Leire Díez se queja de que la UCO busca nuevos indicios de las 'cloacas' que «ahora mismo no existen»

Leire Díez ha pedido al juez Santiago Pedraz, instructor de la causa de las 'cloacas' del PSOE en la Audiencia Nacional, que retire el permiso que dio a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, para acceder a las declaraciones prestadas por los imputados y los testigos, con el objetivo de «profundizar en las líneas de investigación» que se siguen contra ella. En un recurso presentado por sus abogados, en el que se unen al ya registrado por los del letrado Jacobo Teijelo, hace unos días, Díez considera que esta petición de la «fuerza policial» excede sus competencias, la convierte en «co-instructora» del procedimiento y se dirige, en realidad, a «ver qué puede descubrir» en las transcripciones para «ir hallando nuevos indicios, hechos o material indagador que, ahora mismo, no existe».

Cabe recordar que la UCO solicitó a Pedraz, el pasado 17 de septiembre, disponer de los interrogatorios completos «con la finalidad de poder profundizar en las distintas líneas de investigación» de las 'cloacas' y que están siendo objeto de análisis por su parte. Una solicitud que el magistrado contestó, en sentido favorable, una semana después, haciendo entrega a los agentes de las grabaciones.

Ésta es la concesión a la que ahora, como antes Teijelo, se ha opuesto Leire, quien asegura que la UCO es la «fuerza actuante de la investigación, pero no es el órgano instructor de la causa, el cual es el único que tiene capacidad y facultad para valorar las diligencias de investigación practicadas y decidir conforme al resultado de dicha práctica».

Así las cosas, en el escrito consignado en el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso El Debate, la representación jurídica de la ex militante socialista apunta a que si bien la UCO «tiene potestad para comenzar la investigación», únicamente ha de recaer en el juez instructor «la llevanza, gestión, dirección y control de la misma». La UCO es una «mera servidora» del magistrado y es la que debe «darle cuenta» a éste de los «indicios que encuentre por estar a su servicio» y «auxiliar en esa labor jurisdiccional de dirigir la instrucción de la causa, exclusiva del Juez», insiste el documento.

En ningún caso el órgano instructor debe rendir cuenta a la UCO para que esta siga
investigando como si su labor consistiera en controlar, decidir y dirigir la instrucción
de la causaRecoge el recurso presentado por Leire DíezCausas de las 'cloacas'

Pero, insiste Leire Díez que, «en ningún caso», «la UCO tendrá la condición de co-instructora ni ninguna potestad de toma de decisiones sobre la dirección de la instrucción, no pudiendo dar órdenes al verdadero y único órgano instructor, sino, en todo caso, será este el que se las dé a aquella». En otras palabras, para la considerada 'fontanera' socialista, la UCO se está extralimitando de sus funciones, ya que en lugar de «limitarse a, con el material indagatorio que originariamente» tenía, dar cuenta al Juez instructor para que este lo valore, dirija, controle y decida la práctica de las diligencias de investigación judiciales pertinentes para el buen desarrollo y fin de la instrucción, lo está haciendo «al revés».

«Las primeras actuaciones que realiza la fuerza actuante, en este caso, la UCO, para el comienzo de la investigación policial, siempre quedan sometidas al control, decisión y dirección del Juez instructor una vez se incoan las Diligencias Previas y se practican las diligencias de instrucción, pues la competencia judicial no puede verse sustituida por la actuación policial», reclama Leire.

Para una de las principales investigadas en la trama de la guerra sucia socialista, es «inaceptable la investigación prospectiva que se trata de realizar en la presente causa, pues lo que la UCO pretende es tener acceso a las declaraciones testificales y de investigados ya practicadas con el fin de ver qué puede descubrir de ellas para ir hallando nuevos indicios, hechos o material indagador que ahora mismo no existe».

Y, acusa a los investigadores de querer «ver si lo encuentra para mantener la vigencia de la presente causa, vulnerando los derechos constitucionales de los investigados, las garantías procesales y, sobre todo, suponiendo la edificación y construcción de la instrucción conforme a lo que se va descubriendo».