La legislatura entra en erupción tras el rechazo de Junts a los dos decretos de vivienda

Junts bajó el pulgar después de celebrar una Ejecutiva telemática convocada de urgencia ante el Pleno extraordinario de este viernes. La formación de Carles Puigdemont decidió votar en contra de los dos reales decretos leyes que aprobó el Consejo de Ministros el martes, abocando ambos a su derogación inmediata. Y dejando la legislatura en un momento tan incierto como crítico, puesto que el PSOE, Sumar y toda la izquierda han empujado mucho para que al menos uno saliera adelante: el de la prohibición de los desahucios a colectivos vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2030 y la prórroga de los alquileres en vigor hasta el 31 de diciembre de 2028.

En un comunicado, la formación independentista instó a Pedro Sánchez a retirar los textos antes de su votación y presentar un decreto ley negociado que realmente solucione los problemas de la vivienda. La respuesta del Ejecutivo llegó a través de otro comunicado enviado sobre las 23.30 horas: «El Gobierno de coalición progresista ha acordado NO retirar ninguno de los dos reales decretos de vivienda. Contienen medidas eficaces para frenar la especulación, poner coto a los fondos buitre, facilitar el acceso a la primera vivienda, fomentar los alquileres asequibles y frenar los desahucios sin dañar a los pequeños propietarios», defendieron en la Moncloa. «La utilidad de estas medidas se han demostrado hoy mismo, cuando el decreto ya en vigor ha servido para evitar que Macarena, una vecina de Barcelona, perdiera su casa», añadieron.

Llegados a este punto, a Sánchez le interesa que este viernes se produzca y se visibilice en el hemiciclo el choque de trenes entre la izquierda y la derecha, mientras en la Carrera de San Jerónimo hay convocado un Rodea el Congreso por el Sindicato de Inquilinas. La nota de prensa de la Moncloa lo deslizaba así: «Ha llegado la hora de que PP, Vox y Junts se retraten y demuestren si, en materia de vivienda, están con la ciudadanía o con los especuladores. Con las clases medias y trabajadoras o con las élites. ⁠España ya no puede esperar más. Necesita soluciones y una política de vivienda valiente».

¿Hacia una convocatoria electoral?

La legislatura ha entrado en erupción. En los mentideros políticos circula la teoría de que esta podría ser la ventana de oportunidad que estaba buscando Sánchez para disolver las Cortes y convocar las elecciones. Uno de los primeros en proponerlo abiertamente fue el que será el número dos de Mónica García en las elecciones madrileñas, Emilio Delgado: «Si cumplen la amenaza, a elecciones. Con un acuerdo de todas las fuerzas progresistas de profundización democrática: vivienda, reparto de la riqueza y transición ecológica y energética», resumió en X.

El desahucio de Maricarmen ha movilizado a la izquierda más que Palestina y resucitado a un Sumar mortecino. Pero de ahí a que liquide voluntariamente la legislatura y decida pasar por las urnas antes que sus candidatos en ayuntamientos y comunidades hay un salto. Porque, además, lleva ocho años gobernando y la crisis de la vivienda ha ido de mal en peor en este tiempo.

Como ya adelantó El Debate, los diputados que comanda Míriam Nogueras eran partidarios de tumbar los dos decretos leyes, el del Ministerio de Vivienda y el de Sumar, cuando leyeron los textos definitivos y comprobaron que eran un ataque contra la propiedad privada y un bodrio legislativo. O como rezaba su comunicado: «Suponen la expropiación por decreto del ahorro de tres generaciones de familias». Pero el secretario general de Junts, Jordi Turull, veía riesgos en oponerse. Al final, Puigdemont marcó el camino, como siempre.

En la nota enviada a la prensa, la formación independentista justificó su negativa a ambos decretos en que muchas de las medidas incluidas provocarán el efecto contrario de lo que pretenden: «Reducirán la oferta de viviendas de alquiler, incrementarán los precios y dificultarán aún más el acceso a la vivienda de las personas con menor capacidad económica». Para Junts, tampoco frenan a los fondos buitre ni resuelven la compensación a los pequeños propietarios que no puedan desahuciar a sus inquilinos por ser vulnerables.

A diferencia de otras ocasiones, en este caso Junts llevaba negociando con el Ministerio de Isabel Rodríguez desde junio, y había conseguido que el PSOE aceptara algunas de sus demandas. Entre ellas, deducciones en el IRPF para los propietarios que no subieran el alquiler y un IVA a los pisos turísticos del 10 %, en lugar del 21 % como quería la izquierda. Sin embargo, las concesiones a la izquierda han ido demasiado lejos para que Puigdemont las tragara sin más.

Aunque permitiera la investidura de Sánchez a cambio de la ley de amnistía, Junts nunca ha dejado de ser un partido de derechas. Uno muy agobiado por la presión de Aliança Catalana, además, que también ha pesado en esta decisión. En eso se diferencia del PNV, que no tiene a su derecha un partido que le esté robando a sus bases. Los de Aitor Esteban habían anunciado este jueves por la tarde un «apoyo crítico» al decreto del PSOE, argumentando que «frena abusos y mejora la situación de pequeños propietarios». El ‘no’ de sus vecinos catalanes los deja colgados de la brocha.

Aunque el Gobierno culpe a «las derechas» de la doble derrota de este viernes, no hay más que ver los números: con estos dos, serán cinco los decretos leyes sobre vivienda que el Congreso ha tumbado en lo que va de año. Porque antes que estos ya cayeron dos veces la moratoria antidesahucios y una vez la prórroga de los contratos hasta finales de 2027, todos ellos con los votos del PP, Vox, Junts y UPN.

Desde que el martes el Consejo de Ministros aprobó ambas normas, el presidente había aprovechado todas sus intervenciones públicas para solicitar a los grupos parlamentarios que apoyaran los decretos por «humanidad». Incluso pidió el voto para ellos delante del Rey, este jueves en su discurso en la inauguración del Foro La Toja de este año.

Una vez que se produzca la votación, en torno a las tres de la tarde de este viernes, la pelota volverá a su tejado.