Imagen del asalto a Ceuta
Audiencia Nacional
Tres consejeros confirman que Ceuta solicitó un mando único dos días antes de la invasión y el Gobierno tardó varias semanas en activarlo
Mañana declararán ante la juez María Tardón tres inmigrantes ilegales que participaron en el asalto masivo de la ciudad autónoma, el 30 y 31 de julio
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, instructora de la causa que se sigue sobre la invasión de cerca de 80.000 personas a Ceuta, el pasado verano, ha escuchado hoy a los consejeros Alberto Ramón Gaitán, Nabila Benzima y Alejandro Ramírez, que han confirmado cómo dos días antes del asalto, se solicitó la creación de un mando único que, sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez tardó hasta tres semanas en activar. Según ha podido adelantar El Debate, los miembros del ejecutivo de Juan Jesús Vivas, tal y como declaró el presidente ceutí, «tuvieron presencia directa en las zonas afectadas o participación activa en la gestión de la crisis» provocada por la entrada de miles de personas desde Marruecos a territorio español, durante los días 30 y 31 de julio.
Por lo tanto, los tres han ratificado que tras varios contactos con el Ejecutivo central en los días previos a la entrada masiva, para advertir de la gravedad de la situación, el día 28 instaron la creación de un mando único de actuación, pero que desde La Moncloa se minimizó la posibilidad de semejante escenario.
El escenario reunió al delegado de Gobierno, ya dimitido, al jefe de gabinete y secretario de la Delegación gubernamental, a Vivas, a su jefe de gabinete y al consejero de Seguridad Ciudadana. Un encuentro en el que los 'populares' manifestaron el crecimiento de su preocupación, con el paso de los días, con el objetivo de instar tanto al Ministerio de Interior, como a la Secretaría de Estado de Seguridad para adoptar medidas preventivas, dotando sobre el terreno a más efectivos policiales que tardaron semanas en llegar.
Mientras tanto, las escenas de miles de personas entrando con flotadores, ha ocupado una buena parte del relato de los testigos. Hasta el punto de que algunos de los que habían cruzado la frontera, entrando en Ceuta, unieron entre 20 y 25 salvavidas y los lanzaban por la valla para que alguien los recogiese desde el otro lado para ser reutilizados por otros invasores.
Tardón considera en resoluciones del caso que la entrada masiva «no tuvo naturaleza ocasional o espontánea, sino que se trató de un proceso organizado en el que la finalidad migratoria operó sólo como cobertura formal que sirvió para fomentar, impulsar y dirigir un flujo masivo de personas a la ciudad de Ceuta», Una tesis a la que, hasta la fecha, apuntan todos los indicios disponibles, tanto documentales como testificales.
Y niega, además, que «la finalidad de la mayoría de los inmigrantes fuera permanecer en territorio español», subrayando que la entrada masiva «persiguió obtener un máximo impacto sobre la gestión fronteriza hasta su colapso y, logrado el primer objetivo, eliminar la capacidad de respuesta por parte de España para contener o revertir la situación».
Como uno de sus últimos movimientos, la jueza ha preguntado al Ministerio de Defensa si tiene constancia de la entrada en aguas de la ciudad autónoma de buques de guerra o embarcaciones militares marroquíes entre el 29 de julio, un día antes de los hechos, y el 10 de agosto.
Este mismo lunes, dos mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil han declarado como testigos que la noche antes de la entrada masiva de personas desde Marruecos a Ceuta vieron barcos marroquíes y que al día siguiente observaron cómo agentes del país vecino, algunos uniformados y otros no, guiaban a los migrantes hacia la ciudad autónoma.
Junto con los consejeros citados hoy, la instructora ya ha escuchado presidente ceutí, al exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno Gonzalo Sanz y al jefe de la Policía Local de la ciudad autónoma, Sebastián Vega. Mañana, miércoles, será el turno de tres inmigrantes de los que entraron en suelo español en las horas durante las que se prolongaron los hechos investigados, que se han ofrecido para ser interrogados en sede judicial.