El acuerdo del PSOE y la extrema izquierda para el Senado podría impedir la aplicación del artículo 155 en otro «procés»

Un total de 208 de los 266 senadores se eligen en las elecciones del próximo 29 de noviembre. Los 58 restantes son designados por los parlamentos autonómicos. En las elecciones generales de 2023 el PP se impuso con claridad con 120 senadores frente a 72 del PSOE. El motivo de la diferencia con el resultado en el Congreso, donde el PP también venció, pero de forma más ajustada, es que el partido ganador en cada provincia suele asignarse tres senadores y la candidatura que queda segunda, uno.

El Senado siempre ha sido percibido como una cámara menor pero ha habido un momento clave en la historia reciente de España que desmiente esa idea de intrascendencia de la Cámara Alta y ese momento no es otro que el día 27 de octubre de 2017, cuando el Senado aprobó la activación del artículo 155 de la Constitución, suspendió las atribuciones de la Generalitat de Cataluña y frenó así en seco el intento de golpe que Junts y ERC, con la colaboración de los Comunes, estaban intentando perpetrar una vez derogada la Constitución y el Estatuto de Autonomía, la celebración de un referéndum ilegal y la declaración, por dos veces, de la independencia unilateral, así como la convocatoria desde el gobierno regional de una huelga general.

En aquel momento, el Senado fue decisivo para evitar la consumación de la secesión y para garantizar los derechos de los catalanes, en aquel momento secuestrados por el gobierno de la Generalitat en rebeldía, y aprobó la activación del artículo 155 con 214 votos a favor, 47 en contra y una abstención. Casi todo el PSOE votó a favor, excepto el expresidente de la Generalitat catalana José Montilla y el expresidente de las Islas Baleares Francesc Antich. Sin duda, su voto fue una precuela de lo que luego se convertirían el PSC y el PSOE.

Desde ese 27 de octubre de 2017 ha llovido mucho y el PSOE ha cruzado el Rubicón desde el lado de la Constitución a la orilla de la insurgencia separatista a cambio de sostener a Sánchez en La Moncloa y, si hoy tuvieran que definirse sobre la aplicación de un nuevo 155, el voto del PSOE sería contrario.

En este contexto, el acuerdo en 46 provincias entre el PSOE y la extrema izquierda con el objetivo de lograr una mayoría en el Senado no es anecdótico. En Cataluña, muchos creen que la amenaza de Junqueras y Puigdemont de «ho tornarem a fer» (lo volveremos a hacer) tomará cuerpo una vez se celebren las elecciones generales, en especial si se consuma el cambio a la derecha; y que ganará velocidad si en las elecciones autonómicas catalanas de 2028, tal como apuntan muchas encuestas, el separatismo vuelve a lograr la mayoría en el Parlamento catalán. Hoy no disponen de ella por un solo escaño.

El hecho de que el PSOE y el ahora llamado Frente Amplio concurran juntos al Senado puede provocar el vuelco en el reparto de senadores en un puñado de provincias, como, por ejemplo, Valencia, Castellón, Badajoz, Cádiz o Zaragoza, e invertir el actual reparto de mayorías en el Senado.

A pesar de todo, a no ser que la mayoría de la izquierda en el Senado sea abrumadora, no todo quedará decidido el 29 N. Los Parlamentos autonómicos que surgirán de las elecciones de mayo de 2027 tienen que designar 29 senadores de los que actualmente el bloque de la derecha tiene 16 (15 del PP y 1 de VOX). Pero cambios en Asturias o Castilla-La Mancha, o ampliaciones de mayorías de la derecha en Murcia u otras regiones, podrían otorgar una renta adicional a los partidos conservadores.

En definitiva, el 29 de noviembre por la noche habrá que estar atentos a una doble pantalla: la de atribución de escaños al Congreso, pero también a la del Senado, que en las noches electorales suele pasar desapercibida, pero que en esta ocasión gana gran importancia ante la deriva del PSOE de alianza con fuerzas rupturistas de la unidad de España como ERC, Junts, BNG o Bildu.