Sánchez sortea electoralmente la declaración de las hijas de Zapatero que sigue acumulando reveses judiciales en el 'caso Plus Ultra'

Si hay algo que Pedro Sánchez ha logrado eligiendo el 29 de noviembre como fecha para las elecciones generales anticipadas es sortear, en parte, el calendario judicial del caso Plus Ultra para que no interfiera en la recta final de su campaña. No en vano, el plato fuerte de la causa será, mientras avanzan las pesquisas de los investigadores que analizan las cuentas bancarias de los principales imputados en el proceso, la declaración de las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, citadas como imputadas en la Audiencia Nacional, ante el juez José Luis Calama, el día 30 de noviembre, tras conocer el resultado de las urnas. Un detalle que permitirá al PSOE minimizar el coste político de un interrogatorio que la presunta trama vinculada al volverá a poner el foco no sólo en el papel de los Zapatero, que presuntamente influyeron en decisiones institucionales de calado, para hacer fortuna sino, además, silenciar las presuntas irregularidades en la concesión del rescate público de la aerolínea, en pandemia, que apuntan al Consejo de Ministros de manera directa.

De ahí, las pesquisas que dirige Calama acerca de los 53 millones de euros que recibió la compañía, en marzo de 2021, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), a pesar de que se trataba de que la mercantil bebía de capital mayoritariamente venezolano, que su actividad empresarial era reducida, que solo cubría una ruta que pone en duda el carácter estratégico y que antes de solicitar la ayuda, ya se encontraba en «quiebra técnica», motivo por el que, supuestamente, se vio obligada a solicitar el aplazamiento de varias deudas muy elevadas con la Seguridad Social y constituir varios préstamos puente con los que aparentar una solvencia que no tenía.

Por todo ello, la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sitúan a Zapatero en el vértice de una presunta «organización criminal» de carácter transnacional, orientada al tráfico de influencias y el blanqueo de capitales.

Y, pese a que Sánchez aseguró que contaría con su predecesor y mentor en campaña, lo cierto es que ha calculado la contienda electoral, al margen de citaciones comprometidas que son lo único del procedimiento que puede controlar. Hasta el momento, según los informes policiales y los autos del magistrado instructor, dejan poco espacio a la imaginación, estrechando el cerco a cómo parte de esos fondos, al menos el 1% de los mismos, unos 530.000 euros, se habrían transformado en 'mordidas' que, más tarde y para evitar explicaciones al fisco español o levantar sospechas, se desviaron a través de sociedades pantalla, personas interpuestas y entramados off shore en paraísos fiscales de Reino Unido, Suiza o Arabia Saudí.

Es en esta red de colaboradores, entre los que se encuentran los ex directivos de la compañía –Julio Martínez Sola y Roberto Roselli–; el considerado cerebro financiero de la estructura, el ciudadano neerlandés Simón Leendert Verhoeven; el testaferro y amigo personal de Zapatero, el empresario alicantino Julito Martínez Martínez, a través de Análisis Relevante; son las hijas del histórico socialista, Laura y Alba, mediante la agencia de comunicación What The Fav, las que más le preocupan.

No sólo porque, presuntamente, a través de ellas canalizó cientos de miles de euros por trabajos de maquetación de supuestos informes de consultoría que no han visto nunca la luz. En especial, porque Análisis Relevante pagó del orden de 240.000 euros a What The Fav –de la que ambas mujeres son administradoras solidarias y en cuyas cuentas Zapatero tiene firma autorizada– pero, también, recibieron ingresos de otras sociedades bajo sospecha como el Inteligencia Prospectiva, Gate Center o Thinking Heads.

El denominador común de todos estos ingresos fue que no constaba detalle de la prestación real de un trabajo identificado y que, en su mayoría, el dinero se redistribuyó en diversos pagos hacia el entorno familiar, como la hipoteca de un inmueble que fue amortizada por la mujer de Zapatero, Sonsoles Espinosa, en un tiempo récord; o, las transferencias desde la empresa a las cuentas personales de las hermanas, 247.000 euros en el caso de Laura y cerca de 200.000 a Alba.

Los constantes reveses judiciales

La defensa de Zapatero ha encadenado sucesivos reveses judiciales. El juez ha rechazado peticiones de nulidad de actuaciones por presuntas vulneraciones de derechos fundamentales, ha mantenido pruebas (incluido el análisis de comunicaciones intervenidas con autorización judicial extranjera) y ha denegado la suspensión de las comprobaciones de Hacienda sobre el expresidente, su esposa, las hijas y sociedades relacionadas.

También ha rechazado excluir informes de la UDEF sobre otros negocios, limitar la intervención de acusaciones populares y apartar peritos en la tasación de las joyas intervenidas en el despacho de Zapatero (valoradas inicialmente en torno a 1,3 millones de euros). Estos seis reveses, entre otros, han consolidado el avance de la instrucción en lugar de contenerla. Los directivos de Plus Ultra, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, han declarado ante Calama y han admitido el pago de la comisión, apuntando al «grupo de Zapatero».

Sánchez, que presidía el Consejo de Ministros que aprobó el rescate, ha defendido públicamente la presunción de inocencia de Zapatero y ha confirmado que contará con él en campañas. El adelanto electoral al 29 de noviembre, decidido tras el rechazo parlamentario a los decretos de vivienda, coloca la declaración de las hijas justo después de las urnas. Mientras la campaña se centra en vivienda, vivienda y más vivienda, el caso Plus Ultra —con sus ramificaciones venezolanas, las joyas, las sociedades pantalla y las transferencias a What The Fav— queda temporalmente fuera del foco electoral.

El 30 de noviembre, sin embargo, Laura y Alba tendrán que explicar ante el juez el papel instrumental que los investigadores atribuyen a su empresa en la canalización de fondos. El calendario judicial, una vez más, avanza en paralelo al político, aunque en esta ocasión Sánchez ha conseguido que el impacto principal llegue cuando ya se hayan contado los votos.