El juez Pedraz rechaza imputar al PSOE por el momento aunque considera que hay «base objetiva» a futuro

El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado, por el momento, imputar al PSOE en el caso de las 'cloacas', aunque considera que hay una «base objetiva» para hacerlo a futuro. El juez indica que «los hechos pudieran presentar en abstracto apariencia delictiva por parte del PSOE», si bien, pendientes de practicarse algunas diligencias relevantes, considera que el momento procesal es prematuro, tal y como ya había recomendado la Fiscalía.

En un auto, fechado este viernes 9 de octubre, y al que ha tenido acceso El Debate, el magistrado señala que llegar a dicha «base objetiva» para decidir sobre la imputación del PSOE «requerirá practicar determinadas diligencias, algunas acordadas ya (requerimiento de 6 de octubre al PSOE, análisis de la documentación incautada en la sede y en el domicilio de Santos Cerdán e investigados, …) y otras» como la declaración del que fuera número tres de Pedro Sánchez en el partido, «dadas sus facultades en cuanto secretario de Organización».

«Asimismo, concretar si los pagos hechos a Leire y otros, conociendo la finalidad de su actuación, fueron ordenados por el secretario de la organización y satisfechos directamente por éste desde cuentas de titularidad de la entidad para la comisión del ilícito encargo, permitiendo establecer una conexión objetiva entre la actuación de aquél y la estructura patrimonial de la organización. Y concretar quién ordenó materialmente esos pagos; quién estaba autorizado para disponer de las cuentas; cómo fue contabilizado; qué concepto se hizo constar en la transferencia o contabilidad; si existían facturas, contratos u otros documentos destinados a proporcionar una cobertura aparente al pago», agrega el escrito.

De esta forma, el magistrado Pedraz relata que «una vez practicadas» estas diligencias «se podrá decidir» sobre si se imputa a la formación que encabeza el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Igualmente, respecto a la declaración de Cerdán, manifiesta que «se estima que con carácter previo se practiquen las otras diligencias, pues de esta forma y en aras al derecho de defensa el mismo, en cuanto investigado, contará con los elementos esenciales para prestar aquella declaración».

«Dispongo: No ha lugar a atribuir en este momento la condición de persona jurídica investigada al Partido Socialista Obrero Español. Una vez practicadas diligencias oportunas se acordará lo oportuno a tal efecto», añade.

Para acreditar estas cuestiones, todavía habrá que perfilar los papeles que representaron, dentro de la trama, imputados como los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, el empresario Javier Pérez Dolset y el exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, de quienes se sospecha que pudieron participar como 'puente' en un sistema triangular de facturas diseñado para maquillar, supuestamente, los pagos de Ferraz a la considerada 'fontanera' de la guerra sucia socialista.

Por todo ello, Pedraz también quiere averiguar si los pagos a esta última, Leire Díez, y otros miembros de la presunta trama fueron, en último término, «ordenados y satisfechos» por Cerdán «desde cuentas de titularidad de la entidad para la comisión del ilícito encargo, permitiendo establecer una conexión objetiva entre la actuación de aquel y la estructura patrimonial» de la supuesta red criminal.

Además, los investigadores tienen pendiente concretar «quién ordenó materialmente esos pagos; quién estaba autorizado para disponer de las cuentas; cómo fue contabilizado; qué concepto se hizo constar en la transferencia o contabilidad; si existían facturas, contratos u otros documentos destinados a proporcionar una cobertura aparente al pago; quién autorizó o validó internamente el gasto; si intervino el departamento financiero o contable» y «si los órganos de administración conocieron los pagos» -motivo por el que la gerente del partido, Ana María Fuentes, se encuentra imputada-, entre otras incógnitas.

La acusación popular unificada que lidera el PP pidió la imputación del PSOE al considerar que las diligencias practicadas «confirman» que el partido «sufragó» los gastos de la presunta trama «por indicación» de Santos Cerdán.

El PP apuntaba al PSOE como presunto autor de delitos de cohecho y tráfico de influencias, blanqueo de capitales y financiación ilegal.