Más construcción y control de fronteras: las recetas de Vox ante la crisis de vivienda

La premisa de la que parte Vox a la hora de hacer su diagnóstico y proponer soluciones a la crisis de vivienda que afecta a los españoles, especialmente a los jóvenes que buscan emanciparse, es que para hablar de vivienda hay que hablar necesariamente de inmigración. La formación de Santiago Abascal recalca que las políticas de fronteras abiertas que se han aplicado y el fomento «irresponsable» de la inmigración masiva han llevado a un incremento de la demanda que unido a la falta de construcción ha provocado un desequilibrio entre oferta y demanda que consecuentemente lleva al aumento de los precios y a que para muchos sea inasumible adquirir una vivienda, o incluso alquilarla. Algo que se ha agravado, de acuerdo con su diagnóstico, con las regulaciones impulsadas por el Gobierno sobre los alquileres.

Es lo que ha expuesto estos últimos días, a raíz del debate que se ha generado con los desahucios y los decretos aprobados por el Consejo de Ministros, que Vox rechaza, el portavoz del partido en materia de Vivienda, el diputado Carlos Hernández Quero, que lo ha resumido así: «Todo análisis del problema de la vivienda (escasez, precios, acceso, hacinamiento, expulsión del mercado de millones de personas, especulación) que ignore la inmigración es una estafa».

El parlamentario de Vox explicaba este miércoles, en una entrevista en El programa de Ana Rosa, de Telecinco, que en España entran anualmente 1,2 millones de personas –indicó que el año pasado entraron en nuestro país más de los que entraron en Francia, Italia, Dinamarca, Bélgica y Holanda juntos– y se construyen menos de 90.000 viviendas al año, lo que se traduce en altos precios, imposibles para muchos. Y señalaba que medidas como la del decreto que pretende convalidar el Ejecutivo de Pedro Sánchez este viernes en un Pleno extraordinario son las que hacen que cada vez haya menos oferta en el mercado. Así, Vox aboga por construir más vivienda, controlar las fronteras y llevar a cabo un proceso de remigración, de manera que se vayan de España quienes han venido ilegalmente y quienes delinquen pero también los que han venido a vivir de las ayudas sin contribuir.

El año pasado la formación que lidera Abascal presentó su programa de Economía y de Vivienda y en él ya hacía una exposición de este diagnóstico y planteaba varias propuestas. Ante la poca oferta, ampliar el suelo disponible para construir, reducir la burocracia y las trabas durante la construcción, derogar las medidas «intervencionistas» en el mercado de alquileres y aplicar una política de «mano dura» con la okupación y la inquiocupación, construir muchos bloques de vivienda protegida para familias españolas.

Por otro lado, Vox quiere aplicar la prioridad nacional en el acceso a la vivienda social y protegida, con el arraigo y el tiempo que ha estado la familia en España como criterios, y aplicar también una fiscalidad distinta para los compradores extranjeros para tratar de evitar que haya una compra masiva de vivienda por parte de capital extranjero. Y por otra parte, eliminar el IVA en la compra de primera vivienda o reducir al mínimo el impuesto de transmisiones patrimoniales, y también conceder avales públicos para la compra de una vivienda, entre otras medidas.

Contra el decreto de Sánchez

Vox ya ha avanzado su rechazo a los decretos que lleva el Gobierno al Pleno de mañana para su convalidación al considerar que se trata de la «penúltima estafa» del Ejecutivo de Sánchez, que busca, según denuncia el partido de Abascal, «presentarse como solución al problema de la vivienda cuando ellos mismos son los causantes de que haya gente desahuciada y jóvenes que no pueden acceder a una vivienda ni pueden emanciparse». Así lo criticó esta semana la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, que reprochó a los socialistas su inacción en esta materia durante los ocho años que llevan en el poder, aludiendo en concreto al hecho de que no se ha construido vivienda social, ni se han bajado los impuestos y se ha tensionado el mercado por una inmigración «desorbitada».

Sobre el decreto ley que se publicó este mismo miércoles en el BOE, Carlos Hernández Quero criticó varios puntos del mismo que, según explicó, van a suponer una subida de precios, por lo tanto se agravaría el problema actual: las deducciones en el IRPF para los inquilinos, que van a hacer que los que alquilan sepan que el inquilino tiene más dinero; los préstamos a tipo cero cero para el comprador, que provocarían el mismo efecto; los 50.000 euros para la entrada en la compra de una vivienda; o la suspensión de los desahucios, que conlleva que nadie quiera alquilar a las personas vulnerables.