales. También solicita las instrucciones facilitadas a las mesas electorales y a Correos, así como información sobre incidencias y reclamaciones. Conviene recordar que Interior solicitó que los votantes pudieran utilizar su carné de conducir digital sin el QR de verificación para las elecciones municipales y autonómicas del del 28 de mayo de 2023 que provocaron el descalabro del sanchismo y el anticipo de las elecciones generales al 23 de julio, en plenas vacaciones de verano de millones de españoles.
El partido de Pardo reclama también explicaciones sobre el funcionamiento del Registro de Matrícula Consular digital: cómo se acredita la identidad, nacionalidad y residencia de quien solicita el alta; qué controles detectan duplicidades; y cómo se transmiten y corrigen los datos que llegan al PERE y al CERA. La petición se extiende al Número de Identificación Consular Central (NICC), a los certificados electrónicos consulares y a la asignación del municipio que determina la circunscripción electoral de los nuevos votantes del exterior.
Acuerdo de la Junta Electoral
La decisión de la JEC adquiere especial relevancia tras las investigaciones publicadas por El Debate que destaparon en escándalo inédito en Europa y en las democracias occidentales: que sea el propio Gobierno de una nación el que abriera una grieta de forma intencionada en el sistema electoral. Es lo que hizo el Ejecutivo de Sánchez solicitando la convalidación de sus dos aplicaciones digitales, miDGT y miDNI, sin verificación del código QR en las urnas. Interior defendió ante el árbitro que la mera exhibición de la pantalla permitía comprobar la identidad del votante. Los especialistas en seguridad e identidad digital consultados por este periódico advirtieron, por el contrario, de que mirar una imagen sin verificarla técnicamente dejaba abierta la posibilidad de suplantación. Tras las revelaciones de este periódico la JEC acabó prohibiendo el uso de las aplicaciones del Gobierno por falta de garantías en la identificación del votante.
Esta grave grieta de seguridad introducida por el Ejecutivo estuvo presente nada menos en los nueve procesos electorales en los que se admitieron las aplicaciones gubernamentales, incluidas las generales del 23 de julio de 2023. El número de personas que lo utilizaron es imposible de cuantificar, dado que no existe un control del método con el que se identifica cada elector; además, salvo que hubiera mediado denuncia, es imposible acreditar si produjeron suplantaciones de identidades puesto que su uso no deja rastro. Lo que sí quedó acreditado es lo fácil que era suplantar la identidad en las urnas, exactamente el meollo de lo denunciado por este periódico que el Ejecutivo y sus terminales mediáticas habían calificado de bulo. Precisamente por eso, la petición de los expedientes, protocolos e incidencias resulta relevante para establecer qué garantías existieron realmente.
La JEC adoptó esta decisión en su reunión del 24 de septiembre de 2026, el mismo día en que aprobó nuevas reglas para justificar el municipio al que se adscribe el voto exterior. Son dos actuaciones distintas que inciden en las garantías del proceso electoral: una examina el inicio de la cadena, la identificación y el alta de los electores; la otra fija cómo se determina la circunscripción en la que votan. Por ahora, la Junta ha pedido informes sobre el escrito de Iustitia Europa. Queda pendiente conocer qué responden los organismos requeridos y qué medidas adopta después.
