El Gobierno asume el fracaso de su maniobra para reactivar la ley de nietos en el Constitucional

No por esperada, la decisión del Tribunal Constitucional de inadmitir el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo contra la suspensión del derecho a voto de 163.000 nacionalizados con la ley de nietos es menos dura para el Gobierno.

El Ejecutivo ha enviado un comunicado en el que afirma que «respeta» el criterio del tribunal de garantías por prematuro. Puesto que se trata de una causa todavía abierta (sub iudice) en el Tribunal Supremo, que además ha iniciado el proceso para recibir las alegaciones directas de los afectados.

El Gobierno trata de suavizar su fracaso aduciendo que la decisión del TC «se limita a motivos procedimentales y no aborda el fondo de la cuestión, como no lo ha hecho tampoco el Tribunal Supremo». Pero lo cierto es que el Ejecutivo forzó tanto la máquina, utilizando para ello al Defensor del Pueblo, que incluso ha provocado la ruptura del bloque izquierdista del Constitucional. Puesto que cinco de los siete magistrados de izquierdas del TC, incluido Cándido Conde-Pumpido, han respaldado el planteamiento del ponente, Enrique Arnaldo.

En su comunicado, el Gobierno viene a decir que espera ganar el partido de vuelta en el Constitucional. Pero es que para eso queda mucho. «El Gobierno continúa defendiendo que todos los nacionales españoles tienen derecho a voto, el derecho más sagrado en democracia, tal y como establece la Constitución. En consecuencia, confiamos en que la decisión definitiva (del TC) deje claro que no se puede suspender masivamente el derecho de voto con una medida cautelar, sin sentencia firme y sin audiencia a cada afectado y que no puede haber ciudadanos de segunda categoría con diferencia de derechos», sostiene.