Vox lleva al Supremo los documentos ocultos de Justicia que extendieron la Ley de Nietos sin límite generacional

«¿Existe algún límite a esta cadena generacional?». La pregunta partió de los propios responsables consulares españoles encargados de tramitar las nacionalidades de la Ley de Memoria Democrática. Querían saber hasta dónde llegaba realmente el derecho que estaban aplicando. Y pusieron ejemplos para que no hubiera lugar a dudas: hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. La respuesta del Ministerio de Justicia fue igual de clara: no había límite generacional.

Así consta en uno de los dos oficios internos firmados en 2023 por la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, que Vox ha llevado esta mañana al Tribunal Supremo como nueva prueba. El abogado del Estado y vicepresidente de la formación, Jorge Buxadé, firma los escritos que han presentado ante la Sección Cuarta: uno para combatir el recurso con el que la Abogacía del Estado pretende levantar las cautelares y otro para incorporar estos documentos hasta ahora desconocidos y solicitar nuevas diligencias, incluida la declaración como testigo de Puente.

Se trata de documentos muy relevantes y hasta ahora desconocidos porque permiten saber qué instrucciones recibieron los consulados cuando comenzaron a plantear dudas sobre el alcance de una norma que estaba abriendo la nacionalidad española a cientos de miles de descendientes.

El documento decisivo está fechado el 22 de mayo de 2023. En su página 3 aparece la pregunta de los responsables consulares. Habían planteado ya meses antes si existía algún punto en el que se detuviera el derecho a obtener la nacionalidad y ahora exigían una respuesta concreta: si los hijos de quienes se nacionalizaban podían transmitir a su vez el mismo derecho a sus propios hijos y continuar así sucesivamente.

La página siguiente despeja cualquier duda. Justicia dejó escrito que ni la Ley de Memoria Democrática ni la Instrucción dictada para aplicarla habían establecido «ningún requisito dirigido a limitar generacionalmente el ejercicio de este derecho».

Pero el oficio va todavía más lejos porque explica con un ejemplo cómo funcionaría esa cadena. Si un ciudadano nacido en 1930 obtenía la nacionalidad española por las leyes de Memoria Histórica o Memoria Democrática, sus hijos mayores de edad nacidos en 1950 podían obtenerla también. Si éstos tenían hijos mayores nacidos en 1970 u 1980, éstos podían volver a optar. Y una nueva generación nacida en el año 2000 podía hacer exactamente lo mismo. La única generación que quedaba fuera en el ejemplo eran los nacidos en 2020 porque todavía eran menores de edad. El propio documento explica qué vía jurídica debían utilizar las sucesivas generaciones.

No es, por tanto, una interpretación que Vox haya construido ahora para su batalla judicial. Es la respuesta oficial que la Dirección General de Justicia dio a los consulados cuando éstos preguntaron expresamente dónde terminaba la cadena.

La siguiente generación, antes incluso de resolver la anterior

El segundo documento que Vox lleva al Supremo permite retroceder cuatro meses y comprobar cómo se llegó hasta allí. El 18 de enero de 2023, apenas tres meses después de publicarse la Instrucción que desarrolló la Ley de Memoria Democrática, Sofía Puente contestó a otra batería de dudas remitidas desde Asuntos Consulares.

Una de ellas planteaba un problema muy fácil de entender: para que un hijo mayor pudiera solicitar la nacionalidad porque su padre acababa de convertirse en español, ¿tenía que esperar a que la nacionalidad de su progenitor estuviera ya concedida? Justicia respondió que no.

La Dirección General había consultado previamente a la Abogacía General del Estado, que emitió un informe el 10 de enero de 2023. Sobre esa base comunicó que podían admitirse las solicitudes de los hijos aunque todavía no hubiera sido resuelto favorablemente el expediente de sus padres.

Había una condición importante: el progenitor tenía que haber presentado previamente su solicitud y el expediente del hijo debía quedar paralizado hasta que se resolviera el primero.

No podía hacerse español al hijo antes que al padre. Pero sí podía ponerse ya en marcha la siguiente generación mientras todavía se estaba tramitando la anterior.

Cuatro meses después llegó la segunda pregunta: si el procedimiento podía repetirse con los hijos de esos hijos. La contestación del 22 de mayo confirmó que no existía el límite generacional por el que preguntaban los consulados.

