«Montesquieu ha muerto»
Con el Gobierno de Pedro Sánchez, la profecía no solo se ha cumplido cabalmente, sino que ha mutado en una práctica sistemática de desmantelamiento de los contrapesos democráticos
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una sesión plenaria en el Congreso
Cuando en 1985 Alfonso Guerra, entonces Vice Presidente del Gobierno español de Felipe González, pronunció aquella célebre y desgarradora frase —«Montesquieu ha muerto»— para justificar la reforma del Consejo General del Poder Judicial que permitía la politización directa del órgano de gobierno de los jueces, muchos creyeron que se trataba de un exceso retórico del felipismo. Sin embargo, observando la deriva política e institucional de la España actual, resulta evidente que aquel pronóstico no era un exabrupto coyuntural, sino el acta de defunción anticipada de un principio vertebrador del Estado de derecho. Con el Gobierno de Pedro Sánchez, la profecía no solo se ha cumplido cabalmente, sino que ha mutado en una práctica sistemática de desmantelamiento de los contrapesos democráticos.
El aspecto más alarmante de esta gestión que concluye no radica en la aspereza del debate político ni en la dureza de la confrontación parlamentaria, sino en su estrategia deliberada de forzar y transgredir el marco normativo vigente, ajustándolo a sus intereses personales y políticos. Esta estrategia no opera mediante la quiebra frontal y violenta de la legalidad, sino a través de una vía infinitamente más perniciosa: la desvirtuación del sentido y alcance de la legislación, unida a la desnaturalización progresiva de las instituciones fundamentales del Estado.
La ley pensada originalmente como el escudo del ciudadano frente al arbitrio del poder, se ha transformado en un instrumento moldeable al servicio de la supervivencia del gobernante
El ámbito del Poder Judicial se ha convertido en el principal campo de batalla de esta ofensiva. Con la excusa de desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el Ejecutivo impulsó reformas legislativas ad hoc que cercenaron las competencias constitucionales del órgano de gobierno de los jueces cuando este se encontraba en funciones, para luego revertir parcialmente la norma según la conveniencia del calendario político del Gobierno. A esta asfixia funcional se suma el preocupante fenómeno de las «puertas giratorias» entre la política y las altas magistraturas, cuyo exponente más sangriento fue el nombramiento de una exministra de Justicia como Fiscal General del Estado, situando la neutralidad del Ministerio Público bajo una sospecha permanente e imborrable.
Asimismo, la designación para el Tribunal Constitucional de perfiles con pasado directo en el Consejo de Ministros o en la Moncloa no responde a una mera búsqueda de afinidad ideológica, sino al afán de garantizar una arquitectura de control garantista frente a los proyectos normativos del propio Gobierno.
El más reciente y dramático ejemplo es la resolución del Tribunal Constitucional que válida la amnistía a los responsables del golpe de Estado en Cataluña y que al mismo tiempo permite el retorno, en gloria y majestad, de Puigdemont al país, como si nada hubiera ocurrido.
La ley pensada originalmente como el escudo del ciudadano frente al arbitrio del poder, se ha transformado en un instrumento moldeable al servicio de la supervivencia del gobernante.
Pero la erosión no se agota en el estamento judicial. La desnaturalización institucional se ha extendido con metástasis a otros resortes esenciales de la democracia. El uso indiscriminado del Real Decreto-ley —mecanismo concebido exclusivamente para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad— ha postergado de forma sistemática la deliberación parlamentaria, convirtiendo al Congreso de los Diputados en un mero trámite de adhesión. Y como si lo anterior no fuera poco, en estas horas se busca forzar la institución de la Diputación Permanente, que rige mientras el congreso se encuentra disuelto, para aprobar cuerpos normativos sobre la vivienda prácticamente idénticos a los que los representantes de la soberanía nacional, rechazaron el pasado viernes. A esto se añade la colonización explícita de organismos reguladores y empresas públicas, la instrumentalización del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para la manipulación de la opinión pública o la reciente toma de control de Radiotelevisión Española mediante decretazos que redefinen mayorías parlamentarias a conveniencia.
Resulta profundamente paradójico que un Ejecutivo que abandera discursos de regeneración democrática y que señala con el dedo el supuesto «iliberalismo» de la derecha parlamentaria haya incurrido, de manera constante y desacomplejada, en las conductas más iliberales del panorama europeo. Cuestionar la legitimidad de los jueces cuando investigan tramas de corrupción que afectan al entorno del presidente, señalar a periodistas críticos desde la tribuna pública o calificar de «lawfare» la actuación de los tribunales son comportamientos improjos de una democracia consolidada y plenamente afines a los modelos populistas que se dice combatir.
Montesquieu concibió la división de poderes no como un mero formulismo barroco, sino como la única garantía eficaz contra la tiranía y la arbitrariedad del soberano
El iliberalismo no consiste únicamente en vulnerar la letra de la ley; consiste en vaciar de contenido su espíritu, en neutralizar la independencia de los contrapesos y en someter las instituciones del Estado al servicio exclusivo del proyecto de poder de un partido o de un líder. Cuando la norma se retuerce para indultar a socios de investidura a cambio de votos, o cuando la amnistía se dicta al dictado de los propios beneficiarios de la impunidad, la ley deja de ser universal para convertirse en mercancía de cambio.
Montesquieu concibió la división de poderes no como un mero formulismo barroco, sino como la única garantía eficaz contra la tiranía y la arbitrariedad del soberano. Cuando el Poder Ejecutivo logra doblegar al Legislativo y tutelar al Judicial, la libertad de los ciudadanos entra en zona de penumbra. La regeneración de España pasa indefectiblemente por restituir el prestigio, la neutralidad y la independencia de sus instituciones. Devuélvase al barón de Montesquieu su lugar central en la arquitectura constitucional democrática de occidente, de lo contrario, esta terminará convirtiéndose en un mero cascarón vacío.
