Sánchez convoca elecciones con tres ases bajo la manga: amnistía, ley de nietos y el fraude de los decretos de vivienda

Pedro Sánchez ha disuelto las Cortes y ha convocado elecciones generales para el 29 de noviembre con dos cartas que la oposición considera ventajosas y que el calendario le ha puesto encima de la mesa. La primera es el censo electoral que regirá la cita, cerrado el 1 de agosto. La segunda es la vía de la Diputación Permanente para intentar rescatar los decretos de vivienda que el Congreso tumbó el viernes y que precipitaron el adelanto.

El artículo 39 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General fija que el censo de cada convocatoria es el cerrado el primer día del segundo mes anterior. Al anunciarse los comicios en octubre, la fotografía válida es la del 1 de agosto de 2026. Esa fecha no es neutra.

El 8 de septiembre la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo suspendió de forma cautelar los efectos electorales de buena parte de las inscripciones en el Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA) derivadas de la llamada ley de nietos, la disposición de la Ley de Memoria Democrática que facilita la nacionalidad a descendientes de españoles. La medida, adoptada a instancias de Vox e Iustitia Europa, exceptúa a quienes acrediten que el antepasado sufrió exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia. El alto tribunal habló de un «peligro fundado, real y serio» de que el incremento extraordinario del censo exterior afectara a la objetividad del proceso.

El problema es, por lo tanto, de calendario, de capacidad y de legalidad porque el censo ya estaba cerrado cuando llegó el auto del Alto Tribunal. De tal manera que las cifras que manejan las partes parten de los 170.000 expedientes a revisar, como mínimo, según el corte que se tome, de un CERA que ha crecido exponencialmente desde 2023. Los consulados, según informes conocidos por el propio Supremo, no están en condiciones de desglosar en semanas quién entra en la excepción y quién queda suspendido y, por su parte, tanto PP como Vox han pedido ya a la Junta Electoral Central que excluya del 29-N las inscripciones afectadas por la medida cautelar vigente.

Por su parte, Iustitia Europa, la entidad que denunció la trampa por la vía judicial, junto con Vox, ha acudido de urgencia al Supremo para que concrete cómo se ejecutará el auto de la Sala Tercera, ordenando congelar los efectos de las inscripciones de los nuevos españoles, dentro de un listado cerrado un mes antes.

El Gobierno, que calificó la suspensión de atropello, sostiene que el censo operativo es el de agosto. Si la identificación no llega a tiempo, una parte relevante de esos electores exterior podría votar pese a la cautelar. Esa es la primera baza: no depende de una nueva norma, sino de la imposibilidad práctica de depurar a tiempo un censo ya fijado.

La segunda se juega en la Diputación Permanente. El viernes, PP, Vox y Junts rechazaron en el Pleno los dos reales decretos-ley de vivienda. Uno concentra medidas contra desahucios de vulnerables, límites a operadores y ayudas a la compra de primera vivienda; el otro regula la renovación de contratos de alquiler. Sánchez presentó la derrota como bloqueo y convocó urnas.

La disolución no apaga del todo la Cámara: la Diputación Permanente, de 69 miembros, asume funciones urgentes. En ese órgano la aritmética cambia. El bloque que apoyó el primer decreto —PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y el escaño de Podemos en el Mixto— suma 35 frente a los 34 de PP, Vox y Junts. El Ejecutivo prevé reaprobar ambos textos en Consejo de Ministros, con ajustes, y remitirlos a convalidación en ese órgano, donde ya no necesita a Junts que depende de la decisión del Constitucional sobre la amnistía de la malversación para el regreso de su líder a España, sin ser detenido.

Así las cosas, durante las últimas horas se había barajado la posibilidad de que Cándido Conde-Pumpido retirase las ponencias de los recursos de Jordi Turull y de Dolors Bassa (que lleva su propia firma) para retrasar, como castigo, la vuelta del prófugo. Sin embargo, la maniobra de la Diputación Permanente, en la que Sánchez podría salir airoso sin el apoyo de los separatistas catalanes, abría una nueva ventana de oportunidad para Carles Puigdemont que podría estar mañana mismo en nuestro país, sin ser detenido, gracias al aval de la Corte de Garantías al borrado total del procés para los aún inhabilitados.

En ninguno de los tres casos las elecciones llega por una vía absolutamente despejada. El segundo decreto también recibió el voto en contra del PNV en el Pleno, de modo que en la Permanente quedaría en minoría. Fuentes jurídicas consultadas por la este diario han calificado el mecanismo de posible fraude de ley: reintroducir normas recién rechazadas aprovechando la composición distinta de un órgano residual. Pese a las denuncias públicas que arrojan un saldo antidemocrático a los planes de Sánchez, el presidente del Gobierno seguirá adelante con sus planes, si nada se lo impide: salvar, como mínimo, el paquete principal y llegar a la campaña con medidas de vivienda en vigor bajo el brazo. Un escenario en el que el líder de los socialistas podría presentar el adelanto electoral como respuesta a un bloqueo normativo de la «extrema derecha» que, sin embargo, él mismo va a encargarse de sortear por la puerta de atrás.

Las tres jugadas comparten la misma lógica 'sanchista'. Por una parte, el censo de agosto deja en el aire la aplicación efectiva de una cautelar del Supremo que la oposición quiere ejecutada ya. Por otra, la Diputación Permanente ofrece una mayoría que el Pleno le negó hace tres días. En cuanto a la malversación representa una victoria evidente frente a los críticos y un varapalo institucional a las costuras mismas de nuestro ordenamiento, ya que más del 90% de los expertos calificaban el polémico texto como anticonstitucional.

Sánchez ha situado el 29-N como un pulso entre su modelo y lo que llama ola ultraderechista. La oposición lo lee al revés: una convocatoria calculada para votar con un censo exterior sin depurar y, si la aritmética aguanta, con decretos convalidados después de haber sido tumbados. El Supremo y la Junta Electoral tienen ahora pocas semanas para decidir si la primera carta se juega o se anula. La Permanente decidirá la segunda en cuestión de días.