Los presos de ETA en la era Sánchez: traslados, terceros grados y beneficios para históricos como Txeroki y Anboto

«Tenemos 200 presos en la cárcel y, si para sacarlos hay que votar a favor de los Presupuestos, los votaremos». Arnaldo Otegi pronunció estas palabras el 18 de octubre de 2021 ante un grupo de militantes de EH Bildu en Eibar, apenas unas horas después de que la izquierda abertzale trasladara públicamente su pesar a las víctimas de ETA por el daño causado por la banda terrorista. El líder de la formación no dejó lugar a dudas sobre la importancia que concedía a la situación de los reclusos en las negociaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez: «Si no tuviéramos 200 presos dentro, no actuaríamos del mismo modo con este Gobierno», reconoció ante los suyos.

La declaración llegó en un momento en el que Bildu se había convertido en uno de los socios parlamentarios fundamentales del Ejecutivo de coalición, tras respaldar los Presupuestos Generales del Estado de 2021 y 2022, mientras el Gobierno avanzaba en el acercamiento de los presos de ETA a cárceles del País Vasco y Navarra. El propio Sánchez negó entonces que existiera un intercambio entre el apoyo parlamentario de Bildu y la política penitenciaria, y defendió que las decisiones se adoptaban conforme a la legalidad, pero lo cierto es que, desde su llegada a La Moncloa en junio de 2018, la situación de los presos de la banda ha experimentado una transformación profunda, tanto por los traslados como por las progresiones de grado y las medidas que han permitido a algunos de los antiguos dirigentes abandonar la prisión durante parte de la semana.

Durante los gobiernos anteriores, los presos de ETA permanecían repartidos por cárceles de distintos puntos de España, una política que buscaba dificultar la cohesión interna de la organización y que también respondía a las demandas de las víctimas y de los colectivos contrarios a la banda. Con el PSOE en el Gobierno, Instituciones Penitenciarias comenzó a trasladarlos de manera generalizada a centros más próximos al País Vasco. Una respuesta del Ejecutivo al Senado cifra en 209 los traslados realizados entre 2018 y marzo de 2026, aunque advierte de que no se trata necesariamente de 209 presos diferentes, ya que un mismo interno pudo ser trasladado en más de una ocasión. El mayor número se concentró en 2021 y 2022, con 78 y 84 movimientos, respectivamente.

El segundo hito llegó el 1 de octubre de 2021, cuando se hizo efectivo el traspaso al Gobierno vasco de la competencia sobre la gestión de las prisiones. Desde entonces, las decisiones sobre la clasificación penitenciaria de los internos en los centros de la comunidad autónoma dejaron de depender de Instituciones Penitenciarias, bajo el Ministerio del Interior, y pasaron al Departamento de Justicia del Ejecutivo autonómico.

Desde que asumió la competencia, el Ejecutivo autonómico ha concedido 129 terceros grados a presos de ETA, de los que 36 han sido recurridos por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, según los datos facilitados por el Departamento de Justicia. También ha autorizado 54 aplicaciones del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, de las que cuatro han sido revocadas por la Justicia. Cabe diferenciar que, mientras el tercer grado permite un régimen abierto, con una estancia en prisión más limitada, el artículo 100.2 flexibiliza el cumplimiento de la condena a internos que continúan clasificados en segundo grado y puede permitirles salir durante el día para desarrollar actividades fuera del centro, con la obligación de regresar para dormir.

En la etapa de la socialista María Jesús San José al frente de ese Departamento de Justicia, desde que asumió el cargo en junio de 2024, se han concedido decenas de progresiones al tercer grado y medidas de flexibilización a presos de ETA. En marzo de 2026, este periódico había contabilizado 34 terceros grados concedidos desde su llegada, además de al menos 13 aplicaciones del artículo 100.2. Entre los nombres más conocidos que han recibido beneficios durante su mandato figuran antiguos dirigentes de la banda como Garikoitz Aspiazu, alias Txeroki, y Soledad Iparragirre, Anboto.

El caso de Txeroki, antiguo jefe militar de ETA, fue uno de los más destacados de los últimos meses, y es que el Gobierno vasco le aplicó en febrero de 2026 el artículo 100.2, una medida que le permite salir de la prisión de Martutene durante el día entre semana, aunque debe regresar para dormir y permanecer en el centro durante los fines de semana. La Fiscalía de la Audiencia Nacional consideró procedente la aplicación de este régimen, aunque reclamó que el etarra pidiera perdón a las víctimas de los atentados cometidos en Francia. Aspiazu fue uno de los máximos responsables del aparato militar de ETA y fue condenado por su participación en numerosos atentados.

También ha recibido esta medida Anboto, una de las principales dirigentes de ETA y responsable de su aparato militar durante años. Soledad Iparragirre fue condenada por su participación en numerosos asesinatos, entre ellos los de varios miembros de las Fuerzas de Seguridad. El Gobierno vasco le concedió el artículo 100.2 en marzo de 2026, pero la Audiencia Nacional revocó la decisión en abril y ordenó que regresara al régimen ordinario de segundo grado. El Ejecutivo autonómico volvió a concederle la medida el 2 de septiembre, al considerar que había experimentado una evolución favorable en prisión, que estaba próxima a cumplir las tres cuartas partes del máximo efectivo de condena y que abonaba las responsabilidades civiles impuestas. La Fiscalía ha recurrido de nuevo la decisión.

Otro de los nombres relevantes es Henri Parot, condenado por 39 asesinatos y uno de los terroristas más sanguinarios de la historia de ETA. El Gobierno vasco le había aplicado en julio de 2025 el artículo 100.2, que le permitía salir de prisión de lunes a viernes y regresar para pernoctar. En septiembre de 2026, el departamento dirigido por San José dio un paso más y le concedió el tercer grado, al considerar que había mostrado una evolución favorable, había hecho un buen uso de los permisos y había reconocido por escrito el daño causado. La Fiscalía se ha opuesto a esta progresión al considerar prematuro el paso al régimen abierto, entre otros motivos por el escaso tiempo transcurrido desde la anterior flexibilización y la gravedad de los delitos por los que fue condenado.

Quince años después de que ETA anunciara el cese definitivo de su actividad terrorista, la población penitenciaria de la banda se ha reducido de forma considerable. Según los datos publicados por EFE el pasado 20 de octubre, quedan alrededor de 110 condenados por terrorismo de ETA cumpliendo penas, más de la mitad en situación de semilibertad. De los 94 integrados en el colectivo de presos EPPK, 43 se encuentran en tercer grado y otros 25 disfrutan de la flexibilización del artículo 100.2, según los datos de Etxerat.