El jurado popular declara culpable por cohecho el teniente general de la Guardia Civil del caso cuarteles

El jurado popular ha declarado culpables este miércoles por un delito de cohecho al teniente general de la Guardia Civil Pedro Vázquez Jarava y al empresario Ángel Ramón Tejera de León, ambos acusados en el juicio por el caso Cuarteles celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid. Además, los miembros han manifestado su oposición a la suspensión de la pena y al indulto que pudiese darse en la sentencia.

Así lo han señalado en la causa en la que se ha investigado si Jarava favoreció al empresario Tejera de León con la adjudicación irregular de 120 contratos menores entre 2008 y 2019 en 13 comandancias repartidas por el territorio español por un valor total de 3,3 millones de euros, presuntamente a cambio de dádivas como viajes, estancia en hoteles o entregas de dinero en efectivo.

De este modo, el jurado popular ha concluido por unanimidad que todos los hechos por los que han sido acusados Vázquez Jarava y Tejera de León han sido probados.

El teniente general, según ha deliberado, recibió una cuantía aproximada de 40.000 euros en dádivas y dinero en efectivo por parte de Tejera de León, quien era contratista de la Guardia Civil y que conocía que Vázquez Jarava era el encargado de crear partidas económicas. Asimismo, han probado que esta descentralización de crédito se adjudicaba a las comandancias en las que, previamente, recomendaba las labores de las empresas de Tejera de León, lo que desde las diferentes jefaturas del instituto armado se consideraba una orden –tal y como han relatado a lo largo del proceso–.

En esta línea, el Ministerio Fiscal ha solicitado que se le imponga la pena máxima de prisión por este delito, un año de cárcel según recoge el Código Penal, dado que recibió unas dádivas por un valor de 40.000 euros, ante lo que asegura que «la causa publica, la credibilidad y el funcionamiento de la administración ha quedado entredicha». Además, tanto la Abogacía del Estado como las acusaciones particulares de las asociaciones UGC y ASESGC –ambas pertenecientes a la Guardia Civil– se han adherido «en idéntico sentido» a la petición del fiscal.

Por el contrario, los letrados que han defendido a Vázquez Jarava y a Tejera de León han solicitado una rebaja de la pena y han anunciado que, una vez está redactada la sentencia, interpondrán los recursos pertinentes por dilaciones indebidas, dado que la causa se ha prolongado durante mucho tiempo –comenzó en 2019–. De este modo, tras el veredicto el juez instructor dictará una sentencia en consideración con las peticiones de Fiscalía, Abogacía del Estado, acusación particular y defensa.