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Imagen de archivo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los DiputadosEuropa Press

Generales 29-N

Sánchez convoca elecciones con tres ases bajo la manga: amnistía, ley de nietos y el fraude de los decretos de vivienda

  • El todavía presidente del Gobierno elegía el 29 de noviembre como fecha para los comicios, incluyendo en sus cábalas el regreso de Carles Puigdemont y los 400.000 votantes censados, como descendientes de españoles exiliados, antes de la suspensión del Supremo

  • La maniobra de aprobar los textos anti desahucios, a través de la Diputación Permanente, una vez disuelto el Congreso es, según los expertos, tan «antidemocrático» como «inconstitucional»

Pedro Sánchez comparecía este lunes, a primera hora de la mañana, para comunicar su decisión de disolver las Cortes y convocar elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, empujado por su partido y tras escenificar una derrota parlamentaria, en materia de vivienda, con la que se consumaba la ruptura definitiva con sus socios de Junts. Una fecha que, lejos de ser neutra, ocultaba varias cábalas con las que el todavía presidente del Gobierno aspira a reeditar una mayoría de izquierdas, al albur de la movilización social, con la excusa aparente de la vivienda, y el activismo callejero. De hecho, no tardaban los sindicatos de clase y el de inquilinas en anunciar que convocarán una huelga general preventiva en noviembre, en plena campaña electoral. Y es que Sánchez, consciente de que parte con desventaja electoral, pondrá las urnas con tres ases bajo la manga: la amnistía total al separatismo catalán, que hoy se juega la vuelta de Carles Puigdemont en el Constitucional; el censo electoral que regirá la cita, cerrado el 1 de agosto, antes de que el Supremo dictase las medidas cautelares que mantienen en la nevera a cerca de 400.000 votantes CERA; y, la vía de la Diputación Permanente para intentar rescatar, en un evidente fraude de ley, los decretos de vivienda que el Congreso tumbó el viernes y que precipitaron el adelanto de los comicios.

No en vano, de acuerdo con nuestro ordenamiento en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), el listado de españoles llamados a ejercer su derecho a voto, en cada convocatoria, es el cerrado el primer día del segundo mes inmediatamente anterior al del anuncio. Al haberse comunicado la decisión en octubre, la fotografía válida es la del 1 de agosto de 2026 que deja fuera el veto del Alto Tribunal sobre los inscritos, en los dos últimos años, por la vía de la polémica ley de nietos.

Cabe recordar cómo el pasado 8 de septiembre la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo suspendía de forma cautelar los efectos electorales de buena parte de las inscripciones ya efectuadas, como resultado de la instrucción dictada por Sofía Puente, la hermana del ministro de Transportes, en desarrollo de la disposición de la Ley de Memoria Democrática que facilita la nacionalidad a descendientes de españoles, por razones económicas que estaban excluidas del texto legal aprobado por las Cortes. Una medida, adoptada a instancias de Vox e Iustitia Europa, y que según los magistrados responsables de resolver los recursos, supone un «peligro fundado, real y serio» de que el incremento extraordinario del censo exterior afecte a la objetividad del proceso.

El problema es, por lo tanto, de calendario, de capacidad y de legalidad porque el censo ya estaba cerrado cuando llegó el auto judicial y, en consecuencia, Sánchez podría beneficiarse de las cifras que manejan las partes sobre 170.000 expedientes a revisar, como mínimo, según el corte que se tome, de un CERA que ha crecido exponencialmente desde 2023.

De hecho, el inquilino de La Moncloa, es conscientes de que los consulados, según la información proporcionada por estos al Supremo, no están en condiciones de desglosar en semanas quién entra en la excepción y quién queda fuera de la misma: y, por ello, tanto Partido Popular como Vox ya han pedido a la Junta Electoral Central (JEC) que excluya del 29-N las inscripciones afectadas por la medida cautelar vigente.

