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El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro SánchezEuropa Press

Sin mayoría suficiente

El PSOE promete en su programa diez reformas de la Constitución, entre ellas blindar el aborto

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó el pasado domingo en un acto en el municipio madrileño de Alcorcón el programa electoral del PSOE para las elecciones generales del 29 de noviembre. Durante el mitin, Sánchez expresó que «el 29-N haremos un referéndum en favor de la buena política frente a la mala educación de la derecha y la ultraderecha».

En este contexto, el PSOE promete en su programa diez reformas de la Constitución, a pesar de que para cambiar la Carta Magna se necesitan, al menos, tres quintos de cada uno de las Cámaras de las Cortes; mayoría que, según las encuestas, es imposible que Sánchez logre.

No obstante, la formación de Sánchez ha decidido titular uno de sus epígrafes «reforzar la Constitución y el ordenamiento jurídico para una nueva generación de derechos». «Los socialistas proponemos avanzar con nuevas reformas acordadas que refuercen el carácter social de la Constitución y amplíen los derechos fundamentales. Por ello, impulsaremos las reformas necesarias para adaptar nuestra Constitución a las demandas de nuestro tiempo», dice el documento.

Las 10 medidas del PSOE que requieren modificar la Constitución

  1. Blindar constitucionalmente el sistema público de pensiones y su revalorización conforme al IPC.
  2. Reformar la Constitución Española para que la vivienda se considere un derecho fundamental.
  3. Blindar constitucionalmente el aborto.
  4. Reconocer constitucionalmente el derecho a la seguridad climática.
  5. La «máxima protección jurídica del matrimonio igualitario».
  6. Garantizar el acceso universal al agua potable, consolidando su calidad, accesibilidad y asequibilidad mediante un mínimo vital para los hogares vulnerables con su blindaje en la Constitución.
  7. Avanzar en la protección de la salud como «derecho fundamental» .
  8. Reformar el Senado para convertirlo en una auténtica Cámara de representación territorial, haciendo coincidir sus circunscripciones con el ámbito autonómico.
  9. Suprimir los aforamientos de los cargos públicos para los delitos ajenos al ejercicio de su cargo.
  10. Crear un escaño ciudadano en el Congreso y en el Senado, sin voto, para que la sociedad civil pueda preguntar al Gobierno y presentar iniciativas y enmiendas, y reducir las firmas necesarias para la iniciativa legislativa popular.

Así las cosas, el PSOE se compromete en su programa a «blindar constitucionalmente el sistema público de pensiones y su revalorización conforme al IPC, garantizando el derecho de las personas mayores a una pensión digna, suficiente y actualizada», y, de la misma forma, a «reconocer constitucionalmente el derecho a la seguridad climática y el acceso al agua potable». Para ambos puntos se necesita una reforma de la Carta Magna. «Garantizar el acceso universal al agua potable, consolidando su calidad, accesibilidad y asequibilidad mediante un mínimo vital para los hogares vulnerables con su blindaje en la Constitución», recalca el escrito.

Igualmente, el documento promete «reformar la Constitución Española para que la vivienda se considere un derecho fundamental, permitiendo así que la ciudadanía pueda exigir su cumplimiento a los poderes públicos». Para ello sería necesario activar el mecanismo del artículo 168 de la Carta Magna, que exige: mayoría de dos tercios de cada Cámara, la disolución inmediata de las Cortes, ratificación del nuevo Parlamento por mayoría también de dos tercios, y referéndum ciudadano que lo avale. Este procedimiento también se aplicaría si quieren llevar a cabo el punto 366 del programa para que la salud sea un derecho fundamental: «Reforzar la garantía constitucional de los derechos sociales, avanzando en la protección efectiva como derechos fundamentales de la salud y la vivienda».

Por su parte, el compromiso 327 del PSOE es «blindar constitucionalmente el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo». Sobre el aborto, el texto asegura que «impulsaremos la reforma del artículo 43 de la Constitución, iniciada en 2026, para reforzar la garantía del derecho al aborto en condiciones de igualdad en todo el territorio frente a los intentos de retroceso».

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro SánchezEFE

En relación con el matrimonio entre homosexuales, el programa de la formación con sede en Ferraz afirma que protegerá «los principales avances en derechos y libertades civiles, garantizando la máxima protección jurídica del matrimonio igualitario». Aunque no lo mencione de forma expresa, la máxima protección jurídica implica su inclusión en la Constitución, que es la ley suprema de España.

Respecto a la Cámara Alta, el partido de Sánchez subraya que reformará «el Senado para convertirlo en una auténtica Cámara de representación territorial, haciendo coincidir sus circunscripciones con el ámbito autonómico». Para ello habría que modificar la Constitución, ya que esta asevera que es la provincia en la que determina la circunscripción del Senado: «En cada provincia se elegirán cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley orgánica».

Los socialistas también se comprometen a «suprimir los aforamientos de los cargos públicos para los delitos ajenos al ejercicio de su cargo». La Carta Magna dictamina en su artículo 71 que, «en las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo», al mismo tiempo que el 102 indica que «la responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo». Por consiguiente, el PSOE debería cambiar ambos preceptos.

Finalmente, el programa promete «crear un escaño ciudadano en el Congreso y en el Senado, sin voto, para que la sociedad civil pueda preguntar al Gobierno y presentar iniciativas y enmiendas, y reducir las firmas necesarias para la iniciativa legislativa popular». Esta medida conllevaría dos reformas constitucionales. Por un lado, es muy probable que fuera necesario reescribir el artículo 68, que apunta que «el Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto». Al mismo tiempo, habría que cambiar el artículo 87.3, que regula que «en todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas» para presentar una iniciativa legislativa popular.