Pedro Sánchez y Carlos Cuerpo en el Congreso de los Diputados
Investigación
Cuerpo tiene una lista de nueve cargos de Puente que baraja cesar para que no salpiquen al Gobierno si el juez los imputa
El vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía y Transportes, Carlos Cuerpo, tiene en su poder un listado de nueve altos cargos nombrados por Óscar Puente que podrían ser llamados a declarar por el accidente de Urda y por la causa de los presuntos amaños de contratos que investiga la Audiencia Nacional. Tal y como ha podido saber El Debate, el documento se lo entregaron funcionarios del Ministerio de Transportes después de que el propio ministro preguntara quiénes podrían ser citados, como testigos o como investigados. Cuerpo baraja apartarlos antes de que lo haga un juez para que una eventual imputación no alcance al Gobierno.
Pedro Sánchez nombró a Cuerpo el 4 de noviembre justo después de que dimitiera Puente. Nada más llegar al ministerio, mantuvo una reunión con una persona del servicio jurídico, que fue quien le entregó el listado. Desde entonces ha retirado la confianza al presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, y ha cesado a la jefa de gabinete de Puente, Encarna Sandonis. Según los datos a los que ha tenido acceso este periódico, el desmontaje del equipo del exministro no ha terminado.
El listado divide los nombres en dos causas. La primera es la del accidente ferroviario de Urda en el que murieron 69 personas. La investigación se centra en la orden que la Sala de Control de Adif en Atocha dio para reanudar la circulación con el sistema de seguridad LZB, cuando el procedimiento exigía marcha a la vista limitada a 40 kilómetros por hora. El documento analiza los mantenimientos preventivos, los protocolos de inspección, la señalización y la normativa de seguridad, y recoge cuatro cargos nombrados por Puente.
El primero es José Antonio Santano Clavijo, secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible. Es el número dos del ministerio y supervisa el presupuesto de conservación de las líneas de alta velocidad. Podría ser llamado para justificar las partidas ejecutadas en el mantenimiento de la vía, la vigilancia administrativa sobre Adif y las alertas sobre el estado de la infraestructura previas al accidente. El segundo es Álvaro Fernández Heredia, presidente de Renfe, que, según el listado, Puente promovió a la presidencia tras pasar por la Secretaría General de Movilidad Sostenible. Podría ser requerido por el estado de conservación del material rodante implicado, por los protocolos de formación y descanso de los maquinistas, por el volcado de datos de las cajas negras del tren y por la respuesta de la operadora ante la emergencia. Fue cesado la semana pasada.
El tercero es Carlos María Juárez Colera, director general del Sector Ferroviario, nombrado en diciembre de 2023. Es el responsable de la política regulatoria y de la inspección ferroviaria. El documento sostiene que podría tener que aclarar si los tramos de vía cumplían las especificaciones homologadas, si se atendieron los partes técnicos de desgaste de la catenaria y la vía y cómo afectó el cambio de criterios técnicos de la Dirección Ferroviaria durante su gestión.
También figura Ángel García de la Bandera, director general de Operaciones y Explotación de Adif. El listado lo sitúa como cargo confirmado o mantenido dentro del organigrama de Adif tras la remodelación ejecutada por el ministerio. Su puesto está a cargo del Centro de Control de Tráfico Centralizado, el puesto de mando, y podría ser llamado para explicar las señales emitidas por la vía antes del impacto, los protocolos de frenado automático y las instrucciones operativas dadas a la circulación en esa franja horaria.
La segunda causa es la de la Audiencia Nacional. El juez Ismael Moreno investiga 11 adjudicaciones de obra pública del Ministerio de Transportes por 537,2 millones de euros repartidas entre Adif y la Dirección General de Carreteras. Indaga posibles amaños en licitaciones, el cobro de comisiones en adjudicaciones y los sobrecostes. Las actuaciones recientes han acercado el caso a la estructura actual. La Guardia Civil ha practicado registros en Adif y ha acudido a la sede de la empresa Azvi, y la Fiscalía Europea ha señalado un posible fraude con fondos europeos en el contrato de sustitución del LZB por el sistema ERTMS. El listado recoge cinco cargos nombrados por Puente.
El primero es Guillermo Llopis Serrano, director general de Carreteras, nombrado a principios de 2024. Como la causa afecta también a contratos de su dirección general, podría ser requerido para entregar los expedientes bajo sospecha, explicar las valoraciones subjetivas en las licitaciones y acreditar la imparcialidad de las mesas de contratación. El segundo es Manuel Martínez Cepeda, director general Corporativo Financiero, de Compras y Sistemas de Adif, que según el documento forma parte de la cúpula reorganizada durante el mandato de Puente. Encabeza el departamento que tramita los pliegos económicos, las adjudicaciones y los pagos a contratas. Podría tener que explicar las valoraciones económicas de las ofertas, las bajas desproporcionadas y la justificación de modificaciones presupuestarias o sobrecostes en las obras investigadas.
También aparece Concepción Casillas Martín, directora general Corporativa de Gestión de Personas, Estrategia y Seguridad de Adif, integrada en la actual estructura directiva. Es responsable del cumplimiento normativo y de los canales éticos. Podría ser llamada para aclarar si hubo denuncias internas sobre presuntas comisiones o amaños de valoraciones y qué medidas de control se adoptaron. La cuarta es Elena González Gómez, directora general de Viajeros y Desarrollo de Negocio de Adif, promovida con la reorganización de la cúpula. Podría declarar sobre los informes técnicos y de oportunidad de las encomiendas de gestión y de las licitaciones de áreas comerciales y operativas vinculadas a expedientes que investiga la UCO.
Por último, Belén Villar Sánchez, directora general de Organización e Inspección, nombrada durante la reorganización del departamento. Como máxima responsable de la Inspección General de Servicios, podrían pedirle explicaciones sobre las auditorías internas de la tramitación de expedientes de contratación en Adif y los controles para evitar el fraccionamiento de contratos o el favoritismo en las plicas.
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