Por su parte, Iustitia Europa, la entidad que denunció desde un principio la trampa por la vía judicial, junto con Vox, ha acudido de urgencia al Supremo para que concrete cómo se ejecutará el auto de la Sala Tercera, ordenando congelar los efectos de las inscripciones de los nuevos españoles, dentro de un listado cerrado un mes antes de su pronunciamiento.

El Gobierno, que calificó la decisión del Alto Tribunal de atropello, insistirá y peleará porque el censo operativo sea el de agosto, con lo que se asegura que si las identificaciones no llegan a tiempo, una parte relevante de esos electores en el exterior podrían votar por correo, el posible riesgo de acuerdo con las advertencias de políticos como Isabel Díaz Ayuso o Santiago Abascal, a pesar de las cautelas. Ésta primera baza de Sánchez no dependerá, por lo tanto, de la aprobación de nueva norma, sino de la imposibilidad práctica de depurar a tiempo un censo ya fijado bajo sospecha.

El estilo «antidemocrático» y «manifiestamente inconstitucional» de los planes de Sánchez para movilizar a la izquierda se juega en el ámbito de lo netamente político, en la Diputación Permanente, una comisión integrada por 69 diputados del Congreso, de los que el líder del PSOE manejaría 35 -los suyos, Sumar, ERC, Bildu, PNV y el escaño de Podemos en el Mixto- una mayoría simple suficiente para revertir el revés sufrido, el pasado viernes, cuando PP, Vox y Junts rechazaron en el Pleno los dos reales decretos-ley de vivienda. Uno, el que concentra las medidas más orientadas contra los desahucios de personas declaradas «vulnerables», los límites a los operadores del mercado del alquiler y las ayudas a la compra de primera vivienda; otro, el que regula la renovación casi indefinida de los contratos de alquiler.

El Ejecutivo prevé recuperar ambos textos en Consejo de Ministros, con leves ajustes, y remitirlos para que sea el órgano permanente el que los convalide, ya sin la concurrencia de Junts, y cuya validación, en último término dependerá de la decisión del Constitucional que tendrá que determinar si la fórmula es ajustada a Derecho, precisamente, cuando ultima el aval a la amnistía de la malversación para el regreso de los líderes separatistas a España, sin ser detenido.

Así las cosas, durante las últimas horas, en el seno de la Corte de Garantías se había barajado, incluso, la posibilidad de que Cándido Conde-Pumpido retirase las ponencias de los recursos de Jordi Turull y de Dolors Bassa (que lleva su propia firma) para retrasar la vuelta del prófugo, como castigo a sus dos noes en las propuestas de vivienda. Sin embargo, la maniobra de la Diputación Permanente, en la que Sánchez podrá salir airoso sin el apoyo de los separatistas catalanes, abría una nueva ventana de oportunidad para Carles Puigdemont que entrará mañana mismo en nuestro país, sin ser detenido, gracias al aval de la Corte de Garantías al borrado total del procés para los aún inhabilitados.

Las tres jugadas comparten una misma lógica 'sanchista' que pasa por manejar los tiempos y los métodos, a su favor, mientras se asegura que, con la convocatoria electoral del 29-N, se aplace la decisión de la Audiencia Nacional sobre la posible imputación del PSOE por las presuntas facturas falsas con las que Ferraz habría pagado a Leire Díez, 'fontanera' de las 'cloacas'.

En definitiva, con la incógnita sobre si el censo de agosto será efectivo o corresponde entender la aplicación de la medida provisional decretada por el Supremo y con la intervención de la Diputación Permanente -que le ofrece a Sánchez una mayoría que el Congreso le negó el pasado viernes, Sánchez concurrirá a las elecciones en el escenario menos hostil posible para el actual titular del Ejecutivo socialista. Un escenario en el que el borrado penal de la malversación del procés servirá para nutrir el relato de una victoria política evidente frente a los críticos con la amnistía y un varapalo institucional a las costuras mismas de nuestro ordenamiento, ya que más del 90% de los expertos calificaban el polémico texto como anticonstitucional.