Los dos documentos juntos permiten reconstruir así una secuencia administrativa que hasta ahora permanecía fuera del debate público.

Vox quiere que Sofía Puente lo explique ante el Supremo

Vox asegura haber conocido los dos oficios mientras preparaba su respuesta al recurso presentado por la Abogacía del Estado contra las medidas cautelares adoptadas por el Supremo el pasado 10 de septiembre. Ahora los incorpora a la causa como «hechos nuevos o de nueva noticia» y pide algo más: que Sofía Puente declare como testigo ante la Sala. También reclama la testifical del responsable de Asuntos Consulares que recibió aquellos oficios y que el Gobierno entregue todas las preguntas que originaron las respuestas.

La trascendencia es evidente. Hasta ahora conocíamos el texto de la Ley de Memoria Democrática y la polémica Instrucción de 25 de octubre de 2022 que amplió su aplicación. Ahora aparecen documentos que permiten conocer qué ocurrió después, cuando los consulados empezaron a encontrarse con las consecuencias prácticas de aquella interpretación. Por eso Vox quiere seguir ese camino hasta el final: las urnas.

De la nacionalidad al censo electoral

La otra gran petición que la formación formula al Supremo consiste en obligar a Justicia, Exteriores y la Oficina del Censo Electoral a cruzar sus datos. La pretensión se entiende mejor sin terminología administrativa: Vox quiere saber qué ocurrió con cada uno de esos expedientes después de concederse la nacionalidad. ¿En qué consulado se tramitó? ¿Cuándo se concedió? ¿Cuándo se inscribió al nuevo español en el consulado? ¿Cuándo entró en el censo exterior? Y, sobre todo, ¿en qué municipio y provincia española quedó inscrito para votar? Para conseguirlo solicita una tabla anonimizada que permita seguir cada expediente desde la solicitud hasta su eventual alta en el CERA y su circunscripción electoral.

Es el nexo que hasta ahora faltaba entre las cifras de nacionalizaciones y las cifras electorales. Obtener la nacionalidad no convierte automáticamente a una persona en elector del CERA. Existen varios pasos intermedios. Precisamente por eso Vox quiere que las Administraciones crucen por primera vez toda la información y determinen cuántos expedientes recorrieron efectivamente el camino completo.

La incógnita de 369.017 personas

El problema aparece incluso en la documentación que la propia Abogacía del Estado ha presentado para intentar levantar las cautelares. Uno de esos documentos contabiliza 369.017 personas. Vox sostiene que no queda claro si son personas que ya han obtenido la nacionalidad o electores que han terminado efectivamente incorporados al CERA. Por eso pide que el Gobierno lo aclare y diga cuántos están ya inscritos en el censo exterior, cuántos se encuentran todavía en pasos administrativos anteriores y cuántos faltan por incorporarse. También reclama el desglose por países y consulados.

Hay más cifras que pretende abrir. Solicita clasificar 168.896 expedientes y 96.895 solicitudes aprobadas pendientes de inscripción para saber cuáles acreditaron individualmente el exilio, cuáles se beneficiaron de la presunción de exilio establecida administrativamente y cuáles fueron admitidos mediante la interpretación que no exigía acreditar esa condición. Y hace una petición equivalente respecto de 195.872 nacionalidades y 134.405 solicitudes aprobadas pendientes de inscripción correspondientes a los hijos mayores, reclamando que se identifique cuántas proceden de las sucesivas generaciones que ahora han aparecido en los oficios internos.

Una nueva batalla dentro de la batalla

Todo esto llega al Supremo precisamente cuando el Gobierno intenta que la Sala dé marcha atrás en las cautelares acordadas el 10 de septiembre. En su otro escrito, Vox pide que se rechace íntegramente el recurso de reposición presentado por la Abogacía del Estado y que las medidas permanezcan vigentes «sin restricción ni modulación». El Supremo tendrá que decidir ahora si admite las nuevas pruebas, si reclama al Gobierno los datos solicitados y si cita a declarar a Sofía Puente. Pero los documentos incorporan ya un elemento que hasta ahora permanecía oculto en los despachos del Gobierno. Cuando los propios consulados preguntaron dónde terminaba el derecho a adquirir la nacionalidad, Justicia no dejó la cuestión abierta. Respondió que no existía ningún requisito que limitara generacionalmente su ejercicio. Y explicó por escrito cómo podían sucederse una generación tras otra.