Sánchez empezó a diseñar el carné de conducir digital para votar recién llegado a La Moncloa

El ministerio de Fernando Grande-Marlaska comenzó a desarrollar la aplicación del carné de conducir digital tras la moción de censura que convirtió a Sánchez en el séptimo presidente del Gobierno de España. El dato cobra especial relevancia porque fue el propio Ministerio del Interior el que solicitó a la Junta Electoral Central validarla para identificar al votante sin exigir el código QR que garantiza su autenticidad. Lo hizo cinco meses antes de las generales de 2023. Dos años y medio más tarde repitió la jugada con el DNI digital, esta vez con la petición expresa de que bastara con «mostrar los datos del documento en el móvil».

Tras demostrar El Debate lo fácil que era suplantar la identidad del votante con las dos aplicaciones sin el QR, el árbitro electoral suspendió su uso el 26 de marzo de 2026. Para entonces, miDGT ya había podido utilizarse en nueve procesos electorales, y miDNI en los tres últimos. Ni Interior ni nadie del Gobierno han explicado jamás por qué pidieron validar sus aplicaciones sin el control que ellos mismos exigen fuera de las urnas.

La prueba del documento oficial

El único documento oficial localizado que arroja luz sobre la gestación del carné de conducir digital es un informe de 2021 del Banco de Innovación de las Administraciones Públicas, dependiente del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP): «miDGT: la app permite llevar los permisos de conducir y del vehículo en formato digital».

Prioridad tras instalarse en La Moncloa

Veintiocho días después de instalarse Sánchez en el palacio presidencial, Fernando Grande-Marlaska destituye mediante el Real Decreto 726/2018 a Gregorio Serrano López, director general de Tráfico nombrado por Mariano Rajoy, y nombra en su lugar a Pere Navarro, ex máximo responsable de Tráfico con José Luis Rodríguez Zapatero. El informe del INAP recoge que «el proyecto se comenzó a gestar en la Gerencia de Informática de la DGT a finales de 2018», apenas seis meses después de aquel relevo. Ahora se entienden las prisas del nuevo ministro del Interior por echar al responsable de Tráfico y repescar al alto cargo de Zapatero.

Pere Navarro no ha dado explicaciones tras el escándalo, y no hay documentación pública sobre la seguridad, el desarrollo ni el coste de la aplicación. En el apartado del coste, el informe del INAP se limita a anotar: «No se detallan. Sufragado con recursos propios de la DGT». Podría decirse que miDGT es una aplicación fantasma por la carencia de datos técnicos, jurídicos y económicos.

La nota de prensa con la que la DGT lanzó la aplicación, el 19 de marzo de 2020, anunciaba que los agentes verificarían el permiso «mediante la lectura de un código QR de un único uso generado por la propia aplicación» y que el documento en el móvil tenía «la misma validez que el documento en soporte físico a efectos de Tráfico, pero solo en territorio nacional». A efectos de Tráfico, y no para votar. Tres días antes, el 16 de marzo, Pere Navarro había firmado una instrucción que daba por cumplidas las obligaciones del conductor aunque el agente careciera «de un dispositivo operativo para poder verificar» los datos de la pantalla. No consta ninguna comparecencia en el Congreso para explicar la aplicación.

El bagaje de Sánchez

La trayectoria orgánica de Sánchez arrastra dos episodios que miembros de su propio partido señalaron como «pucherazo». En el Comité Federal del 1 de octubre de 2016, la dirección que él encabezaba pretendió votar en secreto con una urna colocada detrás de una mampara, en una estancia separada. Los críticos denunciaron fraude y, a mano alzada, Sánchez perdió y dimitió. El 21 de mayo de 2017, día de las primarias en las que recuperó el liderazgo, Koldo García escribió a su entonces pareja, Patricia Úriz: «Mete de los otros cuatro rumanos», según consta en los informes de la UCO del llamado caso mascarillas.

De la DGT a la urna

En cuanto miDGT tuvo millones de descargas, el propio ministerio se encargó de introducirla en el sistema electoral español como método de identificación. La consulta del ministro del Interior llegó con los manuales de las mesas de las elecciones del 28 de mayo de 2023. La Junta respondió el 16 de febrero de 2023, en su Acuerdo 3/2023, que miDGT era «un medio de acreditación de la identidad del votante válido al tratarse de un documento oficial que incluye la fotografía del votante». Ni una línea sobre el código QR.

Desde entonces se votó en nueve convocatorias en las que bastaba enseñar el móvil: las municipales y autonómicas del 28 de mayo de 2023, las generales del 23 de julio de 2023, las gallegas, vascas y catalanas de 2024, las europeas del 9 de junio de 2024, las extremeñas del 21 de diciembre de 2025, las aragonesas del 8 de febrero de 2026 y las castellanoleonesas del 15 de marzo de 2026. Diez días antes de estas últimas, la Junta rechazó la petición del Partido Popular de colocar en cada mesa un lector del código. Tres semanas después suspendió las dos aplicaciones hasta que la verificación de la identidad de los electores sea «suficientemente segura». Entre medias El Debate destapó el escándalo de la grieta de seguridad introducida por el Ejecutivo en el sistema electoral español.

Es un hecho que el Gobierno que creó una aplicación cuya validez depende de escanear un código consideró innecesario escanearlo en las mesas electorales. Es también una realidad incontestable que fue su propio Gobierno quien engañó a la JEC para que se usara sin los controles de verificación del votante. Hoy sabemos también que empezó a desarrollar su app para votar nada más llegar al poder. Una secuencia de hechos harto elocuente.