El Sindicato de Inquilinas de Sol forma parte de una red que ha recibido 3,7 millones de las administraciones socialistas

El Gobierno de Sánchez y las administraciones socialistas catalanas han destinado casi millones de euros a distintos nodos y proyectos de un ecosistema político-activista de izquierda radical y anticapitalista que conecta la antigua «cantera» de Colau, el movimiento por la vivienda y las actuales redes estatales e internacionales de movilización e incidencia. El ministerio de Exteriores de José Manuel Albares ha concedido 670.547 euros al proyecto presentado por Entrepueblos con el Observatori DESC como entidad agrupada. Y a esa financiación estatal se suman millones procedentes de la Generalitat presidida por Salvador Illa, y del Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona, administraciones también regidas por el PSC. El movimiento inquilino que planta ahora su protesta en Sol pese a que Cataluña registró en 2025 casi tres veces más desahucios que Madrid tiene su nació en buena medida alrededor del activismo barcelonés por la vivienda, llevó parte de sus cuadros a las instituciones con Ada Colau, participó después en la creación del sindicalismo inquilino y se ha extendido mediante redes estatales e internacionales.M

De la «cantera» de Colau al Sindicato de Inquilinas

Observatori DESC es una conocida organización en la política española. Ada Colau trabajó durante años allí y una memoria de 2012 la identifica simultáneamente como integrante del Observatori y portavoz de la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH) que la llevó a la fama vestida de SuperVivienda. Gerardo Pisarello fue vicepresidente antes de convertirse en primer teniente de alcalde de Colau; Jaume Asens perteneció a su junta; Gala Pin trabajó en comunicación y Vanesa Valiño, que había dirigido DESC durante años, se incorporó al consistorio barcelonés como asesora de Vivienda. La concentración fue suficiente para que El País definiera al Observatori como una «cantera» del nuevo gobierno de Colau.

Pero la historia no termina con la llegada de la izquierda radical al poder municipal. DESC mantuvo su estrecha relación con la PAH y participó posteriormente en la génesis del sindicalismo inquilino catalán. Durante el otoño de 2016 comenzaron en Barcelona las reuniones que desembocarían en la creación del sindicato de inquilinas catalán denominado Sindicat de Llogateres de Cataluña y el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid. Ambos sindicatos nacieron públicamente a la vez y de forma coordinada el 12 de mayo de 2017: la prensa de aquellos días anunció expresamente su lanzamiento conjunto y, en el acto fundacional madrileño, al que asistieron alrededor de un centenar de personas, ya aparece Ernesto García como portavoz del sindicato, acompañado por Lidia Posada, de la Asociación Libre de Abogados; Mercedes Revuelta, portavoz de la PAH; una activista de PAH Usera identificada como Alicia; y Raquel Rodríguez, profesora de la Escuela de Arquitectura de Madrid.

La conexión continuó en febrero de 2023. Observatori DESC, Entrepobles y el Sindicato de Inquilinas catalán publicaron conjuntamente el Manual de autodefensa frente al acoso inmobiliario, con herramientas de denuncia y actuación colectiva.

«El capitalismo no puede resolver» la vivienda

El Sindicato de Inquilinas catalán, su homólogo de Madrid y la PAH forman parte actualmente de la European Action Coalition for the Right to Housing and the City (EAC). Y el programa político de esta red internacional no deja demasiado espacio para la interpretación. En su manifiesto para las elecciones europeas de 2024 sostiene que «las crisis de la vivienda creadas por el capitalismo no pueden resolverse en el capitalismo», reclama sacar vivienda y suelo de la lógica mercantil y plantea la socialización de la propiedad del suelo y de las grandes empresas inmobiliarias.

El propio Sindicato de Inquilinas catalán define como su «objetivo final» la «desmercantilización de la vivienda».

Es dentro de este ecosistema político donde adquiere otra dimensión el lenguaje de movilización, enfrentamiento y lucha antisistema.

