Leire Díez a su llegada a los juzgados de la Plaza Castilla el pasado mes de noviembre
El PSOE pide más tiempo al juez del caso Leire y alega que la campaña del 29-N merma su capacidad de respuesta
El partido solicita a Pedraz una prórroga para facilitar los datos de los abogados contratados entre 2021 y 2025, a la espera de que la Abogacía Española se pronuncie sobre el secreto profesional
El PSOE ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz un plazo adicional para facilitar la información que le reclama sobre los abogados y despachos contratados por el partido entre 2021 y 2025. En un escrito remitido al magistrado, que investiga el conocido como caso Leire, la formación socialista alega que la campaña electoral del 29-N dificulta la recopilación de los datos y que necesita conocer previamente el criterio del Consejo General de la Abogacía Española sobre el alcance del secreto profesional.
El juez había requerido al PSOE que aportara esa información en un plazo de 48 horas que concluye este jueves, después de que el partido no respondiera a una primera solicitud cursada el pasado 6 de octubre. Ahora, la formación pide que se le conceda más tiempo y reclama a Pedraz que considere acreditada su voluntad de cumplir lo acordado, de modo que la falta de entrega inmediata de toda la documentación no se interprete como una negativa a colaborar con la Justicia.
En su escrito, al que ha tenido acceso EFE, el abogado del PSOE sostiene que los servicios jurídicos del partido no pueden valorar por sí solos ni dispensar del secreto profesional a todos los afectados, puesto que no son titulares de ese derecho. Advierte, además, de que entregar la información sin las autorizaciones correspondientes podría exponer a quienes la faciliten a posibles responsabilidades legales o deontológicas. Por ese motivo, el partido explica que ha solicitado al Consejo General de la Abogacía Española un pronunciamiento sobre el alcance de ese deber de confidencialidad
La formación argumenta también que la información solicitada afecta tanto a los abogados externos, titulares del secreto profesional sobre sus documentos y comunicaciones, como a cargos públicos, representantes orgánicos y militantes a los que se prestaron servicios jurídicos por asuntos relacionados con su actividad política. Añade que algunos de esos encargos pueden referirse a procedimientos judiciales que siguen abiertos y en los que el PSOE es parte, además de afectar a la intimidad y a la significación ideológica de las personas concernidas.
Anticorrupción se opone a devolver el móvil de Serrano
En otra de las líneas de la investigación, la Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a devolver el teléfono móvil a Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE, al considerar que el dispositivo puede contener información relevante para esclarecer los hechos investigados.
En un escrito adelantado por La Razón y al que ha tenido acceso EFE, el Ministerio Público responde al recurso de apelación presentado por la defensa de Serrano contra la decisión de Pedraz de mantener el terminal incautado. El juez ya rechazó en septiembre devolverlo al considerar que podía constituir un vestigio o una prueba material de varios delitos.
Serrano fue imputado el pasado 10 de julio, después de que un oficio policial recogiera indicios sobre su presunta implicación en las dos ramas del caso Leire: los supuestos intentos de interferir en investigaciones judiciales para proteger al PSOE y la presunta trama de mordidas en contratos públicos, conocida como la rama SEPI. Su defensa impugnó un primer volcado del teléfono al considerar que se había realizado sin la presencia de su abogado y pidió que se declarasen nulas tanto la incautación como la clonación del dispositivo.