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José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del GobiernoEP

Caso Plus Ultra

La Audiencia rechaza el recurso de Zapatero contra el informe que acreditó pagos de 200.000 € desde una empresa peruana

La Sala de Apelaciones de lo Penal considera que el atestado de la Unidad de Delincuencia Económica e Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sobre las presuntas 'mordidas' internacionales del expresidente del Gobierno no es «prospectivo»

El informe policial que acreditó pagos por importe de hasta 200.000 euros a favor del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, desde la empresa peruana Focus Social Research, no vulneró el derecho a la intimidad económica del histórico socialista.

Así se ha pronunciado la Sección Tercera de la Sala de Apelaciones de lo Penal de la Audiencia Nacional, en un auto firmado por los magistrados Carlos Fraile, Ana María Rubio y Francisco Javier Vieira, al que ha tenido acceso El Debate, en el que se rechaza el recurso planteado por la defensa de Zapatero contra el atestado de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que investiga su patrimonio, en el marco del caso Plus Ultra.

La resolución judicial, de 18 páginas, considera que las pesquisas practicadas por los investigadores, a instancias de lo acordado por el juez José Luis Calama, no fueron «prospectivas». Muy al contrario, los magistrados entienden que existían «indicios» anteriores a las mismas sobre «la existencia de una organización presuntamente dedicada a la comisión de delitos de tráfico de influencias» a nivel transnacional.

«Esos indicios no tienen por qué referirse necesariamente a varios hechos delictivos. La finalidad de delinquir repetidamente de una organización también puede inferirse a través de la naturaleza y características de la estructura construida, cuando se trata de un entramado lo suficientemente complejo, estable y adecuado que apunta al mantenimiento de la actividad delictiva más allá del único hecho que la investigación haya podido revelar en un momento determinado», ha aclarado la Sala de Apelaciones.

Y, en el caso concreto, al investigarse los pagos de FOCUS al expresidente del Ejecutivo socialista, «no solamente nos encontrábamos ante indicios de una organización para cuya actividad presuntamente delictiva relacionada con la consecución de la ayuda pública Plus Ultra y el enmascaramiento de los rendimientos obtenidos por las gestiones orientadas a tal objetivo contaba con un entramado societario intrincado y preexistente a esos hechos, sino que, como pone de manifiesto el auto de 18 de mayo de 2026, estaba proyectada su expansión a Dubái, con un plan de negocios con empresas de los Emiratos Árabes Unidos y de Latinoamérica como objetivo, cuya previsión de ganancias en los cinco años siguientes era de unos tres millones de dólares».

Sobre esta base, lo que al comienzo de la elaboración del informe cuestionado por Zapatero «pudo presentarse como inocuo a los ojos de la fuerza actuante, se convirtió en un hecho relevante y aparentemente relacionado con los hechos objeto de la investigación, cuando, en las comunicaciones aparecidas en los dispositivos intervenidos en la diligencia de entrada y registro del despacho del Sr. Rodríguez, surgieron los nuevos datos que apuntaban a un posible delito de tráfico de influencias ante las autoridades de Bolivia a favor del grupo peruano Gloria».

«En consecuencia», ha concluido el tribunal supervisor, «tanto si la investigación permite atribuir estos hechos, en caso de que resulten finalmente acreditados, a la organización inicialmente investigada, como si se trata de una actividad particular del Sr. Rodríguez o realizada por él con otra u otras personas ajenas a dicha organización, y sin perjuicio de las consecuencias procesales que de ello pudieran derivarse, las indagaciones realizadas sobre los pagos de FOCUS estaban plenamente amparadas por la apariencia de conexión con los hechos objeto de la causa y en modo alguno pueden tildarse de prospectivas».

Y, todo ello, en respuesta a la solicitud del expresidente para «extraer» de la causa el informe de la Policía Nacional que reveló esas supuestas gestiones, al considerar que se refiere «a hechos ajenos» al caso y «no derivar directamente de la documentación incorporada».

El «liderazgo» de Zapatero en la trama

Sin embargo, tal y como ya admitió el juez Calama, ahora, la Sala de lo Penal señala que el informe de la UDEF de mayo en el que incluyó estas operaciones «deja constancia en su introducción de que en las diligencias previas se investiga una organización criminal presuntamente liderada por Zapatero y dedicada al ejercicio de influencias de carácter ilícito cuyos clientes cuyos pagos pudieran haber sido justificados mediante contratos simulados de asesoría».

«El liderazgo de José Luis Rodríguez Zapatero no se manifiesta de forma formal o pública, sino a través de su capacidad de dirección, coordinación y supervisión, evitando en lo posible la ejecución directa de las gestiones más comprometidas», apunta el tribunal, aludiendo a ese informe.

La Sala de lo Penal remarca que, al investigarse los pagos de Focus, hay «indicios de una organización para cuya actividad presuntamente delictiva relacionada con la consecución de la ayuda pública Plus Ultra y el enmascaramiento de los rendimientos obtenidos por las gestiones orientadas a tal objetivo contaba con un entramado societario intrincado y preexistente a esos hechos».

Y también, que «estaba proyectada su expansión a Dubái, con un plan de negocios con empresas de los Emiratos Árabes Unidos y de Latinoamérica como objetivo, cuya previsión de ganancias en los cinco años siguientes era de unos tres millones de dólares».

La UDEF cumplió con «su deber»

En este sentido, los magistrados defienden que los funcionarios que realizan el registro «cumplirán con su deber de proceder al copiado de su contenido, correspondiendo determinar posteriormente de forma más depurada cuáles son o no necesarios para la investigación».

El expresidente alegó que el informe policial hace un análisis exhaustivo de los movimientos de sus cuentas bancarias, que no había resolución judicial que autorizara a acceder a las cuentas o a recabar informes de inteligencia financiera sobre ellas, y que la gran mayoría de los movimientos, como los de Focus, son ajenos a Plus Ultra.

También criticó lo que considera una «patente de corso» por parte de los investigadores para que la instrucción «se dirija a cualquier actuación personal o profesional de la vida del investigado».

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