La invasión de Ceuta, uno de los últimos detonantes que acabó por fracturar la legislatura de Sánchez

Cuando Pedro Sánchez anunció el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre, la crisis de Ceuta llevaba más de dos meses instalada en la agenda del Gobierno. No ha sido el único problema que ha terminado por dejar a la legislatura sin margen –la pérdida de apoyos parlamentarios, los casos judiciales que afectan al entorno del PSOE y, de forma inmediata, la derrota de los dos decretos de vivienda han pesado en la decisión–, pero la situación de la ciudad autónoma se ha convertido en uno de los síntomas más visibles del desgaste del Ejecutivo y del descontento de la población.

Por si fuera poco, la crisis ha vuelto a cobrar protagonismo en los últimos días, tanto por el desalojo de los asentamientos que durante semanas ocuparon varias playas y espacios del litoral ceutí, como, especialmenmente, por la revelación de que buques de guerra marroquíes entraron en aguas que España considera propias coincidiendo con la llegada masiva de inmigrantes. Pedro Sánchez ha confirmado este lunes que las incursiones se produjeron, aunque no ha explicado por qué la Marina Real de Marruecos penetró en aguas españolas ni ha aclarado si existió alguna relación entre ambos episodios.

Todo comenzó entre el 30 y el 31 de julio, cuando decenas de miles de personas cruzaron desde Marruecos hacia Ceuta durante unas horas. El Gobierno situó finalmente en 72.000 el número de entradas, aunque distintos miembros del Ejecutivo llegaron a manejar públicamente cifras superiores, de hasta 80.000. La dimensión de aquella llegada desbordó la capacidad de respuesta de la ciudad y obligó a desplegar recursos extraordinarios para identificar, alojar y devolver a quienes no tenían derecho a permanecer en España.

Ahora, la información publicada este lunes por El País revela que la crisis no se limitó a la frontera terrestre, sino que al menos una fragata y varias patrulleras de la Marina Real marroquí navegaron sin autorización por aguas de soberanía española los días 30 y 31 de julio, según fuentes conocedoras de los incidentes citadas por el diario. Las incursiones se prolongaron durante los primeros días de agosto y la tensión entre las dos marinas llegó a ser tal que varios barcos estuvieron cerca de colisionar.

El Estado Mayor de la Defensa respondió enviando a Ceuta el Buque de Acción Marítima Rayo, que atracó en la ciudad el 3 de agosto. Ante la continuidad de las incursiones, la Armada movilizó también la fragata Santa María, que posteriormente tuvo que ser sustituida por la Navarra debido a una avería. Las vulneraciones cesaron después del despliegue disuasorio español y de las gestiones de alto nivel realizadas por el Ministerio de Defensa con las autoridades de Rabat. Sánchez ha reconocido ahora que hubo contactos entre las Fuerzas Armadas de ambos países, pero no ha detallado su contenido.

Conforme pasaron los días y miles de personas se instalaron en playas, montes y distintos puntos de la ciudad, las administraciones tuvieron que improvisar sucesivos espacios de acogida, enturbiando el clima en una ciudad, Ceuta, que veía de esa manera alterado su día a día, con inseguridad en las calles, espacios públicos ocupados y, en general, desbordada ante todas las personas que habían entrado de manera ilegal. Las administraciones tuvieron que habilitar miles de plazas adicionales y recurrir incluso a instalaciones portuarias y militares para evitar que las personas que permanecían en la ciudad siguieran durmiendo en las calles.

Con esto en cuenta, la oposición convirtió Ceuta en uno de los principales argumentos contra la gestión de Sánchez, acompañados por las masivas manifestaciones que se sucedieron en toda España, acusando al Ejecutivo de haber ignorado los avisos previos y de no haber reaccionado con suficiente rapidez. De hecho, la comparecencia del presidente en el Congreso para explicar la crisis no se produjo hasta más de un mes después de la entrada masiva, tras disfrutar de sus vacaciones en La Mareta.

