El Gobierno fija una estrategia para que la suspensión de la ley de nietos llegue cuanto antes al TC de Pumpido

Una de las preguntas clave desde que el Supremo paralizó, de manera cautelar, los efectos electorales de la denominada ley de nietos con la que, presuntamente, el Gobierno buscaba alterar el censo de votantes extranjeros (CERA), es si el Constitucional podría anular o neutralizar la decisión del Alto Tribunal, antes de las próximas generales. Y la respuesta es que el Ejecutivo socialista, más allá del relato oficial hacia la opinión pública, ya busca la fórmula para que la resolución de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo llegue cuanto antes a la Corte de Garantías, de mayoría izquierdista y encabezada por Cándido Conde-Pumpido.

No en vano, y desde que se conociese el sentido del auto dictado por mayoría en el Supremo, el Ministerio de Justicia anunciaba su intención de reactivar de nuevo el mecanismo diseñado a través de la instrucción dictada por Sofía Puente, ex directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, quien en estos días reconoció, de manera implícita, como su orden administrativa había ampliado los criterios previstos en una Ley Orgánica, excediendo la voluntad del legislador aprobada por el Parlamento.

Así las cosas, tanto la Fiscalía como la Junta Electoral Central (JEC), reunida de urgencia este mismo lunes, renunciaban a recurrir el auto de medidas cautelares del Supremo acatando la decisión en un gesto que, en el caso del Ministerio Público se interpretaba como la manera más rápida para ahorrar procesos intermedios. De esta manera, el asunto de fondo llegaría, sin oposición aparente y con mayor agilidad, a manos de Conde-Pumpido por la vía del recurso ordinario que activaba la denuncia presentada por Iustitia Europa, el pasado mes de junio. Y ello tras conocerse que Vox, como adelantó El Debate, movía ficha ante el Supremo para cerrar la puerta a una posible nulidad de las actuaciones, si la JEC, por sus propios medios, o con la colaboración de Presidencia o Exteriores, no hubiese dado trámite, también, a los terceros particulares que podrían resultar afectados al congelarse su derecho de sufragio.

Lo cierto, sin embargo, es que cabe una solución acelerada por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez y pasa porque la Abogacía del Estado, en representación del Instituto Nacional de Estadística -que, junto con la JEC y el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, son los organismos comparecidos en el procedimiento- interponga, antes de cinco días, un recurso de reposición del artículo 79 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), ante el propio Supremo. Un trámite obligatorio siempre que desde el Gobierno aspiren a plantear medidas cautelarísimas contra las medidas cautelares y provisionales que, por el momento, han congelado el avance del denominado 'pucherazo'.