La sede nacional del PSOE en Ferraz en una investigación por presunta financiación ilegal
El juez pregunta a la Fiscalía si imputa al PSOE en el caso Leire tras pedirlo el PP
En su escrito pidiendo la imputación del PSOE como persona jurídica, el PP denuncia el «amplio catálogo de actuaciones delictivas» por parte de una «organización criminal»
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha pedido un informe a la Fiscalía Anticorrupción sobre el escrito registrado este martes por el PP en el que pide la imputación del PSOE por cohecho, malversación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y financiación ilegal en el caso Leire.
Tal y como informó ayer El Debate, el magistrado ha adoptado esta decisión a través de una providencia en el marco de la causa en la que investiga una trama supuestamente coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez, bajo la supervisión del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, para desestabilizar las causas judiciales que afectaban al partido y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
En su escrito pidiendo la imputación del PSOE como persona jurídica, el PP denuncia el «amplio catálogo de actuaciones delictivas» por parte de una «organización criminal» liderada, presuntamente, por Cerdán y supuestamente financiada de forma irregular para «proteger los intereses del Gobierno» frente a las investigaciones judiciales en marcha.
El juez además ha dictado otra providencia en la que acuerda, después de la declaración como investigada de la gerente del PSOE Ana María Fuentes, recabar del servicio jurídico del PSOE la relación completa de letrados o despachos profesionales de abogacía o consultoría que hayan sido contratados por dicha formación política, en cualquiera de sus órganos –centrales o territoriales–, entre 2021 a 2025.
También cita el 28 de octubre como investigado al exviceministro de Venezuela Nervis Villalobos por presunta falsificación documental, y le pide la documentación original que presentó en el expediente de concesión de nacionalidad por aplicación de la Ley de Memoria Histórica.
Fuentes próximas a la defensa de Villalobos insisten en que se trató de un trámite ordinario, conforme a la ley, y que así quedará demostrado, y subrayan en que el exviceministro no tiene nada que esconder.
Para ese mismo día, Pedraz cita como testigos a José Antonio Ruiz, subdirector general de nacionalidad y estado civil en el Ministerio de Justicia desde marzo de 2025, y a María del Mar López, subdirectora adjunta hasta marzo de 2025.
Solicita además el magistrado, a la vista de la documentación aportada por el Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, un informe al General Jefe de la Unidad de Policía Judicial del instituto armado sobre las informaciones reservadas a los investigadores de causas que afectaban al PSOE o al entorno de Sánchez.
En concreto, requiere que se comprueben «las explicaciones y documentación ofrecida por el DAO» en torno a los dispositivos que se hubieran podido intervenir al exasesor Koldo García con información que podría haber sido objeto de una filtración periodística el 11 de mayo de 2025.
También pide revisar un desmentido de la UCO citado por la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el DAO en sus declaraciones «para que se haga constar» si fue «efectuado por la propia UCO de forma autónoma o si conoce el origen del mismo».
Sobre las tres informaciones reservadas abiertas a otras unidades distintas de la UCO, que se citan incoadas por el propio DAO, reclama conocer si se comunicó su apertura y resolución a la directora de la Guardia Civil.
También pide una relación del mando que acordó incoar expedientes disciplinarios agentes de la UCO, la fecha, «la falta o delito imputado y si los hechos guardan relación con investigaciones judiciales abiertas en las que los expedientados estuvieran actuando en funciones de policía judicial».