Interior se justifica ante la juez pese a las evidencias y alega que no fue alertado de la «magnitud» de la entrada masiva en Ceuta

El Ministerio del Interior no recibió ninguna «alerta, informe, comunicado, correo electrónico o documentación operativa» que «anticipara un riesgo de entrada masiva de la magnitud» de lo ocurrido en Ceuta los días 30 y 31 de julio, según se desprende de un informe al que ha tenido acceso EFE.

Con este informe, Interior ha dado respuesta a la petición de la juez de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada irregular de inmigrantes en la ciudad autónoma, y en el que se pone de manifiesto que la información recibida por el Ministerio «antes de los días 30 y 31 de julio exponía circunstancias que eran conocidas -previa o paralelamente-».

Además, Interior expone que, en el marco de las reuniones internas para abordar el fenómeno migratorio que se celebran puntualmente, «no se detectaron situaciones que pudieran desbordar las capacidades de las unidades desplegadas en el territorio de Ceuta».

El informe dibuja tres escenarios: el primero de ellos se refiere a la preparación de un hipotético incremento de las llegadas como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo sobre la imposibilidad de devolver a las personas que llegaran a España de manera irregular a nado.

Ante ello, Interior, según relata en su informe, puso en marcha un «proceso de adaptación de su modelo operativo de control fronterizo», con un análisis de medidas de contención marítima y con la «adecuación de las capacidades de las fuerzas de seguridad», además de mejorar los sistemas tecnológicos de detección temprana.

Tras la sentencia, Interior apreció un «incremento progresivo» de los intentos de entrada irregular por vía marítima y, en concreto, los días 28 y 29 de julio se produjo la llegada de 713 personas, a los que hay que sumar otros 850 que interceptaron las fuerzas marroquíes.

Esa evolución, y el análisis de la sentencia, «permitían anticipar un incremento progresivo de la presión migratoria, e incluso episodios de impacto, pero abordables, como los acaecidos los días 28 y 29 de julio, que en ningún caso se tradujeron en indicadores que permitieran anticipar la ruptura súbita del escenario operativo conocido». Y recuerda que agosto es un mes en el que habitualmente se incrementa la presión migratoria a nado. En concreto, en 2024 y 2025 se cifraron en 3.851 y 2.772, respectivamente.

Pese a que hasta el 29 de julio las entradas acumuladas ascendían a 3.883, «esta cifra no evidenciaba, en términos cuantitativos, un escenario distinto de los registrados en periodos estivales anteriores, sino el adelanto al mes de julio de una dinámica migratoria tradicionalmente observada en Ceuta durante el mes de agosto».

De hecho, Interior consideraba que «el escenario previsible podría ser perfectamente afrontado» con los medios de seguridad y la incorporación de refuerzos acordes a la evolución de la situación. Insiste Interior en que nunca recibió ninguna alerta o informe que hiciera prever lo que finalmente ocurrió los días 30 y 31 de julio.

Asimismo, recalca que en las reuniones internas del Ministerio en las que participó la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Secretaría de Estado de Seguridad (SES) «no se detectaron situaciones que pudieran desbordar las capacidades de las unidades desplegadas en el territorio de Ceuta».

Pese a que no se auguraba una llegada de la magnitud de los días 30 y 31, Interior sí contemplaba la necesidad de instalar un Centro de Atención Temporal (CATE) provisional en Ceuta porque el propio Pacto Europeo de Migraciones y Asilo que había entrado en vigor el mes anterior regulaba algunos procedimientos como el triaje.

A ello se añadió un refuerzo de las unidades y medios de las fuerzas de seguridad del Estado y se mantuvo un «contacto permanente» con la Delegación del Gobierno en Ceuta, con el Ejecutivo de la ciudad autónoma y con el resto de los Ministerios implicados.

Pero todo esto quedó en un segundo plano tras la entrada los días 30 y 31 de más de 70.000 personas en la ciudad autónoma, lo que Interior califica de «episodio disruptivo por su magnitud», que configuró «un nuevo escenario» ante la necesidad de «una atención humanitaria y de seguridad urgentes» que no era previsible a partir de la información disponible en el periodo anterior.

Todo ello «supuso un punto de inflexión en las condiciones en las que debían adoptarse las decisiones, por lo que las actuaciones anteriores y posteriores respondieron a lógicas, ritmos y procesos sustancialmente diferentes», apunta el informe.

Interior sí que recibió a las 21:34 horas del día 30 de julio una nota informativa del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que alertaba de una posible nueva entrada masiva promovida a través de llamamientos en redes sociales para el 15 de agosto".

«La información que alertaba de un posible nuevo episodio obligó, además, a reconsiderar los riesgos que podían materializarse en adelante. A partir de ese momento, la posibilidad de nuevos acontecimientos de carácter desbordante dejó de constituir una hipótesis abstracta y pasó a ser un riesgo acreditado por la experiencia inmediata», añade.

Un nuevo escenario que a Interior le obligó a instalar elementos de contención fronteriza en las fronteras marítimas de Ceuta y Melilla, a solicitar financiación de la Unión Europea y a reforzar los medios de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

En este sentido, el informe del Ministerio del Interior relaciona a la jueza todas las medidas adoptadas por el departamento. También detalla las seis notas confidenciales que el CNI les trasladó en las que se alertaba de posibles nuevas entradas masivas en el mes de agosto.

Sin embargo, Interior no remite su contenido porque «cuentan con una clasificación de seguridad atribuida por el Ministerio de Defensa». Y aunque Interior se muestra dispuesto a colaborar con la jueza, entiende que está «fuera de su competencia remitir a órganos ajenos» esos informes clasificados. En todo caso sería el CNI quien tendría esa facultad.