De todos modos, la principal grieta en el relato del Gobierno apareció con el paso de las semanas, cuando comenzaron a conocerse los avisos que habían llegado antes de la entrada masiva. El 29 de julio, un día antes de que decenas de miles de personas cruzaran desde Marruecos, el Centro Nacional de Inteligencia comunicó a la Delegación del Gobierno y a la Guardia Civil que estaba detectando llamamientos en redes sociales para entrar en Ceuta «por valla y mar». Uno de los mensajes advertía de grupos de Facebook y WhatsApp que incentivaban las entradas y señalaba que dos grupos reunían en total a unos 180.000 seguidores. El CNI también había trasladado información a los servicios de inteligencia marroquíes.

Gonzalo Sanz, entonces jefe de gabinete del delegado del Gobierno, sostuvo que trasladó la información a Miguel Ángel Pérez Triano el mismo 29 de julio. El delegado, sin embargo, defendió que no tuvo conocimiento de aquella comunicación. La contradicción quedó incorporada a la investigación judicial abierta sobre la actuación de las autoridades antes y durante la entrada masiva, mientras Sanz ha mantenido que cumplió con su obligación de trasladar las alertas que había recibido. Finalmente, Miguel Ángel Pérez Triano presentó el 28 de septiembre su dimisión como delegado del Gobierno en Ceuta, además de abandonar la secretaría general del PSOE ceutí y anunciar su retirada de la política. Triano defendió hasta el final que había trasladado al Gobierno central la gravedad de la situación y denunció haber sido objeto de una «campaña de acoso constante».

Por su parte, en los tribunales, la Audiencia Nacional investiga las actuaciones desarrolladas en territorio español antes y durante la entrada masiva, incluida la respuesta de las autoridades ante la información disponible. La instructora María Tardón ha reclamado los documentos desclasificados y ha escuchado ya a Vivas y a Gonzalo Sanz. El propio Sanz declaró ante la juez que existen otros 19 mensajes y una llamada relacionados con el CNI que todavía no han sido desclasificados.

La versión del Gobierno y la de las autoridades ceutíes tampoco coinciden sobre la intensidad de las advertencias que recibió La Moncloa. Juan Jesús Vivas declaró ante la Audiencia Nacional que intentó contactar reiteradamente con Sánchez y con varios ministerios los días 27, 28 y 29 de julio para reclamar refuerzos, la declaración de una situación de emergencia y un mando único. Según su testimonio, realizó alrededor de diez intentos de comunicación con el presidente y recibió respuestas a través de su jefe de gabinete. Moncloa sostiene que solo consta una petición de contacto el 30 de julio, que fue atendida ese mismo día.

Lo que sí ocurrió es que, cuando la frontera terminó desbordada, hubo que recurrir al Ejército y multiplicar el dispositivo de seguridad mientras miles de personas seguían entrando. Sánchez viajó a Ceuta el 31 de julio, cuando la crisis ya se había producido, y fue recibido entre gritos de «dimisión» y «Ceuta no se vende» por un grupo de ciudadanos. Allí se reunió con Vivas, con el delegado del Gobierno y con responsables policiales y de la Guardia Civil. Después de aquella visita, sin embargo, el presidente no ha vuelto a desplazarse a la ciudad durante los dos meses siguientes, pese a que la crisis continuó abierta y acabó convirtiéndose en una emergencia prolongada.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acudió en varias ocasiones a Ceuta y recibió abucheos de vecinos que le reprochaban la gestión de la crisis. En su tercera visita, el 8 de septiembre, una veintena de ciudadanos le esperó con banderas españolas y silbatos y le llamó «vendepatrias», «traidor» y «sinvergüenza». Ese mismo día, Marlaska calificó las quejas sobre la inseguridad como una «sensación de inseguridad subjetiva», una expresión que provocó todavía más malestar entre quienes llevaban semanas denunciando el deterioro de la convivencia.

A mediados de septiembre, el propio Sánchez situó el horizonte de estabilización de la ciudad en final de año, lo que en la práctica suponía que la ciudad tendría que convivir todavía varios meses con los efectos de una entrada masiva que se produjo en apenas dos días. Para entonces, el Gobierno seguía identificando personas, ampliando plazas, tramitando retornos y tratando de resolver la situación de los menores que permanecían bajo protección de la ciudad autónoma.

Pero ahora el adelanto electoral ha cambiado ese horizonte, y la cita con las urnas llegará el 29 de noviembre, antes de que se cumpla el plazo que el propio presidente había situado para estabilizar la situación. La crisis que comenzó en la frontera llega ahora hasta las urnas.