El triángulo de la corrupción del sanchismo

129 imputados en distintas tramas relacionadas con el PSOE desde que Pedro Sánchez llegó al poder tras una moción de censura que denunciaba la corrupción sin que haya un seísmo político, denota hasta qué punto el presidente del Gobierno ha llevado el trilerismo y la ausencia de responsabilidades a sus últimas consecuencias.

La Legislatura del muro que se inició con la promesa cumplida de una Ley de amnistía para conseguir los siete votos de Carles Puigdemont –a cambio de perdonar sus delitos y los 4,3 millones de euros malversados en el procés– terminó antes de que llegase la línea roja que se habían marcado los partidos de coalición: la previsible imputación del Partido Socialista por financiación ilegal donde la propia Fiscalía Anticorrupción señala que habría indicios. La convocatoria de elecciones generales no fue finalmente por el cerco a la corrupción sistémica del sanchismo, sino por el desahucio de Maricarmen.

Tras el registro de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en Ferraz a finales de mayo, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decidió en verano abrir una pieza separada económica para rastrear los pagos del Partido Socialista a las cloacas para «desestabilizar de forma sistemática y continuada» causas judiciales «con afectación al PSOE o al Gobierno». Uno de esos pagos son los reconocidos por Gaspar Zarrías, expresidente de la Junta de Andalucía, a la fontanera Leire Díez, con el beneplácito del entonces secretario de Organización, «Super Santos Cerdán», y de la actual gerente del Partido Socialista, Ana María Fuentes, encargada de elaborar facturas «mendaces que permitían las transferencias de fondos». Ni más ni menos, Fuentes, imputada, es la actual administradora de la campaña de Sánchez para el 29-N.

«Que se limpie todo» pidió Sánchez, y la mafia de las cloacas encargó «eliminar» a la jueza Biedma que instruía el caso de su hermano

No se puede entender al PSOE sin su maquinaria, donde Ferraz se convirtió en el cuartel general de las cloacas, con Cerdán a la cabeza, después de que Pedro Sánchez mandase «que se limpie todo» durante el paripé de sus cinco días de reflexión tras la imputación de Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias y de corrupción en los negocios.

A su vez, se investiga un contrato de 4 millones de euros adjudicado por Red.es, financiado con fondos europeos, a una sociedad vinculada al empresario Juan Carlos Barrabés, que asesoró a la mujer del presidente en el diseño de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid por la que será juzgada por un jurado popular.

«Límpiese», decía Leire Díez. Y era limpiar sin eufemismos hasta llegar a encargar como si fuera la mafia «eliminar» a la magistrada Beatriz Biedma por instruir el caso del hermanísimo –«matarla, matarla», explicaba uno de los miembros del clan de Los Rocho–, que terminó con la condena de David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo. El expresidente de la Diputación de Badajoz tampoco tuvo ningún reparo, con la permisividad de Sánchez, de presentarse como candidato a las elecciones autonómicas de Extremadura que resultó una auténtica debacle para el PSOE (a pesar de que el sondeo del CIS de nuevo sobreestimaba a la izquierda).

Solo los indicios de la operativa de las cloacas encargando a un clan de narcotraficantes asesinar a la jueza Biedma, deberían haber sido un antes y un después en una sociedad anestesiada, y haber desacreditado al partido en el Gobierno, que continúa con la infamia instigando al sector llamado progresista del CGPJ que impida que se apruebe un comunicado para rechazar el hostigamiento a la jueza.

Félix Bolaños no tiene ningún escrúpulo en anunciar que ya tiene el indulto del fiscal General del Estado sobre la mesa del Ministerio de Justicia

No sólo eso. El código ético del PSOE ha ido evolucionando para que no sea hasta que se abre juicio oral cuando los cargos públicos tengan que dimitir, y así mantienen en sus puestos al DAO, Manuel Llamas, y a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en el procedimiento contra las cloacas. Fue la misma táctica que se siguió con el fiscal general del Estado, Álvaro García Órtiz, que se presentó a juicio con las puñetas puestas. Tras su condena por revelación de datos reservados al considerarse probado que participó en la filtración de comunicaciones confidenciales, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, anunció como si nada que ya tiene su indulto sobre la mesa. Una muestra más del deterioro de las instituciones por parte de los que siempre están dando lecciones y son capaces de proclamar que lidian «con la peor oposición que ha conocido nuestra historia democrática», cuando no han dejado ninguna institución sin manchar.

La SEPI es otro nido de corrupción del sanchismo con sus últimos tres presidentes imputados

El presidente que controla el poder económico a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), gestionado por el Ministerio de Hacienda, utilizó su declaración institucional en Moncloa para hacerse la víctima con otra mentira al señalar que tiene que batirse «contra élites económicas y sociales muy poderosas que no se presentan a las elecciones, pero que quieren continuar controlando nuestro país».

