Los delegados del Gobierno ordenan a la Policía esconder a los antidisturbios y evitar las detenciones para que no haya imágenes de violencia

Los delegados del Gobierno han trasladado a los jefes de la Policía Nacional la orden de intentar mantener a los antidisturbios fuera de la vista durante la huelga general del 11-N, de hacer todo lo posible para no disolver los cortes de tráfico ni los piquetes y de evitar las detenciones en plena marcha, dejándolas para los días posteriores, con el objetivo de que no se registre una sola imagen de intervención policial violenta. La consigna antepone la «paz social» y la imagen pública al restablecimiento inmediato del orden. Tal y como ha podido saber El Debate, la instrucción se ha dado ante una jornada convocada por el Sindicato de Inquilinas, CCOO, UGT, CGT, CNT y otras organizaciones, con piquetes desde la noche anterior en mercados centrales, cocheras y fábricas.

Este periódico ha podido confirmar la existencia de esas órdenes con al menos tres jefes de la Policía Nacional, que las han recibido por la cadena de mando y que las describen de forma coincidente. Entre las directrices hay tres órdenes. Los mandos las reciben como una consigna de actuación, no como una prohibición absoluta, y la propia directriz recoge una excepción, el riesgo vital inminente.

La primera es el llamado «perfil bajo de presencia». Las Unidades de Intervención Policial (UIP), los antidisturbios, deben permanecer dentro de los furgones o estacionadas en calles adyacentes, fuera de la vista directa de los medios de comunicación y de las cabeceras de manifestación. En primera línea se despliegan agentes de seguridad ciudadana convencional, sin cascos ni protecciones visibles, para proyectar una imagen de patrullaje habitual y no de estado de excepción o de crispación.

La segunda es la tolerancia ante la interrupción del espacio público. Se ordena a los mandos operativos intentar no disolver por la fuerza cortes de tráfico, sentadas, ocupaciones simbólicas ni acciones de piquetes. La instrucción es acordonar a distancia, desviar el tráfico de forma preventiva y dejar que la protesta se agote por sí sola, anteponiendo la «paz social» y la imagen pública al restablecimiento inmediato de la circulación.

La tercera es el protocolo de «cero fricción». Los agentes tienen la orden de hacer todo lo posible por no practicar detenciones en el acto dentro de la masa, salvo riesgo vital inminente, porque entrar a detener en mitad de una marcha genera forcejeos y cargas de apoyo que captan las cámaras. No significa que no haya detenciones, sino que se aplazan. Las Unidades de Información graban todo lo que ocurre, se identifica después a quienes participan en los incidentes y las identificaciones, las sanciones administrativas y las detenciones se practican en los días siguientes, ya sin cámaras ni multitud alrededor.

El dispositivo en Madrid combina esas consignas con un despliegue amplio impulsado por el Ayuntamiento, que prevé hasta 2.700 policías municipales en servicio desde la noche del martes hasta la noche del miércoles, repartidos en tres turnos, con las 22 comisarías integrales de distrito y las unidades de seguridad ciudadana, operativa nocturna y seguridad vial. Los piquetes se han concentrado en Mercamadrid, en las cocheras de la EMT de Carabanchel y Fuencarral y en localidades del sur.

En otras plazas el esquema es parecido. En Sevilla, más de 200 personas formaron un piquete desde las 23:30 horas en Mercasevilla, donde un fuerte despliegue policial garantizaba el acceso de los trabajadores. En Cataluña, donde la seguridad depende de los Mossos d’Esquadra y no de las delegaciones del Gobierno, la policía autonómica activó más de 9.000 agentes, un 50% más que en una jornada ordinaria, y 1.500 en Barcelona, con alerta máxima desde las 22:00 horas del martes.

Los delegados del Gobierno han trasladado estos criterios políticos al jefe superior de Policía de la comunidad o al comisario provincial en reuniones de coordinación que se han producido este martes. El jefe superior los traduce en directrices técnicas para el comisario de Seguridad Ciudadana y los jefes de los dispositivos, y estos los comunican a los jefes de grupo de las UIP, que diseñan la táctica. Los delegados son nombrados por real decreto del Consejo de Ministros a propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que dependen orgánicamente. En seguridad ciudadana ejercen la jefatura de las fuerzas del Estado en su territorio bajo la dependencia funcional del Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska. Las delegaciones están adscritas al Ministerio de Política Territorial, que dirige Ángel Víctor Torres.

Los delegados llevan semanas en el centro del Gobierno. El de Madrid, Francisco Martín, dimitió el 25 de octubre tras quedar fuera de las listas del PSOE, y el Gobierno designó después a Pilar Trinidad en su lugar. En Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, dimitió el 28 de septiembre tras ocultar el aviso del CNI sobre la entrada masiva de inmigrantes por la frontera. Su jefe de Gabinete, Gonzalo Sanz, dijo haberle trasladado ese aviso y también dimitió, mientras que Pérez Triano sostiene que no lo vio y que alertó al ministerio semanas antes del pico migratorio.