Los nueve vocales del PSOE en el CGPJ tardaron 30 segundos en ponerse de perfil ante el acoso de las 'cloacas' a la jueza Biedma

Ni un minuto de conversación emplearon los miembros del ala izquierdista del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en rechazar una negociación con sus diez compañeros profesionales del Pleno, para publicar un comunicado institucional en apoyo a la jueza Beatriz Biedma y a los miembros de la Magistratura que están siendo objeto de ataques por parte del Ejecutivo y del Legislativo, desde que el Gobierno de Pedro Sánchez asumiese el lawfare a cambio del apoyo de los siete diputados de Junts, a su segunda investidura.

Pasaban diez minutos de las 09.30 horas, de este miércoles, cuando la reunión ordinaria arrancaba sin que los nueve vocales designados por el PSOE se hubiesen pronunciado sobre el texto propuesto, a las 08.00 horas, desde las filas del grupo de consejeros nombrados por el PP. Tampoco surtió efecto que los vocales proponentes llevasen de nuevo su propuesta, a la mesa del Consejo, en el turno de «ruegos y preguntas» previsto en el orden del día.

Un silencio atronador inusual en el seno del máximo órgano de gobierno de los jueces que la presidenta Isabel Perelló trató de reconducir, sin éxito, por la vía de la unanimidad, dada la importancia de la posición y que el texto era una defensa cerrada a la labor de los jueces, frente al «hostigamiento», el «seguimiento» o la «intimidación» de la que ha sido víctima Biedma tal y como reconoce, de manera indiciaria, la causa que dirige el magistrado Santiago Pedraz, en la Audiencia Nacional.

Perelló invitó a una representación de las dos almas del CGPJ a reunirse para acordar un texto compartido, los proponentes instaron a sus compañeros a redactar, incluso, una nota desde cero, a su medida, pero fue en vano. No llegaron a sentarse. Treinta segundos bastaron a los críticos para ponerse de perfil con las 'cloacas' socialistas. «No vamos a consensuar nada», dijeron. La única explicación fue que situarse al lado de Biedma, de manera tan explícita, suponía «anticiparse» a una resolución judicial que todavía está siendo investigada.

En realidad, tras la decisión de los nueve vocales que no han querido suscribir la nota institucional, provocando un aluvión de incredulidad y críticas entre los miembros de la Carrera y las principales asociaciones profesionales de la Magistratura, se extendía la alargada sombra del ministro de Justicia, Félix Bolaños, quien horas después sembraba dudas sobre la presunta guerra sucia contra la jueza extremeña del hermano de Sánchez.

«Me parece una causa confusa en los hechos que se están intentando investigar, donde nada parece estar claro», señaló durante una entrevista televisiva en el programa Al Rojo Vivo. A lo largo de la misma, también afirmó: «Son acusaciones muy graves. Es el momento de la Justicia, de investigar y conocer qué ha sucedido y qué no ha sucedido». E incluso llegó a deslizar que la magistrada del caso David Sánchez tuvo «sensación» de amenaza, llevándolo al terreno de la subjetividad. Como cuando Fernando Grande-Marlaska habló de la «sensación de inseguridad subjetiva» que sentían los ceutíes, tras la invasión del pasado 30 de julio de este año.

La postura de los nueve vocales izquierdistas y las afirmaciones del propio Bolaños, sin duda, complican, y mucho, las conversaciones que se venían produciendo en el seno de la Comisión de Nombramientos del Consejo ante la falta de «confianza» evidente que se ha suscitado entre los miembros de ambas sensibilidades que la integran.

No en vano, fuentes próximas al CGPJ han confirmado a El Debate que no puede haber puntos de consenso -en los que en los últimos días insistía la presidenta del órgano ante el evidente bloqueo de algunos de los candidatos a varias de las plazas vacantes- si hay interlocutores que no pueden asumir la defensa de los jueces y magistrados a los que representan, «sin prejuzgar hechos ni responsabilidades que corresponde determinar exclusivamente a los tribunales».

Afirmar, públicamente, que «ningún juez debe ejercer su función bajo el temor, la presión o la intimidación», como recogía el mensaje central de la nota frustrada por el bloque del Consejo más afín al Gobierno, «no debería ser un problema para ningún jurista», lamentaban las mismas fuentes. «Ni siquiera para ningún representante público o ciudadano», apostillaban.

«La independencia judicial no constituye un privilegio de quienes juzgan, sino una garantía de todos los ciudadanos. El Consejo quiere transmitir a todos los jueces y magistrados un mensaje inequívoco: no están solos en la defensa de su independencia. Ante cualquier intento de perturbarla, el CGPJ ejercerá con firmeza las competencias que el ordenamiento jurídico le atribuye y adoptará las medidas necesarias para que jueces y magistrados puedan cumplir su función con libertad, serenidad y exclusivo sometimiento a la ley. Defender la independencia de cada juez es defender el Estado de Derecho», rezaba el texto vetado por los nueve consejeros del CGPJ propuestos por los socialistas.