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Trabajadoras de la JEC durante el recuento del voto CERA en Palma de Mallorca en las elecciones generales del 23-JEfe

El mapa mundial del caos del voto exterior que Sánchez dejó sin reformar con el que se votará el 29-N

El Debate revela en exclusiva la radiografía de los graves fallos del voto exterior que provocó que el propio Gobierno pidiera reformarlo y no lo hizo. A ella se añade un nuevo conflicto electoral a las puertas del 29-N

El Gobierno de Pedro Sánchez hizo algo más que descubrir los graves problemas del voto exterior después de suprimir el voto el 30 de septiembre de 2022: elaboró un informe reservado en el que auditaba las elecciones inmediatamente posteriores: las autonómicas de mayo de 2023, las generales de julio de ese año y las europeas de 2024; incorporó las conclusiones de la Junta Electoral Provincial de Madrid, identificó los países con problemas de distribución, elaboró minuciosas tablas de riesgos postales, cuantificó los cientos de miles de electores expuestos a sus consecuencias y calculó el coste de las posibles soluciones. Después propuso reformas urgentes que nunca llegó a culminar, como reveló este periódico.

El documento gubernamental permite reconstruir el mapa mundial de los demoledores problemas detectados tras la supresión del voto rogado, en el que uno de cada tres envíos puede no llegar a destino y en los que el coste del envío se ha disparado de forma desorbitada: de 3,5 millones a 23,9 millones en las generales del 23-J, y a 24,6 millones en las europeas.

Nueve países y 348.073 electores sin información de retorno

El informe identifica más de 755.000 electores residentes en países con riesgos de distribución postal o donde Correos carecía de información suficiente sobre el resultado de las entregas.

El primer grupo está formado por nueve países donde Correos no disponía de información de retorno suficiente para confirmar el resultado de la distribución. Estados Unidos encabeza la relación, con 164.407 electores, seguido de Brasil, con 119.889. También aparecen Australia (21.526), Canadá (16.653), Bolivia (11.084), Noruega (5.778), Israel (5.077), China (3.354) y Palestina (305).

En conjunto, 348.073 electores en los que operador postal no disponía de la trazabilidad necesaria para conocer con precisión el resultado de esas entregas. El informe explica que, en determinados destinos, se utilizaba correo ordinario porque no existía un servicio certificado equivalente. Esa circunstancia impedía aplicar automáticamente algunas de las alternativas de mensajería privada estudiadas.

Riesgo alto y medio: otros 434.044 electores

El segundo bloque comprende los países donde Correos identificó dificultades potenciales para distribuir la documentación electoral dentro de los plazos: 67 países clasificados como de riesgo alto, con aproximadamente 93.061 electores, y 33 países como de riesgo medio, con otros 340.983.

Los problemas incluían tiempos de tránsito excesivos, conexiones internacionales indirectas, dificultades de distribución y carencias en las direcciones postales. El Gobierno conocía el alcance territorial de esas dificultades y estudió alternativas.

Para las europeas de 2024, Correos calculó el coste de utilizar servicios especiales en 107.674 envíos dirigidos a destinos con riesgos potenciales. La alternativa EMS suponía 2.190.592,22 euros. Recurrir a FedEx elevaba la estimación a 6.314.849,18 euros. Son los cálculos para comparar posibles soluciones. Solo para Ecuador y Colombia, el estudio contemplaba 86.530 envíos, con un coste estimado de 1,82 millones mediante EMS o 5,03 millones mediante FedEx.

Ecuador: 1,69 millones de euros para entregar apenas el 7,79 % de los envíos

El caso más revelador de las consecuencias económicas y operativas de estas dificultades es Ecuador. En las generales de julio de 2023 se recurrió a mensajería privada para distribuir 29.588 envíos electorales. Únicamente 2.305 llegaron a sus destinatarios. Los otros 27.283, el 92,21 %, no pudieron entregarse porque los datos de dirección eran insuficientes.

Correos explicó que faltaban códigos postales y otros elementos imprescindibles para localizar a los destinatarios. La empresa comunicó el problema a la OCE y a Exteriores, pero no consiguió mejorar suficientemente la información disponible.

