El fiscal que se reunió con Leire calificó de «temeraria» la querella sobre el espionaje de las cloacas a la juez del hermano de Sánchez

La Audiencia Nacional analiza si la Fiscalía de Badajoz recibió instrucciones del que fuera mano derecha de Álvaro García Ortiz y número dos de la Secretaría Técnica durante esa etapa, el fiscal Diego Villafañe, para que archivasen, sin más, dos querellas planteadas a las presuntas cloacas socialistas por sus maniobras contra la jueza Beatriz Biedma, la magistrada del caso del hermano de Pedro Sánchez. Villafañe, que reconoció haberse reunido con Leire Díez, hasta en dos ocasiones, en la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE) -en marzo y abril de 2025- calificó la denuncia de Hazte Oír como una «delirante narración» y «temeraria», en un escrito remitido a la Jefatura pacense. Por este motivo, la entidad ha pedido personarse como perjudicada en el procedimiento que sigue el juez Santiago Pedraz contra la fontanera de Ferraz, en calidad de acusación particular.

En el texto, Villafañe «dedicaba un apartado» a proponer la sanción de Hazte Oír, justificándose en la «atipicidad de los cuatro delitos» que, presuntamente, las cloacas habrían cometido contra la jueza de David Sánchez. En él, además, la FGE «atribuía la competencia a Badajoz» –lo contrario de lo que el fiscal informante venía sosteniendo– y cerraba con un apartado bajo el rótulo «temeridad y mala fe procesal de la querellante», en el que se proponía castigar a la Asociación. La querella se descalificó, además, por su contenido «anárquico y abigarrado».

Dos posibles actuaciones de las cloacas contra Biedma

Para entender la cronología de lo ocurrido, hay que remontarse al mes de junio de 2025, cuando en el partido judicial de Badajoz se tramitaron dos procedimientos relativos a una posible actuación de las cloacas contra Biedma. Por una parte, las Diligencias Previas 929/25, que se turnaron al Tribunal de Instancia de Instrucción plaza 2, y que partieron de la querella de la Asociación Hazte Oír contra Díez y su colaborador, el exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada Vallejo, gestionadas por el fiscal Diego Yebra Rovira. Por otra, las Diligencias Previas 900/25, en el plaza 4, instadas a raíz de otra denuncia de Manos Limpias contra Díez, Sáenz de Tejada y el empresario Javier Pérez Dolset, acompañante habitual de la primera, que recayeron en la fiscal Soledad Lavado Asensio.

Ambos procedimientos entraron en Fiscalía de Badajoz el 17 y el 18 de junio, respectivamente, para ser informados. De tal manera que el fiscal Yebra Rovira analizó la cuestión de la competencia territorial que motivó, tres días después, un pronunciamiento del juez de turno al Decanato Central, en el que decidía apartarse del caso para enviarlo a Madrid. Mientras que, en el otro caso y tras abstenerse de pronunciarse (en una resolución que la magistrada de la Audiencia Provincial no estimó justificada), la fiscal Lavado Asensio emitió dictamen el 9 de julio e informe el 11 de julio pidiendo, también, la inhibición a Madrid y la acumulación de los dos escritos, el de Hazte Oír y Manos Limpias, en un mismo asunto.

El superior de ambos fiscales, el jefe de la provincial de Badajoz José Luis Alonso Tejuca recogió las comunicaciones internas que se produjeron en dichos días y las conclusiones definitivas. De tal manera que, en el oficio que ha remitido a Pedraz, tal y como avanzó El Debate el pasado lunes, consta que el 19 de junio Yebra Rovira envió al fiscal jefe por correo electrónico a las 9:22 y por WhatsApp a las 9:39 la querella que originó las DP 929/25, añadiendo a media mañana su informe de competencia territorial. Como resultado de lo anterior, el 20 de junio, Villafañe, entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la FGE, envió un documento teórico a Tejuca, acompañado de jurisprudencia, bajo el título: «Querella temeraria Hazte Oír Badajoz».

A su vez, el fiscal jefe lo reenvió por WhatsApp a Yebra Rovira y éste elaboró un nuevo informe -«inf.competencia territ. ampliado»- que envió de vuelta a su jefe a las 12:54. De nuevo, Tejuca, lo rebotó a Villafañe a las 15:02, con acuse de recibo del 'dos' de la Secretaría Técnica en Madrid, a las 18:34. En consecuencia, el juez instructor asumió el criterio del fiscal y se inhibió a favor de Madrid.

Cabe decir que, en el conjunto de los documentos aportados recientemente desde la Fiscalía al juez Pedraz y revelados en primicia por este diario, no constan capturas de los mensajes de WhatsApp con Villafañe -quien llegó a estar investigado en el Supremo por su presunta implicación en el caso de la revelación de datos reservados de González Amador- porque su móvil tiene activado el temporizador de borrado cada 24 horas, para este tipo de comunicaciones que no dejan rastro.

Por su parte, desde la Fiscalía General del Estado afirman que en estos asuntos solo se usó el correo corporativo Outlook como medio de comunicación, sin que consten notas internas, convocatorias, reuniones, videoconferencias ni oficios (estos últimos se tramitan en sede judicial) de ningún tipo. Tampoco existen visados preceptivos del fiscal jefe sobre los informes de competencia territorial, ni se ha podido aportar registro de las llamadas que se produjeron en esos días, ya que el Ministerio Público como tal, no tiene acceso a los teléfonos fijos -que son titularidad de la Gerencia Territorial de Justicia- y el móvil personal del fiscal jefe solo conserva, casualmente, los registros posteriores al 21 de junio de 2026. Si bien es cierto que no ha cambiado de terminal en tres años.

Lo que ha llevado a sospechar de la posible injerencia del denominado 'equipo de Fortuny' en la tramitación de la acción judicial de Hazte Oír, sobre el espionaje a la jueza Biedma que, supuestamente, se quiso 'torpedear'.

«La documentación» entregada por la propia Fiscalía al magistrado de la Audiencia Nacional -que ha admitido incorporar a la magistrada, como presunta perjudicada por las cloacas- «vendría a confirmar» que se trató de «neutralizar» la querella, plantea Hazte Oír, al hilo de la persecución a la magistrada que, finalmente, se ha concretado en supuestos contactos de Díez y Sáenz de Tejada con un clan de narcotraficantes para darle un «sustillo» o hasta «eliminarla».