El miembro de Los Rocho que dice que el plan era matar a la juez del hermano de Sánchez dice que les ofrecieron ventajas con Hacienda

El miembro de Los Rocho que ha admitido a El Debate el espionaje a la magistrada Beatriz Biedma, la jueza que instruyó la causa de David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegura que a cambio de colaborar con el encargo contra la magistrada les ofrecieron ventajas con Hacienda. Es la primera vez que alguien del entorno del clan al que se ofreció el encargo detalla en qué consistía exactamente la contraprestación que la red de Leire Díez puso sobre la mesa.

«A la señora Beatriz porque lleva el caso de Pedro Sánchez y porque se beneficiaban de cuestiones fiscales», responde el narcotraficante Moto Ratón al ser preguntado por el motivo del interés en la magistrada. La frase contiene dos datos relevantes que conviene separar. El primero, ya conocido pero ahora confirmado desde dentro del propio clan, es que el interés de la red liderada por Leire Díez en Biedma no era otro que proteger a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, apartando a la magistrada que instruía su causa. El segundo es nuevo, que la contrapartida ofrecida a Los Rocho por colaborar en el encargo no se limitaba a cuestiones judiciales o penitenciarias, sino que incluía, según su testimonio, «cuestiones fiscales».

Hasta la fecha, las informaciones conocidas sobre los contactos entre la red de la fontanera y los clanes de narcotraficantes de Badajoz habían situado la contraprestación en el terreno de los beneficios penitenciarios para familiares de Los Rocho con causas abiertas. Nunca antes había trascendido que sobre la mesa se hubiera puesto también algún tipo de ventaja con la Agencia Tributaria. Se trata, por tanto, de una derivada de la investigación completamente nueva y desconocida hasta ahora, que abre una vía de pesquisa distinta a la ya conocida. Según ha podido saber este periódico, la oferta fiscal estaba relacionada con dinero del propio clan que permanece bloqueado por Hacienda.

Esta afirmación desliza la existencia de posibles tentáculos del grupo de Leire Díez en el Ministerio de Hacienda o en la cúpula de la Agencia Tributaria, organismo que ha registrado varios casos de corrupción en los últimos años. El último de ellos, el de José Antonio Marco Sanjuán, ex 'tres' de María Jesús Montero, exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Hacienda, que está imputado por un delito de cohecho por cobrar comisiones ilegales de empresarios a los que anulaba pleitos fiscales.

El propio Sáenz de Tejada es, según consta en el escrito de alegaciones presentado por la defensa de Biedma ante la Audiencia Nacional, el autor de la campaña de descrédito más intensa desplegada contra la magistrada a través de su canal de YouTube, Magistrado Anticorrupción TV. En uno de los vídeos con más repercusión, el publicado el 12 de diciembre de 2024 y que supera las 38.000 visualizaciones, Sáenz de Tejada llama a Biedma «cínica», «cordobesa asintomática» y llega a decirle: «quieres hacer un totum revolutum para salvar tu culito jurídico». En ese mismo vídeo, el exjuez afirma conocer el colegio al que acuden los hijos de la magistrada y que asiste a las reuniones que allí se celebran.

El tono de los vídeos se agrava en los meses de febrero y marzo de 2025, coincidiendo con los intentos de Sáenz de Tejada de personarse en la causa contra David Sánchez y de recusar a la propia Biedma. En el vídeo del 14 de febrero de 2025, titulado «Desmontamos a la jueza Beatriz Biedma: ¡Acabada! ¿Se autoimputa?», llega a advertirle: «Te van a venir más sorpresitas». Semanas después, al anunciar una conferencia en la Universidad de Córdoba, ciudad natal de la magistrada, insiste: «En su ciudad vamos a exponer lo que ella hace», «esperamos Beatriz que no te moleste», «si quieres te esperamos allí, en Córdoba». En varios vídeos repite además, de forma reiterada a lo largo de los últimos dos años, que Biedma es una «reconocida violadora de derechos fundamentales», una expresión que, según precisa el propio escrito de la defensa, se basa en una sentencia del Tribunal Constitucional de 2021 que anuló un único auto suyo de 2019, y que nada tiene que ver con los hechos que ahora se investigan en esta causa.

Este testimonio se suma al que publicó El Debate, donde el propio Moto Ratón explicaba qué se escondía realmente detrás de las palabras que había manejado la red de Leire Díez para referirse a la magistrada. Preguntado por el verdadero sentido de expresiones como «eliminarla» o «darle un sustillo», fue tajante: «Eliminar significa matarla. Un susto no la iban a dar». Una afirmación que, unida a este nuevo dato sobre las ventajas fiscales ofrecidas a cambio del encargo refuerza la tesis de que la operación contra Biedma no se limitó a una campaña de desprestigio o de presión mediática, sino que incluyó, según el relato de esta fuente, una negociación mucho más amplia y con contraprestaciones económicas concretas para quienes aceptaran ejecutarla.