El presidente del Gobierno, durante su comparecencia del martes en la Moncloa
Elecciones generales
Gobernar por decreto: Sánchez firma 199, más que Aznar, Zapatero y Rajoy en sus mandatos
El pasado lunes, 5 de octubre, el presidente del Gobierno compareció ante los medios para anunciar la convocatoria anticipada de elecciones para el próximo 29 de noviembre
El Congreso tumbó el viernes 2 de octubre los dos decretos-leyes de vivienda aprobados por el Gobierno, uno sobre la estabilidad de los contratos de alquiler y otro sobre la función social de la vivienda. Tres días después, el lunes 5, Pedro Sánchez anunció la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre. Y al día siguiente, con el Parlamento ya disuelto, el Consejo de Ministros volvió a aprobar ambos textos por la misma vía: el decreto-ley. Son el 198 y el 199 de la era Sánchez, una cifra que ningún presidente de la democracia había alcanzado.
El presidente socialista tomó posesión el 2 de junio de 2018 y desde entonces ha aprobado 199 reales decretos-leyes: 180 han sido convalidados por el Congreso, 15 derogados y 4 siguen pendientes de votación. Son más que los que firmaron Aznar (127), Zapatero (108) o Rajoy (107) en sus respectivos mandatos, y supone una media de casi 24 al año, frente a los 16 de Aznar y Rajoy y los 14 de Zapatero.
Los reales decretos del Gobierno
Un real decreto-ley es una norma con rango de ley que aprueba el Gobierno en Consejo de Ministros, sin pasar antes por las Cortes. Está regulado por el artículo 86 de la Constitución, que fija tres condiciones:
- Presupuesto habilitante. Solo cabe «en caso de extraordinaria y urgente necesidad».
- Límites materiales. No puede afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades del Título I, al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general.
- Control posterior. Entra en vigor al publicarse en el BOE, pero el Congreso debe convalidarlo o derogarlo en los 30 días siguientes, en una votación de totalidad y sin enmiendas (artículo 151 del Reglamento del Congreso). Si se convalida, puede además tramitarse como proyecto de ley por urgencia, y ahí sí admite enmiendas. Con las Cortes disueltas, como ahora, la convalidación corresponde a la Diputación Permanente.
El Tribunal Constitucional puede anularlo si considera que no había urgencia real.
¿Y por qué ha sido empleado con tanta frecuencia?
Principalmente por varias razones:
- Rapidez. Una ley ordinaria tarda meses en aprobarse, mientras que el decreto-ley rige al día siguiente. Por eso suele dispararse en épocas de crisis: la financiera en 2012, con 29 decretos, la pandemia en 2020, con 39, y la crisis energética.
- Debilidad parlamentaria. Es el factor que mejor explica el caso de Sánchez. A un Gobierno en minoría le resulta mucho más fácil que le convaliden un texto cerrado, que se vota «sí» o «no», que sacar adelante una ley que los socios pueden enmendar artículo a artículo. La contrapartida es que, cuando la mayoría falla, el decreto cae entero, como ha ocurrido 13 veces en esta legislatura.
- Presupuestos prorrogados. Medidas que normalmente irían en la ley de presupuestos, como la revalorización de pensiones o los ajustes fiscales, salen por decreto. Sánchez ha gobernado con cuentas prorrogadas en 2019, 2020, 2024, 2025 y 2026, aunque esto no lo explica todo: entre 2021 y 2023, con presupuestos aprobados, firmó 60 decretos-leyes.
- Decretos «ómnibus». Los decretos permiten agrupar medidas heterogéneas en un solo texto, lo que obliga a la oposición o a los socios de gobierno a votar todo en bloque.
- Retrasos en transponer directivas europeas. Por último, España suele usar el decreto-ley para cumplir plazos de Bruselas y evitar sanciones.
15 decretos derogados frente a dos en 22 años
Más llamativo que el volumen es el número de derrotas. Desde 1996, Aznar, Zapatero y Rajoy sumaron 342 decretos-leyes y el Congreso solo tumbó dos: el de Zapatero sobre los impuestos del tabaco, en 2006, derogado porque 28 diputados socialistas votaron en contra por error, y el de Rajoy sobre la estiba, en 2017. Aznar no perdió ninguno.
Sánchez acumula ya 15 derogaciones. Dos llegaron en sus anteriores legislaturas: el decreto de vivienda y alquiler de 2018 y el de los remanentes municipales en 2020. Las otras 13 se concentran en la actual, en la que el Congreso ha rechazado uno de cada cuatro decretos sometidos a votación (13 de 56). Entre ellos están la reforma del subsidio por desempleo, el decreto ómnibus que incluía la revalorización de las pensiones, las medidas para reforzar el sistema eléctrico tras el apagón de abril de 2025 y el decreto sobre los grupos de interés.
La vivienda es la materia en la que más tropieza el Gobierno: cuatro de los 15 decretos derogados trataban sobre alquiler o vivienda, incluidos los dos que el Congreso tumbó el pasado 2 de octubre y que Sánchez ha vuelto a aprobar con las Cortes disueltas.
