Desalojan a policías y guardias civiles encerrados en el Ministerio del Interior para exigir una jubilación digna

Los representantes de los principales sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil han sido desalojados esta madrugada de la sede de la Secretaría de Estado de Seguridad, en Madrid, donde permanecían encerrados desde la tarde del miércoles para exigir mejoras en sus condiciones de jubilación y el reconocimiento de ambos cuerpos como profesión de riesgo.

El desalojo se ha llevado a cabo con agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional, movilizados por la Secretaría de Estado de Seguridad. Los representantes sindicales y asociativos han abandonado el edificio de forma pacífica para evitar enfrentamientos con sus propios compañeros.

El secretario general de Justicia Policial (JUPOL), Aarón Rivero, ha explicado ante los medios que decidieron salir para no poner «en un compromiso a los compañeros de la UPR», después de que se les advirtiera de la posibilidad de abrirles expedientes por un presunto delito de desobediencia y por la ocupación de un edificio público. También ha defendido que evitaron escenas que pudieran perjudicar sus reivindicaciones.

Rivero ha criticado la actuación del Gobierno y ha calificado de «ignominia» que se haya procedido al desalojo de los agentes mientras, a su juicio, no se actúa de la misma manera contra quienes ocupan espacios públicos en la Puerta del Sol. Los representantes policiales reclaman que se reconozca su trabajo como profesión de riesgo y que sus condiciones de jubilación se equiparen a las de las policías locales y autonómicas.

Una negociación bloqueada

El encierro comenzó alrededor de las 18.00 horas del miércoles, después de que los representantes de los trabajadores dieran por rotas las negociaciones con la Secretaría de Estado de Seguridad. La protesta se produjo tras una reunión con la titular del departamento, Aina Calvo, que, según Rivero, duró apenas media hora.

El responsable de JUPOL ha asegurado que durante el encuentro se les trasladó que no era posible seguir avanzando en la mesa de trabajo debido a la convocatoria de elecciones. Tras solicitar un receso, los representantes decidieron permanecer en las dependencias ministeriales como medida de presión.

Rivero ha responsabilizado a Calvo de haber roto la negociación y de ordenar el desalojo. Los sindicatos y asociaciones denuncian la falta de avances después de «casi un año de reuniones y promesas» y reclaman compromisos concretos para resolver sus demandas.

Las organizaciones mantienen como principales reivindicaciones la mejora de las condiciones de jubilación y el reconocimiento de la profesión de riesgo, dos demandas con las que buscan equiparar la protección y los derechos de los agentes con los de otros cuerpos policiales.