Los grandes fracasos del sanchismo: inmigración, ETA, feminismo, vivienda y corrupción

El 1 de junio de 2018, Pedro Sánchez llegó a La Moncloa tras una moción de censura contra Mariano Rajoy que presentó como una respuesta a la corrupción y una oportunidad para regenerar la vida política española. Ocho años después, el presidente sigue reivindicando aquella etapa como una transformación profunda del país, con avances en derechos sociales, igualdad y convivencia. Sin embargo, algunos de los principales hitos que el Gobierno ha incorporado a su balance ofrecen una realidad más compleja.

Empezando por el tema de la inmigración, el Gobierno ha defendido desde su llegada al poder un modelo migratorio basado en la cooperación con los países de origen y tránsito, la acogida y la integración. La caída de las llegadas a Canarias durante 2025, cuando entraron irregularmente en España 36.775 personas, un 42,6 % menos que el año anterior, sirvió a Moncloa para reivindicar los resultados de esa estrategia. Sin embargo, todos los datos saltaron por los aires con la invasión que sufrió Ceuta el pasado mes de julio.

En un informe remitido a la jueza María Tardón, la Guardia Civil estima que 88.146 personas podrían haber regresado a Marruecos desde el inicio del episodio, cifra a la que añade 862 rescates en aguas españolas y 90 fallecidos. El dato de retornos supera las estimaciones de entradas que ofreció el Gobierno, que llegó a hablar de unas 72.000 personas.

Los presos de ETA: traslados y progresiones de grado

El final de la dispersión de los presos de ETA ha sido uno de los principales cambios de la política penitenciaria desde la llegada de Sánchez. Una respuesta del Gobierno al Senado cifra en 209 los traslados a cárceles del País Vasco y Navarra entre 2018 y marzo de 2026, mientras que, desde que el Ejecutivo vasco asumió las competencias penitenciarias en octubre de 2021, ha concedido 129 terceros grados a presos de la banda y 54 aplicaciones del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

Entre los beneficiados figuran antiguos dirigentes como Garikoitz Aspiazu, Txeroki, Soledad Iparragirre, Anboto, y Henri Parot. Este último recibió el tercer grado en septiembre de 2026, una decisión recurrida por la Fiscalía. En el caso de Anboto, la Audiencia Nacional revocó inicialmente la aplicación del artículo 100.2, aunque el Gobierno vasco volvió a concedérsela en septiembre y la Fiscalía ha recurrido de nuevo.

El Ejecutivo ha defendido que las decisiones responden a criterios legales y penitenciarios, y ha negado que exista un intercambio con EH Bildu por sus apoyos parlamentarios. Sin embargo, las palabras de Arnaldo Otegi en octubre de 2021, cuando reconoció que la situación de los presos condicionaba la relación de su partido con el Gobierno, alimentaron la sospecha.

La ley del solo sí es sí

El feminismo ha sido otra de las grandes banderas del Ejecutivo, que presentó la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual como un cambio de paradigma al situar el consentimiento en el centro de la legislación. Sin embargo, la norma provocó una consecuencia que sus promotores no habían previsto, que es la revisión de condenas firmes por la aplicación de unas nuevas horquillas penales más favorables para algunos condenados.

El Consejo General del Poder Judicial contabilizó, con datos hasta julio de 2023, 1.155 reducciones de condena y 117 excarcelaciones. La dimensión del problema obligó al PSOE a pactar una reforma con el PP, frente a la oposición de Unidas Podemos, apenas unos meses después de la entrada en vigor de la ley. La modificación elevó algunas penas en determinados supuestos, pero no pudo revertir las rebajas ya aplicadas.

La vivienda y las dificultades para emanciparse

La Ley estatal por el derecho a la vivienda de 2023 fue presentada como una herramienta para contener los alquileres y facilitar el acceso a una vivienda asequible. No obstante, los indicadores de emancipación juvenil siguen reflejando la dificultad de cumplir ese objetivo. El Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud situó la tasa de emancipación en el 14,5 % en 2025, su mínimo histórico, y calculó que la edad media para abandonar el hogar familiar alcanzaba los 30,2 años. El alquiler medio, de 1.176 euros mensuales, equivalía al 98,7 % del salario medio de una persona joven.

Un estudio de FEDEA sobre su aplicación en Cataluña observó una moderación de las rentas, pero también una reducción de la oferta de anuncios de alquiler y una mayor competencia por las viviendas disponibles. El propio Gobierno reconoció en octubre de 2026 las dificultades de acceso y la insuficiencia de la oferta pública y protegida.

Los casos de corrupción

La corrupción fue el argumento que llevó a Sánchez al poder en 2018. Ocho años después, varios procedimientos judiciales afectan a antiguos responsables socialistas y personas de su entorno. El caso de las mascarillas terminó con la condena del exministro José Luis Ábalos, a 24 años y tres meses de prisión, y de su antiguo asesor Koldo García, a 19 años y ocho meses, por delitos relacionados con las comisiones en contratos de material sanitario durante la pandemia.

La investigación sobre presuntos amaños de obra pública salpica también a Santos Cerdán, antiguo secretario de Organización del PSOE y hombre de confianza de Sánchez, que continúa investigado tras dimitir en junio de 2025. En el ámbito familiar, David Sánchez, hermano del presidente, fue condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa en su contratación en la Diputación de Badajoz, aunque la sentencia no es firme. Por su parte, Begoña Gómez, esposa del jefe del Ejecutivo, se enfrenta a un juicio por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación.