El exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, durante su declaración en el Tribunal Supremo
En el 'caso mascarillas'
Koldo pide al TC que cancele su condena porque se apoyó en la «declaración incriminatoria» de Aldama, sin otros «datos externos»
El que fuera asesor del ministro de Transportes, también declarado culpable, considera que la causa del Supremo, en la que se le impusieron 19 años de prisión, vulneró su derecho a la igualdad, a la tutela judicial efectiva, al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia letrada, a un proceso con todas las garantías, a la prueba, a la presunción de inocencia y a la legalidad penal, sancionadora y punitiva
Unas horas antes de presentar su renuncia, notificada este mismo martes a la Audiencia Nacional, donde Koldo García Izaguirre sigue imputado en otras causas penales, la abogada Leticia de la Hoz entregó el recurso de amparo por el que su ya ex cliente pide al Constitucional que anule la condena de 19 años de cárcel que le impuso el Supremo, al término del juicio del denominado 'caso mascarillas'. El que fuera asesor ministerial del socialista José Luis Ábalos, durante su etapa en Transportes, fue sentenciado a 24 años de prisión y se queja a la Corte de Garantías de que la resolución de la Sala Segunda del Alto Tribunal, en el delito del cohecho, «descansó en la declaración del coacusado», Víctor de Aldama, sin más elementos «externos» que acreditasen su culpabilidad.
Así las cosas, en el documento tipo de 18 páginas registrado por la ex letrada de Koldo, y al que ha tenido acceso El Debate, en primicia, se destaca cómo el fallo del Supremo reconoce apoyarse «sólo la declaración incriminatoria de un coautor», el considerado comisionista de la trama, que posibilitó, primero, «la investigación y, ahora, la condena».
Y, sin embargo, «esa declaración exige una corroboración externa referida a la participación del acusado, de naturaleza objetiva y que la credibilidad del declarante no suple», recoge la impugnación. Es decir, en opinión de Koldo, su castigo «razona sobre la credibilidad» de Aldama, «en lugar de constatar datos externos».
«Sobre las cantidades principales» su defensa admite que «no existe corroboración alguna» distinta de las acusaciones vertidas por el empresario y esa carencia, el TS «la suple con una hoja de cálculo del propio coacusado, cuyo sentido depende de su explicación» lo que, en ningún modo puede entenderse como «un dato externo», que exige la doctrina consolidada del Constitucional (TC) pero, también, de la propia Sala del Supremo que entiende que la «declaración de un coimputado no se corrobora suficientemente con la de otro y, menos aún, con un documento del propio declarante».
Y, todo ello, mientras a cambio de dichas pruebas Aldama «obtuvo dos grados de rebaja y la suspensión de la pena» de cuatro años de prisión que le impuso el Supremo por su colaboración con la Justicia, tal y como reconocieron tanto las acusaciones populares personadas en la causa, como la Fiscalía Anticorrupción, durante sus conclusiones finales.
«La sentencia no ponderó esa ventaja, que impone un escrutinio reforzado», dice Koldo en su recurso, ni «tampoco sometió a control los términos en que el coacusado obtuvo el beneficio».
«La Sala denegó además el careo, el informe patrimonial de la UDEF», la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional y la «pericial económica», como pidió la defensa del ex asesor ministerial de Ábalos, que estaban «dirigidos a contrastar esa única fuente» acusatoria que fue el empresario Aldama.
