El Gobierno detectó siete grietas en el voto exterior y Sánchez llega al 29-N sin cerrar una sola

El Ejecutivo sabía desde hace más de un año que el voto exterior hacía aguas. Lo sabía Interior, lo sabía Exteriores, lo sabía la Oficina del Censo Electoral y lo sabía la Junta Electoral Central. El informe está firmado por la directora general de Política Interior, Carmen López García, el 30 de septiembre de 2025. El departamento de Fernando Grande-Marlaska lo elaboró junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Oficina del Censo Electoral y después lo remitió a la Junta Electoral Central.

Su título es «Informe CERA. Elecciones Generales 2023 y Elecciones al Parlamento Europeo 2024». Con datos internos de la propia Administración, documenta siete fallos estructurales y califica literalmente el procedimiento de voto exterior como «difícil de gestionar» e «ineficiente».

El documento es la evaluación interna que hizo el propio Gobierno del nuevo sistema de voto CERA implantado tras la supresión del voto rogado por la Ley Orgánica 12/2022, en vigor desde el 4 de octubre de 2022. Interior lo elaboró después de las dos primeras elecciones de ámbito estatal celebradas con ese procedimiento: las generales del 23 de julio de 2023 y las europeas del 9 de junio de 2024. Tras esas dos experiencias, la Administración detectó las siete grietas, propuso reformas urgentes y pidió aplicarlas «lo antes posible». Pero el Ejecutivo no corrigió ninguna. El mismo sistema volvió a utilizarse, sin esos cambios, en las cuatro elecciones autonómicas celebradas posteriormente.

1. 434.044 electores en cien países donde el voto podía no llegar

En julio de 2023, 434.044 electores, el 18,64 % de todo el Censo Electoral de Residentes Ausentes, el CERA, vivían en cien países donde la documentación electoral corría riesgo de no llegar: 67 de riesgo alto y 33 de riesgo medio. Los datos proceden de Correos. Su conclusión, incorporada al informe, es inequívoca: la calidad de las direcciones influye de manera significativa en que la entrega resulte efectiva.

2. Nueve países sin saber si la documentación llegó

En nueve países, Correos ni siquiera recibe información sobre si la documentación electoral llegó finalmente a su destino. En ellos viven 348.073 electores españoles, la mayoría en Estados Unidos y Brasil.

3. Uno de cada cinco sobres volvió sin entregar

En las elecciones europeas de junio de 2024 volvieron sin entregar 475.649 envíos de documentación electoral: aproximadamente uno de cada cinco. De ellos, 12.567 regresaron con la anotación «fallecido».

Ecuador resume la magnitud del desastre. La empresa distribuidora contratada solo logró entregar el 7,79 % de los 29.588 envíos. El 92,21 % restante no llegó por la insuficiencia de los datos disponibles: faltaban códigos postales, números de vivienda o incluso la localidad. El coste de aquel intento fallido ascendió a 1.693.627 euros.

4. Un censo sin teléfono ni correo electrónico

Cuando un envío fracasa, la Administración tampoco dispone de una vía alternativa para localizar al elector. El informe reconoce que ni el número de teléfono ni la dirección de correo electrónico del destinatario figuran entre los campos del censo. Si la carta no llega, no existe un canal directo para advertir al ciudadano o intentar una segunda gestión.

5. Reembolsar 6,44 euros cuesta 33,60

Los electores que votan por correo desde países donde no existe un apartado postal gratuito tienen que adelantar el franqueo y después solicitar su devolución. En las generales de 2023 tenían derecho a ese reembolso 89.032 electores. Solo lo cobraron 6.046, el 6,79 %. La Administración gastó 33,60 euros en gestionar la devolución de 6,44 euros a cada elector.

6. Cada voto exterior costó hasta 214 euros

El coste del sistema siguió aumentando al mismo tiempo que caía la participación. Cada voto emitido desde el extranjero costó 102,67 euros en las generales de julio de 2023 y 214,26 euros en las europeas de 2024. La participación fue, respectivamente, del 10,04 % y del 4,75 %.

7. Nueve días perdidos para fabricar las papeletas

La ley obliga a destinar al censo exterior las primeras papeletas que se imprimen. Sin embargo, los recursos contra las candidaturas pueden retrasar su fabricación y comprimir todavía más los plazos de envío. En las generales de 2023 hubo recursos en diez provincias, seis de ellos ante el Tribunal Constitucional. La impresión de las papeletas se retrasó hasta nueve días.

