Vox se querella contra responsables de Adif por la tragedia ferroviaria de Urda y pide asegurar las pruebas

Vox, que esta mañana ya avanzó que se iba a personar en las actuaciones judiciales que se abriesen tras la nueva tragedia ferroviaria, en Urda (Toledo), que ha conmocionado a España, ha presentado una querella contra los operadores del Puesto de Mando de Circulación de Adif que autorizaron que los trenes reanudaran la marcha, sus superiores en ese turno y aquellos a los que corresponde supervisar el procedimiento de operación «en situación degradada» y la seguridad en la circulación, por presuntos delitos de homicidio imprudente y de lesiones imprudentes, según se recoge en el escrito presentado.

En su querella, interpuesta ante un juzgado de Orgaz, en Toledo, la formación de Santiago Abascal pide como medida cautelar que se aseguren las fuentes de prueba relacionadas con el accidente para evitar «su desaparición, deterioro, sustitución, sobrescritura o alteración» y garantizar que pueden servir para la investigación judicial.

Así, Vox solicita que que intervengan la Guardia Civil y la Policía Judicial para documentar la zona en la que se ha producido a primera hora de este miércoles el siniestro, que ha dejado al menos 68 fallecidos y más de 50 heridos, y que se eviten «actuaciones no autorizadas».

Según ha explicado el ministro de Transportes, Óscar Puente, y había trascendido también durante la mañana por diversas fuentes en medios de comunicación, caído el sistema de seguridad LZB, un operador del centro de control de Atocha habría autorizado a un tren de alta velocidad de Renfe a reanudar la marcha pese a tener delante a un tren Iryo parado y haber una señal roja. El choque entre ambos provocó el accidente.

Para Vox, habría un acción imprudente por parte de los operadores del puesto de mando, de acuerdo con las informaciones conocidas hasta el momento, al autorizar al tren a reanudar la marcha con normalidad, y la presunta comisión del delito por omisión por parte de sus superiores y los que se encargan de ese procedimiento.

El partido subraya que hay «una obligación legal específica de Adif, y de las personas que ejercen en su nombre esas funciones, de gobernar la circulación en condiciones seguras y de aplicar el procedimiento de operación degradada cuando un sistema de protección falla».