El Constitucional eleva al Pleno de doce magistrados el recurso de Gabilondo contra la parálisis de la ley de nietos

La Sección Cuarta de la Sala Segunda del Constitucional ha avocado al Pleno de doce magistrados la admisión, o no, del recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, contra la suspensión dictada por el Supremo sobre el censo y los efectos de la ley de nietos. Así las cosas, según ha podido adelantar El Debate, el asunto se ha incluido en el orden del día del cónclave ordinario ya previsto para los días 20, 21 y 22 de esta semana, por lo que el miércoles entrará a deliberación la solicitud de Gabilondo, que ha suscitado todo tipo de críticas y alertas.

Como resultado de la primera toma de contacto mantenida este mismo lunes, tal y como avanzó este diario, a instancia de la presidenta de la Sala y vicepresidenta del órgano, Inmaculada Montalbán, los miembros de la Sección -Enrique Arnaldo (ponente), Ramón Sáez y María Luisa Balaguer- han considerado necesario reunir al total de la Corte de Garantías dada la «entidad» de la materia a tratar. No en vano, tras analizar superficialmente el contexto de la «pretensión cautelar» que incluye la impugnación planteada y el carácter «prematuro» de la misma al que apunta el ponente, los tres miembros han convenido en la necesidad de avocación al Pleno.

De hecho, tal y como ya avanzó El Debate, la intervención del total del órgano constitucional en la reclamación a través de la que el Defensor del Pueblo insta que se «aprecie la concurrencia de una urgencia excepcional» y decrete «de forma inmediata» la medida cautelarísima de suspender los autos del Supremo que, por partida doble, en septiembre y en octubre, confirmaron la paralización del voto de forma provisional, solicitada por Vox e Iustitia Europa, mientras el Alto Tribunal analiza el fondo del asunto.

También quiere el socialista Gabilondo que el Constitucional ordene a la Junta Electoral Central (JEC) que se mantenga la vigencia e inclusión de los ciudadanos españoles residentes en el extranjero e inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) «de la manera anterior a esas resoluciones, de modo que puedan, si así lo desean, ejercitar su derecho al sufragio activo en las próximas elecciones generales».

Para el Defensor del Pueblo, la celebración de elecciones generales el próximo 29-N «conlleva una serie de trámites y actos preclusivos muy próximos en el tiempo que, en este caso, no podrían cumplirse de no adoptarse la medida cautelar de manera inmediata». Es decir, como ya habían anticipado tanto la Fiscalía como la Abogacía General del Estado (AGE) no era, materialmente, posible comprobar y revisar uno a uno todos los casos para asegurar la legalidad de los expedientes de nacionalidad ya finalizados e inscritos.