La SEPI se convirtió en otro nido de corrupción del sanchismo, donde los investigadores cifran en más de 750 millones de euros de dinero público defraudado en su trama, en el que está investigado tanto su vicepresidente, Bartolomé Lora, por prevaricación en el caso Air Europa, como su presidenta, Belén Gualda, por el rescate de 112,8 millones de euros a Tubos Reunidos después de ser convocada en Moncloa.

Sus protagonistas en la sombra, el trío Hirurok: Leire Díez, otra vez, junto al anterior presidente de la SEPI nombrado por María Jesús Montero, Vicente Fernández Guerrero, y el empresario de Servinabar, Joseba Antxón Alonso, socio de Santos Cerdán, que medió en la moción de censura y hacía negocios con las eólicas con la ayuda del expresidente de Forestalia, Fernando Samper, y un alto cargo del Ministerio de Transición Ecológica, Eugenio Domínguez, que le reportó plusvalías de más de 6,8 millones de euros.

Actuaban con total impunidad, y continuamente informando al primer jefe de Gabinete de Sánchez, el leal Juan Manuel Serrano, uno de sus «principales pilares emocionales», fichado por Guerrero, al igual que a la fontanera, que llevó a Correos a un agujero negro de 1.200 millones de euros y a la SEPI a números rojos por primera vez. Con un servicio más a la causa sanchista: cuando ambos estaban al frente de Correos, se admitió para votar el carné de conducir del móvil, sin firma y sin comprobar el código QR. Como le escribía Díez en uno de los 10.842 mensajes intercambiados con Serrano: «El jefe nos va a poner en un altar» por «matar (políticamente) a la gente mala».

Zapatero y su entorno habría ingresado 4,5 millones de euros tras el rescate de Plus Ultra sin contar con el valor de las joyas

Sin olvidar al que se consideraba faro moral del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, por quien lloró Maruja Torres cuando se enteró de las joyas de Arabia Saudita con esmeraldas, rubíes y zafiros que tenía escondidas en una caja fuerte en una oficina en Ferraz, que ha supuesto que esté imputado por un delito de contrabando y contra la Hacienda Pública.

Zapatero «lideraba y dirigía la estrategia» para favorecer a una aerolínea con el 64 % de capital del régimen chavista para cobrar presuntamente una comisión del 1 %, por la que habría ingresado más de 4,5 millones de euros su entorno. Entre ellos, los pagos de más de 1 millón a sus dos hijas, Laura y Alba, con la agencia Whathefav o la cancelación de un préstamo de 498.000 euros por parte de su mujer, Sonsoles Espinosa. La operativa que iba más allá del rescate a Plus Ultra estaba controlada por Julito Martínez a través de un entramado societario y de su secretaria Gertrudis Alcázar, que era «esencial dentro de la red». De momento, ni el PSOE se ha querellado contra Leire Díez ni ha apartado de la militancia a Zapatero, por mucho que presuman de actuar ante la corrupción con celeridad y contundencia.

De la trama Ábalos en Fomento deriva una nueva instrucción del caso Mascarillas, otro por mordidas en obra pública y el enchufe de Jésica

Ya lo reconoció el repudiado José Luis Ábalos: fue el propio Zapatero quien presionó para que el rescate de la aerolínea venezolana saliera adelante. El antes todopoderoso secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes está condenado por el Tribunal Supremo a 24 años y tres meses de prisión en Soto del Real, junto a su asesor, Koldo García Izaguirre, lugarteniente de Cerdán, y Víctor de Aldama por el caso Mascarillas.

Y aún queda por delante un nuevo juicio en la Audiencia Nacional por una derivada de las mascarillas, a la que se suma las mordidas por obra pública, donde se cuenta las distintas adjudicaciones afectadas en el informe demoledor de la UCO sobre Santos Cerdán que le dejó fuera del partido, además del enchufe de Jésica Rodríguez, amante de Ábalos, a través de presidencia de Adif en manos de Isabel Pardo de Vera.

La sede del PSOE en Ferraz es el núcleo del triángulo corrupto sanchista con Ábalos y Cerdán como sus principales vértices

Se le suman las causas del Tito Berni en Canarias, que parece tan lejana, y del senador Alfonso Carlos Moscoso por un presunto delito de revelación de secretos, y, por último, la macrocausa de Hidrocarburos, que abruma por el número de imputados y de sociedades pantallas, con un fraude millonario del IVA. Más que Claudio Rivas, socio de Víctor de Aldama, la cara más visible es la empresaria Carmen Pano, a quien la red de las cloacas capitaneada por Cerdán y Díez habría ofrecido 50.000 euros para que no ratificara en el Tribunal Supremo que llevó 90.000 euros en billetes a Ferraz. Y así de nuevo estamos en la línea de salida, en la sede del PSOE en Ferraz como núcleo del triángulo corrupto cuyo secretario general es Pedro Sánchez, que ha creado un partido a su imagen y semejanza, con sus dos principales vértices: sus dos exsecretarios de Organización, José Luis Ábalos y Santos Cerdán.