El Constitucional será clave para la estrategia de Sánchez: aprobar un nuevo decreto de vivienda con adelanto electoral y frenar la vuelta de Puigdemont

El Tribunal Constitucional (TC) será clave en la estrategia que Pedro Sánchez podría dar a conocer este mismo lunes para el futuro de la legislatura, tras sus tres últimos días de reflexión. Y es que sí, como apuntan desde Moncloa, los planes del presidente pasan por un adelanto electoral vinculado a la aprobación de un nuevo decreto sobre vivienda; en la Diputación Permanente del Congreso, la última palabra sobre la validez de la maniobra quedará en manos de la Corte de Garantías que preside Cándido Conde-Pumpido. No en vano, la fórmula que explora el Gobierno socialista genera muchas reticencias entre los juristas quienes consideran que, de consumarse el mecanismo, estaríamos ante un Ejecutivo legislando «en contra del parlamento».

El ordenamiento español permite que, en los períodos entre legislaturas, tras la disolución de las Cámaras, la Diputación Permanente del Congreso, conformada por un total de 69 diputados, asuma las facultades correspondientes al Pleno en lo relativo a la aprobación o la derogación de decretos. Si bien esta posibilidad tiene que responder a una urgente necesidad que «no se cumple» en este caso concreto. Por lo que, si Sánchez registra un tercer texto para ponerlo en marcha por este cauce, apenas 72 horas después de que la mayoría de la Cámara Baja rechazase las dos propuestas anteriores, sería una «aberración democrática», advierten los expertos. Y, llegados a este punto, sería el TC de mayoría izquierdista el que tendría que pronunciarse, en último término, para dar luz verde al plan de Sánchez que, previsiblemente, contaría con el aval de un órgano que, a lo largo de las dos últimas legislaturas y pese a la polémica, ha estirado en no pocas ocasiones los límites constitucionales.

Sánchez es consciente de que para salir airoso de este nuevo intento, solo necesitaría el apoyo de 35 diputados de los que componen la Diputación Permanente, una mayoría simple, y que cuenta con ellos dado que los miembros del Partido Popular, Vox y Junts que forman parte de la misma no superan los 34 miembros.

Ante este escenario, el presidente se presentaría como el gran valedor de la vivienda en España, tras ocho años de Gobierno en los que no ha cumplido ninguna de las promesas electorales en la materia y se permitiría retratar, de nuevo, al bloque de «las derechas» como el enemigo de un derecho fundamental que en esta ocasión, le permitiría convocar elecciones generales con un éxito bajo el brazo, pero las calles activadas, paradójicamente, en contra de la oposición, entre la que situaría ya a sus socios de Junts.