Sánchez entra con 670.547 euros

La financiación directamente atribuible al Gobierno central aparece en noviembre de 2023. AECID, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, resuelve el expediente 2023/PRYC/000545. El solicitante es Asociación Entrepueblos y Observatori DESC figura como entidad agrupada. La cantidad concedida asciende a 670.547 euros. Y, agárrense al nombre del proyecto: «Propuesta integral hacia una transición ecosocial justa basada en el desarrollo rural, intercultural y ecofeminista en diálogo con el sur». Pertenece a la modalidad de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global. Un proyecto vital para el futuro de los españoles.

Generalitat, Ayuntamiento y Diputación: el grueso de la financiación

El Gobierno de Sánchez no está solo. El grueso de los más de 3,7 millones documentados procede de administraciones catalanas, precisamente el territorio donde nació este ecosistema político y asociativo.

La Generalitat de Cataluña, a través de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), concedió 699.849 euros para el periodo 2022–2024 a un proyecto presentado por Entrepobles con Observatori DESC como entidad agrupada. El título vuelve a describir la finalidad política: «Incidència ciutadana transformadora per la justícia global...».

La misma cooperación catalana ha financiado además tres grandes programas del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) por 999.750,53 euros: 299.750,53 euros en 2019–2020, 350.000 en 2021–2022 y otros 350.000 en 2023–2024. En el primero, destinado expresamente a actuaciones de «incidencia», Observatori DESC vuelve a aparecer como entidad agrupada.

A ello se suma el Ayuntamiento de Barcelona. Los datos de transparencia recopilados hasta finales de 2023 sitúan en más de 1,1 millones de euros las subvenciones y convenios municipales concedidos a Observatori DESC desde 2019. Esa financiación no nació con Colau —existía anteriormente—, pero continuó durante sus mandatos y después. En 2020, por ejemplo, el Ayuntamiento concedió 74.217,61 euros para «Right to housing, coherencias y fondos buitres en #Bcn: un pulso para la Justicia Global urbana».

Y todavía aparece una tercera administración: la Diputación de Barcelona, que concedió 95.000 euros a ODG para 2025–2026 en un proyecto de investigación, formación, sensibilización e incidencia política que conecta además con organizaciones latinoamericanas.

El Ayuntamiento vuelve a aparecer en proyectos de ODG: uno desarrollado entre diciembre de 2024 y noviembre de 2026 cuenta con 80.000 euros de financiación local y enumera literalmente entre sus actividades «campañas de comunicación», incidencia en políticas públicas y «planes de incidencia pública, movilización y trabajo en red». Otra concesión municipal localizada en 2025 asciende igualmente a 80.000 euros.

Colau vuelve a escena

Once años después de que DESC fuera descrito como la «cantera» de su gobierno, Ada Colau vuelve simultáneamente al debate de la vivienda y al de la reorganización de la izquierda. La exalcaldesa acaba de anunciar que abandona el piso de alquiler donde llevaba más de quince años porque, tras su separación, «con un sueldo no podía» pagarlo y «le costaba llegar a fin de mes». Asegura que se ha trasladado a compartir vivienda con un familiar. Lleva también ya meses reclamando la reunificación de la izquierda alternativa al PSOE. Ha pedido un «frente democrático amplio», celebró la propuesta de Gabriel Rufián de construir un nuevo espacio y reclamó «sentarse ya» para levantar una fórmula «donde no sobre nadie». El secretario general del PCE, Enrique Santiago, acaba además de celebrar su disposición a regresar a primera línea dentro de ese Frente Amplio.

Ahora están de vuelta. Pero esta vez su entramado llega cargado de millones sufragados por todos los españoles a través de las distintas administraciones. Son casi cuatro millones de euros de fondos públicos. Activismo, poder político y movimiento de inquilinos conectados por estructuras regadas y sobradamente engrasadas. El Sindicato de Inquilinas de Madrid asegura que no recibe subvenciones públicas. Pero mirar únicamente sus cuentas deja fuera las organizaciones con las que este movimiento comparte herramientas, campañas y redes. Esa es la nueva trampa.