La operación costó 1.693.627,20 euros. Dividir esa cantidad entre los 2.305 envíos efectivamente entregados arroja un resultado de 734,76 euros de gasto por envío entregado. El informe recoge además que Correos solicitó autorización a la OCE para destruir la documentación no entregada, con el objetivo de evitar el coste de devolverla.

La conclusión de Correos fue especialmente significativa: desaconsejó repetir el sistema de mensajería privada si antes no mejoraban las direcciones, los códigos postales o los datos de contacto de los electores.

Cuba y Venezuela: cuando el voto presencial sustituye prácticamente al correo

Los resultados de las generales de 2023 permiten comprobar hasta qué punto la utilización del correo variaba entre países:

• En Cuba, los consulados registraron 1.184 sobres depositados presencialmente y ninguno recibido por correo.

• En Venezuela, fueron 8.583 presenciales frente a 248 postales.

• En México, 4.842 frente a 1.063.

• Argentina ofrece un contraste: 18.574 sobres por correo y 7.606 depositados en urna.

Estas cifras reflejan sobres recibidos y no necesariamente votos finalmente escrutados.

El informe constató que, en las generales de 2023, hubo 28 países donde todos los sobres registrados se depositaron presencialmente y en las europeas de 2024 fueron 31. La comparación revela que el peso del voto postal era extraordinariamente desigual y que, en una treintena de países, la participación dependía por completo del depósito presencial.

Casi 24 millones de euros para organizar el voto exterior de 2023

La dimensión económica del problema aparece en las propias cuentas del Gobierno. El informe calcula que las generales de julio de 2023 tuvieron un coste CERA de 23.991.735,29 euros, frente a los 3.465.538,21 euros de las anteriores generales de noviembre de 2019 donde todavía el elector tenía que solicitar al consulado que quería ejercer su derecho a voto.

El cálculo incluye 13,77 millones en envíos de documentación electoral, un presupuesto de Exteriores de 10 millones y 217.303 euros de reembolso de franqueo. El informe avisa que no constituyen una liquidación exhaustiva de todos los gastos. Con los 233.688 votos emitidos que utiliza el informe, el coste unitario calculado ascendió a 102,67 euros por voto.

En las europeas de 2024, el gasto estimado aumentó hasta 24.634.605,26 euros, mientras los votos emitidos descendieron a 114.976. El resultado fue un coste calculado de 214,26 euros por voto. El propio informe reconoce que determinados gastos de la OCE quedaron fuera del cálculo porque no era posible individualizarlos.

Al caos del CERA sumó el caos de los nietos

El 4 de octubre de 2022 entró en vigor la supresión del voto rogado. Una reforma ampliamente respaldada para recuperar la participación de los españoles residentes en el extranjero. Pero solo diecisiete días después entró en vigor la Ley de Memoria Democrática. Nadie podía imaginar entonces que, apenas cuatro días más tarde, Sofía Puente firmaría una instrucción cuya interpretación de los requisitos para adquirir la nacionalidad española ampliaría extraordinariamente el alcance de la norma, sin una nueva votación parlamentaria. El Gobierno cuantificó en dos millones y medio las personas interesadas en obtener la nacionalidad cuya tramitación tardaría años en culminarse..

Dos reformas prácticamente simultáneas: una facilitaba votar desde el extranjero; la otra ampliaba el acceso a la nacionalidad española. El resultado ha sido un nuevo conflicto jurídico y censal. Las medidas cautelares del Tribunal Supremo han sometido a control a 168.896 beneficiarios del anexo I de la ley de nietos. Descontados los 901 que han acreditado el exilio, 167.995 quedan potencialmente afectados por la suspensión, mientras que hasta 189.678 hijos acogidos al anexo III permanecen fuera de su aplicación automática.

A las deficiencias del voto exterior documentadas por el propio Gobierno se añade así la controversia sobre quiénes pueden ejercer ese derecho. Es el mapa mundial del voto CERA con el que España llegará a las urnas el próximo 29-N, sin que Sánchez informara jamás sobre por qué no culminó la reforma normativa reclamada tras la auditoría gubernamental que guardó en un cajón.