El Gobierno explora una vía muerta para que el Constitucional suspenda la suspensión del Supremo sobre la ley de nietos

El revés del Supremo a la maniobra con la que el Gobierno aspiraba a incorporar a un total de 400.000 nuevos votantes censados, en el extranjero, para las próximas elecciones generales del 29-N, trae de cabeza a los servicios jurídicos del Estado. No en vano, desde que se conociese la última doble resolución del Alto Tribunal contra los recursos con los que el Ejecutivo socialista aspiraba a levantar las medidas cautelares que pesan sobre la polémica norma, tanto Abogacía como Fiscalía tratan de encontrar un cauce para llegar hasta el Constitucional (TC) y darle la vuelta al escenario.

Así las cosas, y según ha podido saber El Debate, los servicios jurídicos y el Ministerio Público, a petición de Moncloa, exploran la posibilidad de impugnar los dos últimos autos de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, incluyendo una petición de medidas cautelares para neutralizar, a su vez, y apoyados en el voto particular de una magistrada, las medidas cautelares impuestas por ésta, en el censo. Esto es, «suspender la suspensión», de la mano de la mayoría izquierdista del Pleno del TC.

Un mecanismo en vía muerta que, de acuerdo con las fuentes consultadas por este diario, «no tendría ningún recorrido en circunstancias normales», dado que la Administración a la que representa la Abogacía del Estado, en esta causa, «no es la titular del derecho del sufragio», que es el derecho fundamental que podría considerarse afectado, según el artículo 23 de la Constitución (CE). De tal manera que, según las mismas fuentes, el único «encaje» posible para el Gobierno sería alegar el derecho a un proceso con todas las garantías: practicar pruebas, formular alegaciones, recibir notificaciones,... (24.2 CE), sin que hasta la fecha haya «ninguna razón objetiva, con base legal mínima, para cuestionar la actuación del Supremo».

Sin embargo, en Moncloa cuentan con la baza de Cándido Conde-Pumpido, muñidor de las decisiones más polémicas del TC desde la llegada al poder de Pedro Sánchez, con el que «habla casi a diario». No en vano, cabe recordar que el veterano jurista gallego hace méritos para ocupar un puesto vitalicio en el Consejo de Estado, gracias a la futura y eventual vacante de María Teresa Fernández de la Vega para la que, por primera vez en democracia, se ha iniciado un procedimiento de inhabilitación para el ejercicio de sus funciones, por enfermedad, tras más de una año sin atender ninguna de ellas, ni asistir a ninguno de las reuniones.

En su contra, el hecho indiscutible de que la «legitimación objetiva» para dirigirse al Constitucional en el asunto de la ley de nietos, corresponde, únicamente, a los que puedan considerarse perjudicados directos por la suspensión del Supremo. Esto es, tal y como ya había adelantado El Debate, los descendientes de españoles exiliados, uno a uno, que han visto su capacidad de emitir voto válido, el próximo mes de noviembre, en las elecciones generales.

Lo cierto es que pese a los evidentes escollos, la Abogacía del Estado, en representación del Instituto Nacional de Estadística (INE) -que, junto con la JEC y el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, son los organismos comparecidos en el procedimiento- agotaba con el recurso de reposición del artículo 79 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), al que ayer contestó la Sala Tercera, la vía interna ante el propio Supremo.

Un trámite obligatorio siempre que el Gobierno aspire a conseguir en el Constitucional medidas cautelarísimas contra las medidas cautelares y provisionales que, por el momento, han congelado el avance del considerado 'pucherazo'. Es decir, la clave en esta lucha titánica ante los tribunales, por la transparencia de los procesos electorales en nuestro país, radica en los plazos que el Ejecutivo trata de avanzar para que el TC intervenga a su favor antes de las próximas elecciones generales, consciente de que el Alto Tribunal transformará en firme y definitiva la suspensión temporal de la aplicación de la llamada ley de nietos.

Para el Gobierno, que recibió la doble decisión del Supremo en plena celebración de la Fiesta de la Hispanidad, ésta sólo puede entenderse como un pulso político de los cinco magistrados de la Sala Tercera que apoyaron la suspensión cautelar instada por Iustitia Europa y Vox frente a los cálculos de Sánchez, por lo que en La Moncloa se da por descontado el sentido análogo de la sentencia final.

De ahí que sigan interpelando la necesidad de restaurar el statu quo previo a la intervención del Supremo que, de acuerdo con la fecha elegida para los comicios del 29-N, permitiría al Gobierno sumar un porcentaje de nuevos votantes del total de los nacionalizados que, además, han sido incorporados en sus circunscripciones, previo cálculo de porcentajes, por su mera declaración de voluntad y sin contar con una tramitación con todas las garantías, tal y como reconocieron la Abogacía del Estado y la Fiscalía en sus respectivos escritos al Supremo.