Las reformas que pidió aplicar «lo antes posible» y nunca presentó

El informe no se limita a describir el problema. Propone suspender los envíos a quienes no hayan podido ser localizados en tres procesos electorales consecutivos, dejar de remitir de oficio las papeletas, permitir que el elector renuncie a recibir la documentación y sustituir por un procedimiento digital el ineficiente reembolso del franqueo. El Gobierno pidió a la Junta Electoral Central su criterio para poner esas medidas en marcha «lo antes posible». La Junta respondió el 20 de noviembre de 2025. Admitió que el informe venía a «reforzar considerablemente» su opinión sobre la complejidad del procedimiento, pero reprochó al Ejecutivo que le hubiera pedido parecer sobre «propuestas sin desarrollar completamente».

La Junta le devolvió así la pelota al Gobierno: no bastaba con esbozar ideas. Debía redactar una reforma completa, jurídicamente articulada y suficientemente desarrollada. Nunca lo hizo. Y no era la primera advertencia. El propio informe recuerda que Interior, Exteriores y la Oficina del Censo Electoral ya habían señalado estos problemas en 2022, durante la tramitación de la reforma que suprimió el voto rogado. Propusieron alternativas. Tampoco fueron atendidas.

Cuatro años después, las elecciones generales del 29 de noviembre se celebrarán con el mismo procedimiento. La Oficina del Censo Electoral ha iniciado ya la primera remisión de oficio de documentación al CERA, prevista entre el 24 y el 30 de octubre.

Sobre este sistema averiado, la ley de nietos

El informe estudió las graves deficiencias observadas en las generales de 2023 y en las europeas de 2024. Lo que no podía anticipar era la dimensión del fenómeno que el propio Gobierno estaba acelerando en paralelo: el mayor proceso de nacionalización masiva de la historia reciente de España al amparo de la Ley de Memoria Democrática.

La suspensión cautelar acordada por el Tribunal Supremo sobre los efectos electorales de los nacionalizados por la falsa ley de nietos, unida a la falta de datos aportados por el Gobierno para determinar con precisión quiénes son todos los afectados, mantiene abierta una pregunta elemental: quién podrá votar finalmente el 29 de noviembre.

El PSOE ganó el voto exterior en las cuatro autonómicas que el PP ganó dentro

Mientras el informe dormía en los archivos y sus siete grietas seguían abiertas, el PSOE ganó el voto exterior en las cuatro elecciones autonómicas celebradas desde diciembre de 2025. El PP había vencido con amplitud en el voto emitido dentro de España. En Extremadura, el PSOE obtuvo 629 votos exteriores frente a 482 del PP. En Zaragoza, 1.049 frente a 796. En Castilla y León, 4.303 frente a 3.281. Y en Andalucía, 6.703 frente a 6.307, cuando en 2022 el voto exterior había sido para el PP.

La otra falla: identificación digital sin verificación

A las disfunciones estructurales del CERA se añadió otra decisión del mismo Ministerio del Interior: permitir la identificación digital del votante sin exigir la lectura del código QR que autentica el documento. Desde las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo de 2023 hasta las andaluzas de 2026 se celebraron en España nueve procesos electorales. En todos ellos se pudo votar mostrando el permiso de conducir digital de miDGT sin verificar su QR. Desde las generales de 2023 también pudo utilizarse en el voto por correo.

En las elecciones extremeñas, aragonesas y castellanoleonesas se añadió el DNI digital, igualmente sin leer el QR. La Junta Electoral Central había admitido esos sistemas a petición expresa del Ministerio del Interior.

Sin ese código, la mesa electoral no podía comprobar tecnológicamente que el documento mostrado en la pantalla fuera auténtico, estuviera vigente y perteneciera realmente a la persona que lo exhibía.

No hay pruebas de fraude electoral y este periódico no sostiene que lo hubiera. Sí hay pruebas de que el Gobierno conocía las grietas y no las cerró. Quedan tres cuestiones. La primera: por qué Interior abrió la fisura de la identificación digital del votante. La segunda: por qué, si en septiembre de 2025 documentó siete graves deficiencias en el voto exterior y pidió corregirlas «lo antes posible», nunca presentó la reforma necesaria. Y la tercera: por qué incorporó cientos de miles de nuevos electores, mediante una vía cuyos efectos electorales mantiene cautelarmente suspendidos el Tribunal Supremo, a un sistema que su propio informe calificaba de «difícil de gestionar» e «ineficiente».