El 'decreto Maricarmen' divide a Junts: Jordi Turull tira hacia el 'sí' pero sus diputados quieren tumbarlo

Es 1 de octubre y, esta vez, Carles Puigdemont no ha convocado un referéndum ilegal. Pero sí a la Ejecutiva de su partido. La cúpula de Junts celebrará este jueves a las 21 horas una reunión telemática para discutir el sentido de su voto en la convalidación de los dos reales decretos leyes de vivienda que el Pleno del Congreso votará este viernes. Aunque, en realidad, solo tienen dudas respecto a uno, el decreto Maricarmen, que es el que el Ministerio de Vivienda ha negociado con ellos. En el otro, el de la prórroga automática de los contratos de alquiler, su voto será un ‘no’.

Junts está acostumbrado a la presión externa, puesto que sus siete votos casi siempre son decisivos para decantar la balanza de un Parlamento partido en dos desde que arrancó la legislatura. Sin embargo, en esta ocasión la presión es también interna.

Dentro de la formación hay debate sobre qué decisión adoptar. La norma es una chapuza legislativa, en eso coinciden todos sus dirigentes, pero es que la formación independentista es experta en negociar suculentas contrapartidas a sus votos. En otras palabras: la negociación al más alto nivel no va solo de un real decreto ley de vivienda. Con Junts, ninguna negociación va solo de lo que parece que va.

Por eso, el secretario general del partido, Jordi Turull, es el principal partidario de convalidar una norma que prohíbe los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2030 y prorroga los contratos en vigor hasta el 31 de diciembre de 2028. Sin embargo, en el grupo parlamentario que comanda Míriam Nogueras en el Congreso se inclinan por el ‘no’.

Lo que mueve a los de Carles Puigdemont entre dos aguas es que en ese decreto ley hay varias victorias de Junts. Porque los independentistas llevaban desde junio negociando con Vivienda una norma que viniera a suplir los tres reales decretos leyes sobre la materia que han tumbado al Gobierno en lo que va de año.

Entre esas concesiones a Junts están: deducciones en el IRPF para los propietarios que no suban el alquiler; excepciones a la prohibición de los desahucios en caso de que el propietario acredite vulnerabilidad y tenga dos o menos viviendas; un IVA a los pisos turísticos del 10 %, en lugar del 21 % como quería la izquierda; una excepción catalana a la regulación del alquiler de habitaciones, porque Cataluña tiene su propia normativa al respecto, y ayudas a la compra de la primera vivienda para financiar hasta el 20% de su valor.

Cabe recordar que, la próxima semana, el Tribunal Constitucional alfombrará definitivamente la vuelta de Puigdemont a España, al fallar a favor de que la malversación también sea amnistiable (en contra de la interpretación del Tribunal Supremo). El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, deseó en el último Pleno que Puigdemont pueda estar «en el próximo debate».

El miércoles, Arnaldo Otegi viajó a Waterloo para reunirse con Puigdemont y convencerlo de que sus diputados votaran a favor este viernes. Aunque, oficialmente, el líder de Bildu y el de Junts se vieron para «poner en común los retos que enfrentan nuestros pueblos en un contexto cada vez más cambiante e incierto», según Otegi.